Proyecto Faq La renovación del Tribunal Constitucional como síntoma

miércoles, 17 de noviembre de 2021

La renovación del Tribunal Constitucional como síntoma

Estado español: La renovación del Tribunal Constitucional como síntoma / Jaime Pastor

“Hay una ley no escrita por la que los gobiernos del PP se cargan de un plumazo nada más llegar las leyes progresistas, mientras los de izquierda se eternizan para apenas modificar las pautas conservadoras”. Esto escribía recientemente Rosa María Artal en eldiario.es y, si aceptamos la generosa definición del PSOE como partido de izquierda, no faltan ejemplos que corroboran esa tesis en la ya larga historia del régimen del 78 y, más recientemente, en los dos años de vida del gobierno de coalición de ese partido con Unidas Podemos (UP).

Limitándonos a esta última etapa, por no hablar del tímido pellizco fiscal o de la impotencia mostrada ante el oligopolio eléctrico, bastaría con referirnos a cuestiones que, aun estando dentro del acuerdo de gobierno entre ambos partidos, siguen siendo claves y, sin embargo, todavía están pendientes de concretar, como la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 o de la ley mordaza de 2015. En relación con ambas, pocas esperanzas quedan de que se llegue más allá de la suavización o los retoques de algunos artículos, como ya se está reconociendo incluso desde las filas de UP. De concluir el proceso parlamentario con tan modestos resultados, tendremos nuevas pruebas de que, pese a las trabas que puedan poner la derecha y la patronal -siempre intransigentes frente a la menor concesión-, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la concepción autoritaria de orden público heredada del franquismo seguirán imperturbables su rumbo, aunque vayan acompañadas de algunas medidas paliativas.

Pero es que, además, la rectificación (otra más…) de Pedro Sánchez respecto a las derogaciones prometidas se inserta dentro de una mayor voluntad de reconstruir espacios de consenso bipartidista con el PP, como quedó escenificado en el Congreso del PSOE mediante su reconciliación con Felipe González, icono de la vieja política. Obviamente, ese consenso ha existido siempre en lo que afecta a la obediencia a la UE neoliberal y a la defensa de la monarquía y de la unidad de España (por mucho que exagere Casado con su sobreactuación electoralista), pero tenía que extenderse a la superación del bloqueo en instituciones como el Tribunal Constitucional y la cúpula del poder judicial. Lo nuevo ahora es que UP se está dejando arrastrar por esa tendencia a reconstruir el viejo bipartidismo.

UP, ¿muleta del bipartidismo?

El ejemplo más relevante y reciente de esa deriva es el relacionado con la renovación del Tribunal Constitucional, en cuyo desenlace final hemos podido comprobar cómo UP ha acabado aceptando no sólo el método empleado (que ha dejado fuera a los aliados de la periferia), sino, sobre todo, el chantaje del PP al incluir un candidato corrupto, Enrique Arnaldo, como miembro de esa institución. La justificación que se ha querido dar desde las filas de UP –y claro, también desde el PSOE- era que había que tragarse ese sapo como condición necesaria para acabar con el secuestro de esa y otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, por el PP. Ahora bien, no hay ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir cuando precisamente es el PP quien sale fortalecido con esa estrategia. Pero aún si hubiese sido el caso, no todo vale para un fin presuntamente bueno.

Como han escrito recientemente dos diputadas y un ex diputado de UP,

Durante mucho tiempo el pensamiento bipartidista se ha ido deslizando hacia el todo vale, en una suerte de negociación basada en no vetar a los incapaces propuestos por otro partido mientras tú no me vetes a los míos. Esto al final ha derivado en no pocas ocasiones en un criterio de selección adversa, con brillantes excepciones. Primero se amenaza con bloquear y después se pacta para alivio de todo el mundo. Qué se pacta y a quién se coloca es lo de menos.

Finalmente, eso es lo que ha ocurrido a pesar de la “brillante excepción” del juez Ramón Sáez. Ahora, el “pensamiento bipartidista” se ha convertido en tripartidista, confirmándose así un nuevo paso adelante en la aceptación por parte de UP de esa vieja política corrupta que tanto había criticado. Una decisión que no es sino la consecuencia de una involución política que le ha conducido de su vocación inicialmente rupturista con el régimen del 78 a la frustración de las esperanzas de regeneración del mismo que se abrieron desde su llegada al gobierno. Porque ni siquiera esto último cabe esperar ya de una formación política que, pese a la larga cantidad de sapos que ha ido tragando durante todo este tiempo, ha hecho de su permanencia en el gobierno a toda costa su único objetivo.

En esta ocasión, también es significativo que a medida que las noticias sobre la trayectoria corrupta de Enrique Arnaldo han ido saliendo en los medios (y en las que no ha faltado su relación con la fábrica de corrupción en que se fue convirtiendo la Universidad Rey Juan Carlos, haciendo sobradamente honor al rey ladrón), el malestar haya ido más allá de la izquierda social, y haya llegado a alcanzar a medios como los del Grupo Prisa y otros afines. En esos espacios de opinión, a pesar de su identificación con el régimen, lo ocurrido tampoco ha sido considerado un mal menor en nombre de un bien mayor, sino todo lo contrario: ha sido percibido como un mal mayor a la credibilidad del Tribunal Constitucional, ya bastante deteriorada en el pasado reciente y no sólo por sus sentencias respecto al conflicto catalán. Por tanto, su legitimidad no sale reforzada, sino todo lo contrario, en unos tiempos en los que su papel va a continuar siendo fundamental en medio de una guerra política y cultural que no tiene visos de superarse a la vista del desgaste de este gobierno y del envalentonamiento del PP y su aliado Vox, ambos ansiosos por entrar en el ciclo electoral que se va a iniciar con las elecciones andaluzas el próximo año.

Vuelve la cultura de la transición

Frente a esa ofensiva, lo más preocupante de la deriva actual de UP es que con su fiel comportamiento ha dado un paso más en su contribución a reconstruir esa cultura de la transición contra la que nació el 15M y ante a la que Podemos quiso erigirse como exponente de una cultura política alternativa, la de la centralidad del protagonismo popular a favor de un cambio que no fuera un mero recambio de elites. De esa nueva cultura (y nueva política) ya queda poco en esta formación, más allá de la retórica y de las posibles disidencias que puedan llegar a manifestarse públicamente en el futuro (como ahora con las pensiones), pero mucho me temo que este caso del TC sea presentado como un accidente de recorrido en el objetivo de debilitar una mayoría conservadora judicial que, sin embargo, no dejará de contar con recursos suficientes para continuar con su lawfare.

Disfrazar la decisión tomada, como ha hecho algún dirigente de UP, con el argumento de la ética de la responsabilidad es pura demagogia, ya que el mismo Max Weber abogaba por conciliar una ética de la responsabilidad con una ética de la convicción, y no cabe duda de que ésta última ha sido simplemente relegada al olvido, salvo en el caso de quienes, rompiendo la disciplina, dieron su voto negativo en el parlamento.

En realidad, es a la gobernabilidad del régimen a la que parece supeditar su labor una UP que además, en boca de su figura en ascenso, Yolanda Díaz, no deja de insistir en su defensa de la política como diálogo, negociación, consenso, al igual que hacen las direcciones de CC OO y UGT, cuando lo que urge hoy es poner de nuevo en el centro de la política la movilización y el conflicto social como único camino para frenar el deterioro de la relación de fuerzas a favor de las derechas y la patronal.

Desde la cúpula de UP se nos dice que no había alternativa al pacto acordado con el PP, pero se oculta que si se ha llegado al punto de tener que aceptar semejante chantaje de ese partido y, no lo olvidemos, del PSOE, es porque se ha entrado a fondo en la lógica gobernista de que ya no hay líneas rojas ante los sucesivos males menores que se van asumiendo durante ese camino. Un camino que, insistimos, no hace más que contribuir a la recomposición del régimen y a la recuperación de la centralidad que los dos principales partidos habían perdido desde 2014.

Esa alternativa existía antes, al principio de esta legislatura, si se hubiera optado por estar fuera del gobierno, como en Portugal, donde dos fuerzas políticas a la izquierda del PS (el Bloco y el PCP), aun con sus diferencias y contradicciones, supieron apoyar desde el parlamento lo que de positivo pudo hacer ese partido desde el gobierno y, a la vez, mantener su autonomía desde la oposición en el parlamento y en la calle para criticar y rechazar todo lo que les separaba.

Por ello nos reafirmamos en que una orientación semejante debía haber sido la adoptada por UP desde el principio y en que, de continuar en la actual, el daño que está haciendo a la necesaria recomposición de la izquierda social y política está siendo enorme. Porque, como escribió el amigo Daniel Bensaïd, “la dura ley de las derrotas quiere que no todos compartan las responsabilidades, pero que todos sufran las consecuencias”. Y las consecuencias de las derrotas sufridas, por mucha exhibición que se haya hecho de algunas modestas victorias, están siendo muy negativas, como estamos viendo con el aumento de la desafección ciudadana hacia la política y el auge de la ultraderecha.

Más que nunca, es la política como asunción del conflicto (de intereses, de valores, de razones…), en una relación de fuerzas estructuralmente desfavorable, la que debería ser reivindicada desde la izquierda si queremos reconstruir nuevos sujetos políticos que demuestren que existe un horizonte alternativo posible. La necesidad de esta política tiene más razón de ser aún en estos tiempos en los que la situación que estamos viviendo en esta provincia española se está dando en un contexto general de gran atasco, emergencia ecosocial global y guerras frías, con la población que reclama su derecho de asilo como víctima principal, tal y como ocurre en la frontera entre Bielorrusia y la UE. Y no será gobernando con el social-liberalismo, aquí o en Alemania, aunque se tinte de verde, como se podrá hacer frente a ese libertarianismo autoritario (Trump, Bolsonaro, Ayuso…) que trata de erigirse hoy como solución de recambio ante el declive de las viejas formas de dominación capitalistas. Será, más bien, recuperando la cultura del descontento movilizador, como ocurrió con el ciclo abierto por el 15M, en torno a propuestas impugnadoras de las causas que explican el ascenso de ese bloque reaccionario, como podremos ir recobrando fuerzas y credibilidad entre las clases trabajadoras.

[1/] Gloria Elizo, Meri Pita y Eduardo Santos, El Periódico de España, 10/11/2021, epe.es

[2/] “Si se hacen concesiones al principio de que el fin justifica los medios, es imposible conciliar una ética de la convicción con una ética de la responsabilidad, así como es imposible establecer éticamente qué fines pueden justificar tales o cuales medios”, Max Weber, La política como profesión.

[3/] Me remito al artículo de Adriano Campos en vientosur.infoy a la entrevista de Brais Fernández al diputado del Bloco de esquerda Jorge Costa en vientosur.info

[4/] Tomo prestada esta fórmula del estudio empírico El descontento movilizador. Cultura y discursos sobre la política en un marco de crisis (2011-2013), de María Jesús Funes, Ernesto Ganuza y Patricia García-Espín (eds.), CSIC, 2020, Madrid.


Fuente → vientosur.info

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