Jornadas de (des)Memorias Democráticas
(…) Me gustaría empezar hablando de la Iniciativa Galega Pola Memoria. La IGM nacía en 2010 en Galiza como respuesta a la decisión del Gobierno del PP de poner fin a las políticas de carácter memorialista que entre 2005 y 2009 llevo a cabo el gobierno bipartito de PSOE y el BNG y para asumir y organizar, desde el marco asociativo y no institucional, el homenaje nacional que se venía tributando desde el año 2006 en la Isla de San Simón a las víctimas de la represión y el genocidio fascista en Galiza y que el PP había decidido suprimir.
La IGM está también comprometida en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes del franquismo y en la lucha contra la impunidad a través de su adhesión a CeAQUA.
(…) Está integrada por más de 50 asociaciones que en la mayor parte de los casos han sabido prolongar la fecunda actividad del asociacionismo parroquial tanto rural como urbano, de larga tradición en la historia de Galicia, para asumir los objetivos y principios del movimiento memorialista a los que la IGM presta constante apoyo siguiendo lo establecido en la Declaración de Vilaboa, hecha pública en 2016.
Antes de detenerme en esa declaración, me parece necesario explicar un poco lo que significó el golpe de estado en Galiza y como se desarrolló la represión y genocidio sistemático que lo siguió.
Un dato clave destaca sobre cualquier otro. Y es que en Galiza no hubo frente de guerra, ni grandes batallas, ni enfrentamientos entre el ejército leal y el sublevado. Si exceptuamos la resistencia inicial habida en las grande ciudades y en otros núcleos urbanos de menor tamaño, sobre todo por parte de partidos, sindicatos y trabajadores en general, se puede afirmar que la oposición armada a la sublevación duró en Galiza poco más de quince días.
(…) A partir de la derrota del pueblo gallego, que en su gran mayoría no apoyó el golpe, y a partir también de la derrota de los sectores obreros y de los partidos del Frente Popular, la furia represora se desató de forma total y sistemática. A ella contribuiría de forma especial la Iglesia Católica quien colaboraría desde el primer momento con los golpistas cediendo numerosos establecimientos religiosos para que funcionasen como cárceles de presos y presas republicanos. Tal fue el caso, entre otros, de los monasterios de Oseira, Oia o Celanova o del Colegio Jesuita de Camposancos, en A Garda, provincia de Pontevedra. Esa colaboración se extendió a numerosos curas de aldea y ciudad que se desempeñarían, entusiásticamente, como denunciantes de opositores y como despiadadas manos ejecutoras de muchas vidas de republicanas y demócratas.
Según el proyecto Nomes e Voces, en tan sólo tres años fueron asesinadas 4.699 personas. Siete de cada diez fueron ejecutados en los llamados paseos franquistas. El resto, fueron asesinados mediante sentencia a muerte. Así, en los primeros días de la guerra fueron asesinados los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de cinco de las principales ciudades gallegas y 26 de las poblaciones más importantes, además del asesinato de numerosos alcaldes de aldeas pequeñas.
Al margen de la represión protagonizada por la Guardia Civil y el Ejército, en las principales localidades gallegas se formaron grupos de ciudadanos, “gentes de orden”, que adquirirían triste fama por la saña con la que perseguían y asesinaban a civiles con el objetivo estudiado de provocar el terror y con ello la neutralización de cualquier atisbo de resistencia.
Se produjo en Galicia pues una intención claramente exterminadora y genocida contra grandes capas de población que no estaba motivada por haberse producido aquí persecuciones o acciones violentas contra curas, grandes propietarios o connotados derechistas…
(…) Me gustaría volver a la ya citada Declaración de Vilaboa del 2016, porque en ella se recoge el proyecto de intervención memorialista que encarna la IGM. En esta declaración y entre otras demandas y exigencias, se reclama de las autoridades y de las distintas instituciones públicas gallegas, sean el gobierno de la Xunta, Ayuntamientos o diputaciones, que aprueben y estimulen políticas públicas de memoria histórica dentro de sus prioridades de administración y gobierno y, en concreto, que la Isla de San Simón vuelva a ser a Illa da Memoria y acoja allí actividades relacionadas con ella. Tambien que, desde las instituciones, se apoye la labor de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, y que se colabore con el proceso judicial abierto en Argentina contra los crímenes del franquismo. Se incide también en la inmediata desaparición de la simbología franquista y de todo tipo de elementos que recuerden la Dictadura y se insta la creación de un mapa con los lugares de la represión, asi como la recuperación del proyecto Nomes e Voces.
(…) El proyecto de Investigación «Nomes e Voces (Nombres y Voces), nació en el año 2006, Ano da Memoria, promovidos y financiado por la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia en la época del gobierno bipartito, siendo Conselleira, Ánxela Bugallo, miembro del BNG.
En el intervinieron las tres universidades gallegas y numerosos expertos en la materia. Se elaboró una base de datos de la represión con 14.978 nombres y se realizaron casi 500 entrevistas, a partir de la revisión de más de 2.500 procesos militares y 300 registros civiles. Se hicieron 22.340 digitalización, de ellas 7.773 fotografías y se elaboró el más completo mapa de lugares de represión franquista de los existentes en el Estado.
Pero la llegada del PP al poder en 2009, arraso con todas las huellas de este trabajo, empezando por la historia de la Isla de San Simón, a la que se le desnudo de su carácter de Illa da Memoria, y antiguo campo de concentración..
(…) Con relación al Pazo de Meirás y su paso a manos públicas, hay que destacar que tiene un extraordinario carácter simbólico como ejemplo de lucha contra la impunidad y que es una muestra palpable del poder de la lucha de la sociedad civil para conseguirlo. Tengo que citar aquí el libro “Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio” del que son autores Carlos Babío Urquidi y Manuel Pérez Lorenzo por ser una obra esencial sobre este asunto.
Son varias las claves que sirven para explicar el proceso de recuperación del Pazo:
1. El memorialismo
Como dice Babió sin el nada existiría hoy. Fue la memoria de quienes sufrieron el expolio de sus tierras y propiedades por parte del franquismo, la que fue dando forma a la devolución de este espacio prácticamente desde la muerte del dictador.
2. La investigación
Frente a la versión oficial fue necesario investigar desde le ámbito familiar y memorialista lo que realmente pasara en Meirás, reconstruir la verdad oculta por la dictadura y dotarse de la documentación necesaria, para demostrar el expolio y el robo. Pero esto no se hizo desde las administraciones públicas, ni siquiera desde el ámbito académico. Se hizo desde el espacio familiar de los afectados y desde el memorialismo y sin ninguna ayuda pública.
3. La divulgación social
Con ella y con la meticulosa investigación como prueba científica, se anuló cualquier argumentación basada en la versión oficial que hablaba de las bondades de la cesión popular o del regalo. Una vez consolidada aquella, comenzó la búsqueda de una estrategia de devolución del Pazo que acabase con la vergonzosa impunidad que este representaba.
Aunque la declaración BIC del edificio fue muy importante (obligaba a los Franco a abrir al público el Pazo) faltaba, una “hoja de ruta” que, según Babío, hiciera posible su devolución. Aunque la demanda social era grande y visible, aún no había quien, desde las instituciones, le diera impulso. Sería en 2017 y ante la intención de la Fundación Francisco Franco de gestionar las visitas para hacer apología del franquismo, cuando se va a crear, desde la diputación de A Coruña una Xunta Pro Devolución del Pazo de Meirás que va a trabajar en la confección de un informe histórico que demostrase el expolio y el robo y también en la elaboración de un informe jurídico que permitiera la recuperación del inmueble en los tribunales de justicia. Junto a esto se va a impulsar un proceso en el que participaran todo el movimiento memorialista gallego y entidades sociales, culturales, vecinales y sindicales.
(…)Todo ello contribuirá a que otras administraciones como el Parlamento de Galiza se sumaran a esta iniciativa, en el sentido de ver la necesidad de la interposición de una demanda civil contra los Franco para recuperar el Pazo. Hay que señalar que los abogados del estado contaron con la documentación manejada por quienes habían trabajado en el relato histórico del expolio, documentación vital para demostrar en sede judicial el carácter público del Pazo.
Sin embargo, la situación actual no invita a la relajación. Todo lo contrario. (…) Si hasta la sentencia del 10 de diciembre de 2020(fecha de devolución del Pazo) todo lo realizado fue un ejemplo a seguir, lo que sucedió a partir de ese momento avisa de lo contrario.
(…) El resumen del escenario actual sería el siguiente:
Como principio general hay que decir que los Franco reclaman absolutamente todo y, en caso de perder algo, piden indemnización.
En concreto:
A.- Sobre el Bien Inmueble (2000 m2 de edificio y 6 Ha de finca)
Los Franco reclaman su propiedad total. En caso de perderla piden ser
indemnizados por los gastos de mantenimiento producidos desde 1975.La
sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña fue
recurrida por los Franco ante la Audiencia Provincial de A Coruña que,
aunque no les dío la razón devolviéndoles la propiedad del inmueble y
finca, sí se la daba en cuanto al derecho a la indemnización. Está
decisión está recurrida ante el Tribunal Supremo por el Estado y por
cuatro administraciones más, la Xunta de Galicia, el concello de Sada y
el concello y la diputación de A Coruña.
B.– Sobre los bienes muebles:
Los Franco reclaman la propiedad de todos y cada uno de estos bienes,
ya que interpretan que no están afectados por las sentencia. Esto está
pendiente de una vista que se celebrará los días 13 e 14 de Enero del
2022.
(…) Lo deseable sería que todos los bienes muebles del Pazo, cuantificados por el Concello de Sada en más de 700, pasasen a ser propiedad de este municipio por ser en el donde se ubica. Por otra parte, la IGM y todo el movimiento memorialista gallego reclaman que el Pazo no sea un espacio para fomentar el pardobazanismo, aun siendo este muy respetable, sino que sirva como lugar de memoria y de lucha contra la impunidad de la dictadura. Conviene hacer notar que- según Babío – en los 500 folios de la sentencia se concreta, una causa general contra el franqusimo y la dictadura, algo insólito y nunca antes visto en un tribunal de Justicia.
(…) Me hubiese gustado haberle dedicado un tiempo a hablar de la lucha llevada a cabo en Vigo para derribar la Cruz del Monte do Castro, una cruz fascista inaugurada por el dictador en 1961 o de la Isla San Simón, ese campo de concentración situado en medio de la ría de Vigo, y que comenzó a funcionar cuatro años antes que Auschwitz. Pero el tiempo no da para más. Solo decir que estos dos ejemplos son tan solo referenciales.
En la lucha del movimiento
memorialista gallego hay muchos más y todos y cada una de ellos fueron y
son de vital importancia, porque dan luz a una historia oculta y
silenciada y porque contribuyen de manera esencial a la construcción de
los instrumentos necesarios para preservarla y trasmitirla a la memoria
colectiva del pueblo gallego.
Nada más. Muchas gracias.
Celso X. López Pazos, en Iruñea, 26 de Noviembre de 2021
Fuente → loquesomos.org
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