Ceaqua y el memorialismo español

 

Dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón… hasta que se rompe.William Shakespeare

Ceaqua y el memorialismo español
Enrique Gómez Arnas

A la memoria de «Chato» Galante,
siempre te deberé una comida, amigo mío.

CARENCIAS DE UNA DEMOCRACIA ¿INCONCLUSA?

Situación ante la justicia española de la víctimas del franquismo en la nueva etapa democrática

Largo y amargo es el camino de la Reparación, en la historia densa y extensa de los conflictos humanos, nunca ha sido fácil desentrañar la Verdad y hallar la Justicia.

La historia de España, como en la de todo el mundo occidental, ha sido prolija en enfrentamientos producidos por el choque de grupos sociales con intereses antagónicos, y no es fácil encontrar un ideal de justicia tras el conflicto.

Los comportamientos especialmente deleznables de ataques a los derechos humanos, sobre todo contra la población civil, casi nunca han sufrido del grado de punición que habrían merecido.

Los procesos contra estos infractores no siempre se han podido producir, no solo porque hayan podido gozar éstos de la protección de la sociedad posbélica, sino qué también, el cambio de las circunstancias políticas, ha hecho que la estrategia, muchas veces, aconsejara a los poderes triunfantes a dotar de una capa de impunidad a determinados hechos, a pesar de los deseos de Justicia de las sociedades pacificadas.

Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, en los países liberados de la tiranía de las fuerzas del Eje, la nueva realidad, es decir, el comienzo de la llamada posteriormente «Guerra Fría» hizo que la Justicia Universal se viera muy limitada. Los nuevos gobiernos, alineados respectivamente en torno a los aliados occidentales o la Unión Soviética, prefirieron utilizar las viejas fuerzas represoras y policiales enemigas a su favor. Estas legiones de nazis y fascistas, a pesar de una somera acción punitiva inicial contra ellas, para cubrir el expediente, tenían mucho que ofrecer en ese nuevo contexto internacional: redes de espionaje, experiencia en la represión de elementos hostiles, conocimientos técnicos importantes… todo eso pesó mucho más que los deseos de reparación de las sociedades reprimidas por el aparato nazi-fascista.

Así pues, mientras por un lado se permitía la huida de antiguos fascistas, por otro se mostraba como ejemplo universal el escaparate de los juicios de Núremberg.

El conflicto, como los virus, cambiaba para mutar en otro nuevo conflicto.

España, entretanto, seguía en pleno proceso de «purificación social».

Seis años después de terminar la guerra, las fuerzas vencedoras no acababan, a pesar del largo tiempo transcurrido, de estar satisfechos con la labor mortal comenzada por ellos sobre la sociedad sojuzgada.

Otras guerras, como las tres carlistas y sus muchos eventos violentos intermedios, a pesar de haberse librado con enorme saña y crueldad, no habían tenido nunca este grado de sistematización depuratoria.

Era otro momento histórico.

Por primera vez el pueblo, en esta ocasión, no era solo carne de cañón acrítica, un invitado a su propia carnicería por cuenta de reyes o generales.

Este pueblo, tomando conciencia de sí mismo, tras siglos de dominación, puso todas sus esperanzas en el experimento democrático de la Segunda República; por eso, cuando se dio cuenta de que los enemigos de siempre intentaban derribarla, se lanzó a la calle a defenderla.

Una parte importante de la sociedad ya no estaba dispuesta a ser manipulada por los poderosos y tomo su destino, aunque pudiera ser trágico, en sus propias manos.

Los generales querían una guerra larga.

Dada la situación internacional del momento, sabían que la victoria, antes o después, sería suya. Por tanto, utilizar el conflicto bélico como excusa para una represión generalizada sería el pretexto perfecto para el ocultamiento del genocidio programado.

No tuvieron bastante con el «agosto caliente» esas miles de víctimas que, en pocos meses, desde el principio del Golpe de Estado, fueron asesinados con nocturnidad, alevosía y ocultamiento, en todos los rincones de la geografía nacional.

Crear un ambiente de terror para amedrentar a la sociedad, era la estrategia que habían escogido.

Avanzar lentamente hacia sus objetivos finales, que les darían el triunfo total, era la forma de limpiar despiadadamente de elementos refractarios a la nueva sociedad que la «cruzada» pretendía imponer, (en realidad, un retroceso de proporciones históricas para la ciudadanía española).

El propio conde Ciano, embajador de la Italia fascista en nuestro país, se mostraba asombrado, en telegramas diplomáticos conocidos, de que más de un año después de vencer la guerra el régimen de Franco siguiera fusilando a decenas de personas todos los días.

Era la naturaleza del nuevo Régimen: represión de todas las libertades sociales, destrucción de todos los derechos democráticos; en definitiva, la aplicación, mediante la represión sistemática, con herramientas como la Causa General, y en un ataque planificado, y con la creación de un nuevo cuerpo legislativo de naturaleza criminal, conseguir la sumisión absoluta de la nueva sociedad hija del Movimiento Nacional.

Un somero análisis de estos hechos nos llevaría a la conclusión de que no son aislados ni producto de los excesos de la guerra; es obvio, en cambio, que son tipificables como delitos de lesa humanidad, un genocidio político de la sociedad republicana.

El devenir de los acontecimientos históricos subsiguientes, crearía el clima internacional perfecto para el mantenimiento de la dictadura franquista.

Viendo que sus aliados nazi-fascistas iban a perder la guerra, el Régimen fue modificando sus elementos simbólicos hacía una representación tradicional que se alejara de esos movimientos dando paso al constructo nacional-catolicista. En estrecha relación con la Iglesia, Franco se representaría a sí mismo y su Régimen como el valladar del sur de Europa contra el bolchevismo.

Los aliados estaban lejos de permitir que unos guerrilleros comunistas tomaran el poder en España.

Tampoco querían gastar más fuerzas de las necesarias; sabían que el régimen franquista los necesitaba más a ellos, que ellos al régimen.

Así pues, la esperanza para el pueblo español se frustró definitivamente.

España pasaría a ser el «portaaviones anticomunista del sur de Europa», la retaguardia del Teatro Central de Operaciones europeo.

A nadie le importaba el sufrimiento de la sociedad sojuzgada por Franco.

El régimen tiránico siguió usando de toda su fuerza represiva, hasta la muerte del dictador e incluso más allá de ésta.

La correlación de fuerzas políticas, en el momento en el que casi se cumplían cuarenta años del régimen franquista, no permitía pensar en una transición hacia la República, lo que hubiera sido la opción más democrática y legítima.

Franco era, fundamentalmente, franquista. Por lo tanto, era lógico que el Estado corporativo por el que él y sus advenedizos se habían mantenido durante décadas en el poder, agonizara con su creador.

Eso sí, lo dejó todo, según sus propias palabras, «atado y bien atado».

Muchos ciudadanos albergaban esperanzas de una cierta ruptura, pero la sucesión designada por el propio dictador y la correlación de fuerzas antes citada, obligaron a la oposición democrática a pactar con los representantes del Estado en agonía, entre otras muchas concesiones, una de las leyes más importantes tomada como elemento transicional, que no fue otra que la preconstitucional de 15 de octubre de 1977, llamada «ley de amnistía».

Aunque para esas fechas, una gran cantidad de presos políticos ya estaba liberada, esta nueva legislación sirvió (no por casualidad y sobre todo) para exonerar a los etarras que quedaban en la cárcel.

La utilidad última de la citada ley, no era otra que la de servir de auténtica «Ley de Punto Final».

El Régimen no iba a permitir que sus muchos crímenes pudieran ser juzgados, así que camuflada bajo el nombre de una de las reivindicaciones más queridas por los movimientos sociales antifranquistas, los funcionarios de la represión se verían como beneficiarios y libres de toda investigación o castigo, todos contentos, una jugada perfecta.

Era lógico, en aquel momento, el temor a un nuevo conflicto social de dimensiones desconocidas y la falta de peso específico para una negociación sólida por parte de los partidos políticos, permitió que ésta aberración legal naciera y siga persistiendo hasta nuestros días.

La situación social iba cambiando. Tras la intentona involucionista de 1981, la democracia fue asentándose en España.

Muchas personas, víctimas del franquismo, seguían esperando que se hiciera justicia. Otros muchos pensaban qué, superada esa primitiva etapa, una revisión bajo premisas democráticas universales, concedería el mayor grado de Justicia posible para los ciudadanos reprimidos y para la propia sociedad.

En 2008, y ante la Audiencia Nacional, organizaciones memorialistas y personas individuales exigen el esclarecimiento judicial de los crímenes franquistas, el juez Garzón asume el reto y con un auto histórico de 152 páginas, pone en negro sobre blanco al intocable dictador y a un buen número de sus altos colaboradores, por primera y única vez en la Historia, como supuestos perpetradores de crímenes terribles sobre toda la sociedad española.

Incluso se contemplaba en el auto, la creación de una Comisión de la Verdad, herramienta fundamental tras la caída de regímenes dictatoriales, para valorar con exactitud y rigor el volumen de los daños causados sobre la ciudadanía, y elaborar el manual, generalmente con el nombre de «libro blanco» en el que se reflejarían los daños sobre los derechos de las personas y una guía de consejos para su reparación.

Nada de esto se pudo hacer. Con una maniobra extraordinaria, el fiscal Zaragoza «amigo» de Garzón y miembro también, como él, del colectivo progresista «Jueces para la Democracia», consiguió, sacando a los jueces de sus salas (donde algunos estaban presidiendo tribunales) y despachos, provocar una votación que desautorizaba a este juez, impidiéndole seguir la investigación, todo esto aprovechando, además, que estaba de baja.

Nunca, antes o después, se ha visto una añagaza tan inhabitual en la Judicatura española. Lo que nos da idea de lo que este tema preocupaba al Poder Judicial.

La querella fue despiezada y enviada a los juzgados locales correspondientes de todo el Estado, en algunos casos, las diligencias se «perdieron» no dando más opción que los recursos para recuperar el proceso, en otros y, sistemáticamente aludiendo a la prescripción de los hechos o a la famosa «ley de amnistía», se rechazaba seguir con la investigación y las diligencias.

Los memorialistas presentados en esta demanda sufrimos, tras grandes esfuerzos para preparar los datos e innumerables reuniones organizativas, un revés que nos demostró que iba a ser imposible encontrar justicia en España para las víctimas del franquismo.

No todas las víctimas del terrorismo eran iguales. El terrorismo de Estado estaba cubierto por la legislación vigente. Los crímenes de los delincuentes eran perseguibles, los de las fuerzas regulares mucho más rechazables por tanto, quedaban al amparo de la más absoluta impunidad.

Quienes creíamos que este capítulo de la Historia no se podía cerrar así de ignominiosamente tanto por justicia individual para las víctimas, como por salud social necesaria para una auténtica reconciliación, no nos íbamos a rendir.

El argumento de «hechos prescritos», solo podía ser aceptado en caso de que estos tuvieran una consideración penal habitual, pero los hechos no eran sujeto de derecho común, eran crímenes de lesa humanidad «de libro», un auténtico genocidio, en el que se mataba, torturada y encarcelaba por motivos políticos, con nocturnidad, alevosía, abuso de poder ( haciendo un uso ilegítimo y abusivo de las armas por parte de fuerzas militares, de orden público y paramilitares, mandadas por los generales golpistas), convirtiéndose, además en crímenes que nunca fueron resueltos.

La «ley de amnistía», es decir, nuestra propia «Ley de Punto Final», ( recordemos que la mayoría de las del Cono Sur fueron revocadas en cuanto la correlación de fuerzas democráticas lo permitió), era también invocada como exoneradora de penas a los delincuentes franquistas.

Está ley amnistió, sin previa investigación ni formación de proceso, a todos los funcionarios del Estado que pudieran estar involucrados en delitos contra los derechos humanos.

Es algo que no se puede hacer, la jurisprudencia internacional ha echado por tierra los argumentos para el sostenimiento de estas leyes, hechas con el único propósito de cubrir las espaldas de los que persiguieron a la ciudadanía durante décadas, al servicio de un Estado dictatorial.

Lo dijeron desde la ONU y desde otros tribunales internacionales, pero España, a pesar de firmar un acuerdo tras otro para la defensa mundial de los Derechos Humanos, desoía sistemáticamente las recomendaciones que se le hacían desde esas instancias para la derogación de algunos de sus artículos.

El «franquismo sociológico» imperante tras décadas de adoctrinamiento, era un fenómeno social que hacía que el Régimen que siguió matando y torturando hasta el final de sus días, se viera en general, como autoritario que no dictatorial, que tenía «cosas buenas» y había conseguido edulcorar su imagen con un aspecto paternalista y desarrollista.

Las asociaciones memorialistas debían seguir adelante con su trabajo, no nos quedaba otra.

Nuevas estrategias para un viejo problema

En vista de que las víctimas del régimen no iban a poder obtener justicia en su propio país se plantearon varias estrategias en paralelo.

En primer lugar, seguir con la ayuda y asistencia a las familias y a las víctimas con investigaciones, exhumaciones, homenajes, pedagogía social y lucha por limpiar las ciudades de loas callejeras y monumentos al franquismo.

Aquello que el Estado no quería abordar «de oficio».

Todo esto, con el trasfondo de unas políticas de memoria, por parte de los poderes públicos absolutamente erráticas, esporádicas y dependientes del «color» del partido gobernante, y eso tanto a nivel estatal como autonómico o incluso local. Este ha sido precisamente uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado el memorialismo español; un problema estatal se estaba planteando troceado de forma anormal, creando unas carencias que nunca han sido resueltas ni tienen visos de serlo.

Otra estrategia, la judicial. Truncado el camino de la Audiencia Nacional y de los juzgados provinciales y autonómicos, consistió en hacer llegar, mediante recursos, los diferentes casos, hasta el Tribunal Constitucional. Como era previsible, éste usaba los mismos argumentos que los tribunales de menor instancia, al rehusar la investigación sobre las víctimas del franquismo; ésta era la única manera de conseguir llegar a los tribunales internacionales, por el agotamiento de las vías nacionales, dónde se sabe que la posición es mucho más favorable a la investigación de casos de derechos humanos.

La otra parte de esta estrategia pasaría a ser la vía Argentina. Tanto por principio de « Justicia Universal» como por «reciprocidad» ésta parecía ser una posibilidad prometedora.

El concepto de «Justicia Universal» es el que permitió, por ejemplo, solicitar la extradición del general Augusto Pinochet cuando se hallaba en territorio europeo. Con argucias y falsificando partes médicos, el ex dictador se libró de ser juzgado en España.

Este principio jurídico también ha sido golpeado y puesto en solfa en más de una ocasión por la mayoría del Parlamento español, al que le resultan política e internacionalmente incómodas, las consecuencias de su aplicación.

La «reciprocidad», en el caso argentino, era más obvia aún: Adolfo Scilingo y otros torturadores fueron juzgados por la Audiencia Nacional española por violación de los derechos humanos en Argentina, era lógico que aunque en Argentina si se iniciaron procesos contra los asesinos de la dictadura militar, estos tribunales pudieran también perseguir a los colegas españoles de sus nacionales.

Nace AQUA, posteriormente CEAQUA

Así, el 14 de abril de 2010, se interpone la querella Argentina, ésta es nombrada como la 5491/ 2010 , y lo es por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado español por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.Hoy hay presentadas más de 350 querellas.

Comenzaron a trabajar en España los abogados Carlos Slepoy (tristemente fallecido), Ana Messuti y Jacinto Lara.

El 21 de junio de este 2010 se constituye Aqua, antecesora de Ceaqua, red ciudadana de apoyo a la querella Argentina contra los crímenes del franquismo.

La plataforma vasca se crea en junio de 2012.

Desde su inicio, el trabajo se organizo en torno al viaje que la jueza Argentina, encargada del caso, la doctora María Romilda Servini de Cubría, iba a realizar al Estado español en septiembre de 2012. Este viaje se canceló tras varios retrasos el 6 de octubre. En cualquier caso, tras un gran trabajo de difusión, entrevistas, visitas, etcétera, se produce un acto multitudinario ese mismo 6 de octubre.

Entre octubre y noviembre de 2012, se empiezan a preparar las videoconferencias que debían sustituir las entrevistas presenciales previstas.

El 12 de noviembre se entregan 5.000 adhesiones individuales a la embajada argentina. En noviembre llegan al Juzgado número 1 de Buenos Aires.

El 21 de marzo de 2013 se producen las primeras acciones, se solicita la imputación y órdenes internacionales de detención contra los siguientes acusados: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez-Chaparro Aguado, Jesús Mohedano y Jesús Muñecas.

Un jarro de agua fría, tras este prometedor comienzo, se produce con la cancelación de las videoconferencias. El consulado no recibió la autorización de la Cancillería argentina.

Las siguientes videoconferencias previstas para el 8, 9, 15 y 16 de mayo han de cancelarse también, por presiones del Ministerio de Exteriores español.

Estaba claro que el Estado español iba a poner todas las trabas que estuvieran a su alcance contra este nuevo intento de ruptura de la impunidad.

La red Aqua, en un comunicado, desmiente rotundamente la afirmación de Exteriores de que estas declaraciones no podían entrar en el convenio que España tenía con Argentina, pues estás eran realizadas al margen de ese acuerdo internacional y de manera totalmente voluntaria.

Desde junio de 2012 y hasta la actualidad, la plataforma ha ido consiguiendo muchos apoyos institucionales a través de resoluciones de plenos municipales.

En abril de 2013 se crea la plataforma asturiana.

En mayo de 2013 se produce una declaración de Diputados y Senadores españoles en apoyo de la querella Argentina.

Por fin, el 18 de mayo de 2013, se realiza una jornada de encuentro entre los querellantes para la coordinación de todas las acciones del Estado español, nace Ceaqua.

Se consigue el apoyo de la mayoría del Parlamento vasco y , más tarde, el 13 de julio, se crea la plataforma andaluza.

El 24 de agosto de ese mismo año se realizó otro viaje a Argentina para impulsar la querella y recabar coordinación y apoyos con los compañeros argentinos. El 28 de agosto la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, aprueba una moción de apoyo a la querella. El 3 de septiembre se produce un encuentro con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mismo día se crea la plataforma Argentina de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo.

El 18 de octubre de 2013, la jueza Servini pide la detención vía Interpol de los siguientes torturadores franquistas: Juan Antonio González Pacheco (inspector), José Ignacio Giralte González (comisario) y Celso Galván Abascal (escolta de Franco).

También ese día, Amnistía Internacional, lanza una campaña de apoyo a la querella, exigiendo al gobierno español la extradición de estos individuos.

El 20 de septiembre se consigue el apoyo del Parlament de Catalunya.

El 28, la jueza lanza la orden de petición de extradición al Gobierno español.

El 31 de octubre el Parlamento andaluz también se muestra partidario de apoyar la querella. Con este son ya tres parlamentos.

El 8 de noviembre ya está claro que tras cuarenta días de petición de extradición, el gobierno español no está dispuesto a colaborar con la justicia argentina.

Mientras, el 4 de noviembre, Ceaqua interviene frente al Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Aún se haría otro viaje antes de terminar el año a Argentina, el 29 de noviembre una delegación de 28 personas de Ceaqua se presentan en los juzgados argentinos. Trece querellantes prestarán declaración. El 2 de diciembre se produce audiencia ante la propia jueza Servini, en la Comisión hay también parlamentarios españoles; ese mismo día se hace una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso argentino, y el día 4, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprueba su apoyo a la querella.

Mientras tanto en España, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, hace comparecer a Muñecas y Gonzalez Pacheco ante su tribunal, imponiéndoles medidas cautelares.

El 13 de diciembre se pide oficialmente por parte de Ceaqua la colaboración del Gobierno argentino para conseguir la extradición de estos torturadores.

Después, reunión el 14 con la Defensora del Pueblo de Madrid, para conseguir el compromiso de la aplicación de medidas para eliminar monumentos y calles franquistas de la Comunidad.

Mientras, se organiza por parte de Ceaqua reunión con el fiscal jefe Javier Zaragoza (de infausto recuerdo en el «caso» Garzón), para aclarar sus manifestaciones en cuanto que pretendía oponerse a las extradiciones de los torturadores apoyándose en la Ley de Amnistía de 1977, se le aclara qué, en tanto el Estado español siga sirviendo de refugio internacional a criminales franquistas, Ceaqua seguirá presentando imputaciones indefinidamente.

Ya en 2014, el 22 de enero y el 2 de febrero, se reúne Ceaqua con el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo De Greiff. Éste tenía como misión saber las medidas que el Estado español habría tomado para solventar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el franquismo.

Por fin, el 31 de enero, la Fiscalía de la Audiencia se opone a extraditar a los torturadores debido a que los hechos estarían prescritos «con creces», como afirmo el fiscal Pedro Martínez Torrijos.

El informe preliminar del relator de la ONU crítica a la Audiencia Nacional su decisión de no extraditar a «Billy el Niño»; además, algunas de las recomendaciones del relator en cuanto a Justicia fueron: uno, privar de efectos la Ley de Amnistía de 1977; dos, hacer posible el acceso de las víctimas a la tutela judicial; tres, colaborar la justicia española con los procedimientos judiciales del exterior y cuatro, reforzar el ejercicio de la jurisdicción universal muy debilitado en los tribunales españoles.

A mediados de febrero de 2014 se producen las primeras videoconferencias desde el Consulado Argentino de Madrid.

Desde el 31 de marzo al 9 de abril, se realiza una concentración permanente en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, para exigir la extradición de los torturadores.

El 3 y el 10 de abril se producen las vistas en la Audiencia Nacional para resolver los procesos de extradición, en ambas ocasiones serían denegadas. Las víctimas ni siquiera fueron escuchadas por los jueces.

A partir de entonces, comienza una campaña de denuncias presentadas por víctimas del franquismo ante consulados argentinos.

El 20 de abril, en las consideraciones sobre el rechazo a la extradición de González Pacheco, los jueces afirman que aunque los delitos sean de torturas, estos distan mucho de ser delitos contra la humanidad y, además, constituyen hechos aislados. Obviamente es negar la evidencia e ignorar los dictámenes internacionales que rotundamente afirman que la criminalidad masiva del franquismo, era sistemática y generalizada.

La protesta oficial la presenta Ceaqua el 7 de mayo ante el Ministerio de Justicia.

Por fin, la jueza Servini llega a España y realiza viajes tomando declaraciones entre el 18 y el 30 de mayo de 2014. Empezó por Euskadi y después Sevilla, Málaga y Madrid, así como la visita al Archivo Histórico Nacional.

En Suiza, entretanto, se constituye otra plataforma de apoyo a Ceaqua.

Por vez primera, y ésta vez sin presencia de la jueza argentina, declaran en Mallorca víctimas del franquismo ante el Juzgado de Instrucción número 1, y el 29 ante el número cuatro.

El 29 de julio de 2014 se presenta públicamente el informe del grupo de trabajos de desapariciones forzadas e involuntarias de la ONU, que deja al descubierto las carencias de la justicia española para enfrentar los ataques a los derechos humanos por parte del franquismo.

El Congreso argentino declara el día 14 de abril como Día Nacional del exiliado español.

A fines de agosto se presenta el informe del relator de la ONU Pablo De Greiff, que resulta devastador para con la justicia española. El 10 de septiembre se lee su informe en Ginebra, Ceaqua asiste a la ONU para presenciar el evento. El día siguiente se aprovecha, por parte de la delegación, para entrevistarse con el embajador argentino en Suiza. Después, el 12 de septiembre, se lee también el informe del Grupo de Trabajo de desapariciones forzadas.

Por fin, el 31 de octubre de 2014, la jueza Servini solicita a la Interpol el arresto preventivo de Martín Villa y otros imputados para la declaración indagatoria.

Estos son los imputados: Rodolfo Martín Villa( ex-ministro de Gobernación), José Utrera Molina (ex-ministro secretario general del Movimiento y de Vivienda), Antonio Carro (ex-ministro de Presidencia), Fernando Suárez (ex-ministro de Trabajo), Licinio de la Fuente (ex-vicepresidente del Gobierno), Antonio Barrera (ex-ministro de Hacienda), José María Sánchez Ventura (ex-ministro de Justicia), Alfonso Osorio (ex-ministro de presidencia), Jesús Quintana (capitán de policía), Carlos Rey (que perteneció al último consejo de guerra del franquismo), Antonio Troncoso (ex-juez), Jesús cejas ( ex-juez), Abelardo García (médico) y los ex-policías González Reglero, Algar, Criado de la Fuente, Martínez-Torres, Solsona y del Valle.

Interpol Argentina, el 4 de noviembre, cursa comunicación urgente para la extradición de las veinte personas imputadas.

El 6 de noviembre se envía un escrito para saber el estado de aceptación de la Oficina de Derechos Humanos de Exteriores para con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU, constatando que el Estado español ha hecho caso omiso de todas y cada una de éstas.

Las propuestas básicas de Ceaqua, tras esta sucesión de los acontecimientos, solicitando el apoyo de partidos y organizaciones para su colaboración, participación y compromiso solidario, fueron las siguientes: primero, firma de un manifiesto internacional contra la impunidad de los crímenes del franquismo; segundo, campaña de difusión del Manifiesto; tercero, participación en el acto unitario de presentación del manifiesto en sede universitaria; cuarto, concentración masiva ante el Ministerio de Justicia; y quinto, manifestación, para enero de 2015.

El inicio de la campaña se produjo el 21 de noviembre.

Las reuniones con grupos políticos cuajaron, incluso con una proposición no de ley presentada por varios grupos.

A partir del 9 de diciembre, comenzó la recogida de firmas. Ese mismo día se realiza un acto en el Congreso de los Diputados para denunciar los incumplimientos judiciales internacionales del Estado español.

Ya en 2015, el 3 de marzo, se asiste a una jornada sobre los crímenes franquistas en el Parlamento Europeo. En el texto se condena esa ignominiosa etapa de nuestra historia y se comprometen a luchar por el reconocimiento de los derechos que asisten a las víctimas.

Tras todas esas vicisitudes la Coordinadora ha seguido creciendo. Son muchas las querellas individuales. Los ayuntamientos personados.

Entre las acciones realizadas, destacar la última estrategia planteada entre 2018 y 2020, que no ha sido otra que la campaña en torno a Martín Villa. Los excesos cometidos durante la Transición y también en democracia, parecen estar amparados por el tupido velo de la impunidad.

Entretanto, viejos amigos y luchadores han caído durante esta pandemia como «Chato» Galante y antes aun Carlos Slepoy. Mientras los torturadores se exhiben en fiestas organizadas por sus excompañeros, en total connivencia e impunidad.

«Chato», como tantos otros luchadores por la Democracia, merecía Justicia, pero ha muerto, luchando y dando ejemplo hasta el último momento, sin que la sociedad y el Estado se la hayan dado.

La lucha contra la desmemoria como necesidad social

Lógicamente, si entramos ahora a exponer los trabajos realizados por el memorialismo en general desde la, llamémosla así, «segunda transición», muy probablemente podríamos completar un libro de tamaño, al menos, mediano.

Algunos ejemplos mínimos que se producen solamente en nuestro ámbito autonómico: homenajes, como los hechos a los guerrilleros a través del realizado anualmente al «Chaval» José Manuel Montorio, en Borja. El 3 de marzo, que ahora es el día de la Memoria Histórica democrática aragonesa, en el que se recuerda el sangriento bombardeo de Alcañiz. Las semanas de memoria republicana con el acto de Torrero dedicado siempre a nuestros conciudadanos asesinados, sistemáticamente se conmemora a algún colectivo represaliado concreto.

Exposiciones itinerantes con clara vocación pedagógica, sobre temas tan diversos como el exilio científico, el exilio aragonés en Francia, los anarquistas, los republicanos en la resistencia francesa, los maestros republicanos, etcétera, etcétera, que han sido visitadas por miles de personas.

La consecución, finalmente, de una sede memorialista zaragozana y, esperemos, que otra nivel autonómico en breve, cuando pasen estos extraños días.

La labor en pueblos y comarcas de asociaciones locales, de impagable valor social y personal.

Las exhumaciones, tan esforzadas, y emotivas.

Los muchos proyectos de futuro que esperemos cuajen, como las jornadas de la Imagen de la Memoria yendo ya por su tercera edición y esa gran exposición, en torno al campo de concentración de Gurs, que tanta ilusión está generando, siendo nuestra ciudad la primera de España donde se presentaría esta auténtica joya de la «arqueología memorialista».

Ciudadanos que realizaron exhumaciones sin permiso antes de la muerte del dictador. Exrepresaliados que solo querían Justicia para la sociedad, para su regeneración, para sacar del silencio tanta ignominia.

Tenemos que conocer nuestra Historia, no podemos obviarla, las posibilidades de repetición, serían mucho más altas. El repunte del fascismo en todo el mundo, así nos lo está indicando, y a nosotros, nos está cogiendo muy poco preparados.

Conclusiones, necesidades especifícas y futuro de la Memoria Histórica

Voy a terminar esta prolija aproximación al memorialismo y, concretamente, al movimiento en torno a la querella Argentina, poniendo como resumen y recensión final un esquema de la contribución escrita al Examen Periódico Universal (EPU)del Estado español. Auténtico examen sobre los Derechos Humanos, realizado periódicamente por las Naciones Unidas sobre sus Estados miembros.

Creo que es la más eficaz forma de acercar las carencias que en esta materia aún tiene el Estado español a la ciudadanía interesada.

Su título, es toda una declaración de intenciones: « El derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista».

Este informe del EPU (Examen Periódico Universal) del 13 de abril de 2015, incorpora recomendaciones al Estado español relacionadas con sus obligaciones respecto al derecho de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición.

El escrito muestra el incumplimiento, por parte del Estado español, de sus obligaciones jurídicas. Éstas se hallan en los números del citado documento: 131/98,131/ 99 y 131/ 100 y han sido solo dadas como recibidas por las autoridades españolas, sin darles más salida o cumplimiento.

En resumen, el Estado español mantiene su política de impunidad negando estos derechos a las víctimas.

En el apartado uno, dedicado a los crímenes contra la humanidad del régimen franquista, se constata que el Estado español incumple sistemáticamente la normativa internacional de derechos humanos.

El golpe del 18 de julio de 1936 comenzó un plan sistemático de exterminio: desaparecidos, fusilados, niños robados, trabajadores esclavos, malos tratos y abusos en campos de concentración, cárceles, comisarías y cuarteles; torturados, exiliados, perseguidos, represaliados, formas específicas de represión sobre la población femenina y homosexual, y un largo etcétera.

Pese al paso de los años, las acciones violentas contra la población civil se mantuvieron.

Ésta violencia se transformó en una «violencia de Derecho» creándose un sistema de represión específico, que sirvió de base al aparato jurídico-policial creado para sostener la dictadura, adquiriendo un carácter sistémico y ampliándose a los campos políticos, laborales y sociales.

La democracia orgánica negó todos los derechos políticos fundamentales, dicha situación se mantuvo durante toda la dictadura, no solo en sus comienzos.

Las mujeres fueron privadas de sus derechos, otorgando un desmedido poder a la Iglesia Católica y al sistema patriarcal por lo que se persiguió también a la ciudadanía, por sus opciones sexuales.

Ni una sola de estas personas, que sufrieron estas graves violaciones de derechos fundamentales ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor han sido juzgados.

En segundo lugar, ni la sociedad española y ni sus instituciones reconocen a las personas que sufrieron represión por parte de la dictadura franquista. Muchas de ellas iniciaron un tortuoso camino, utilizando diversas vías judiciales, para revertir una situación de impunidad largamente mantenida. Una de ellas es la vía Argentina, de la que hemos hablado ampliamente, y que se centra en los crímenes contra la humanidad del régimen.

Solo decir qué, a pesar de la imputación de más de veinte personas, el Estado español sigue incumpliendo sistemáticamente su obligación de colaborar con este proceso judicial.

También, desde 2016, se ha impulsado la creación de la Red de Municipios contra la impunidad franquista. Más de diez forman parte de ella y más de cuarenta han manifestado su voluntad de iniciar acciones penales para el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura sobre sus conciudadanos.

Estos ayuntamientos han aprobado mociones de apoyo a la querella Argentina y también respaldan a las asociaciones memorialistas, incluyendo las dedicadas a los bebés robados.

Además están las querellas individuales. Desde junio de 2017 se han presentado más de 40 querellas ante tribunales españoles, solo una de ellas ha sido admitida, hasta ahora, a trámite.

Las más de mil personas querelladas tanto ante tribunales españoles como argentinos, siguen viendo negado sistemáticamente su derecho a la justicia.

En tercer lugar, cabe analizar las respuestas de los Poderes Públicos del Estado español.

En general, siguen con su inaceptable política de impunidad, no han cumplido ninguna de las recomendaciones internacionales a este respecto.

En resumen, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial españoles, se siguen poniendo trabas sistemáticamente que siguen negando el derecho a la justicia de estos ciudadanos, víctimas del franquismo.

El Poder Ejecutivo, como decíamos, ha mantenido una política memorialista errática, sin afrontar nunca el problema como «problema de de Estado» y solo ha puesto trabas a los procesos judiciales.

Y también a través del criterio de la Fiscalía General del Estado qué, con fecha 30 de septiembre de 2016 impuso una instrucción de obligado cumplimiento, exigiendo a los jueces que impidieran exhortos y reclamaciones de cara a esclarecer los crímenes de la dictadura.

Dejando además de colaborar con la justicia argentina.

Desde entonces, este criterio no ha sido modificado por ningún gobierno. Abundando en esto, el Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, negó el permiso para la extradición de los torturadores reclamados por la Justicia argentina, esto supone un incumplimiento de obligaciones doble, tanto ante los estándares internacionales, como por el Tratado de Extradición vigente con Argentina.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitió un comunicado escrito por cuatro expertos, afirmando que esta decisión dejaba en desamparo a las víctimas y sus familiares, hasta hoy la decisión de este Consejo de Ministros no ha sido revocada.

En cuanto al Poder Judicial, decir que los argumentos esgrimidos por el Estado español para mantener la política de impunidad, son improcedentes y contrarios al derecho internacional. En la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012, se vulnera el principio de «legalidad internacional», se afirma que los delitos están prescritos negando que sean delitos de lesa humanidad, además cita la ley de amnistía, que consolida esa impunidad.

El poder legislativo, por su parte, registró dos iniciativas parlamentarias para quitar obstáculos legislativos a las investigaciones de los crímenes franquistas.

Estás iniciativas recogen las recomendaciones internacionales hechas al Estado español; una, debatida en abril de 2018, no ha sido admitida a trámite, se vuelve a insistir en la Ley de Amnistía como pilar básico de la Transición española, también en sede parlamentaria, negando una vez más el derecho a la justicia de las víctimas.

Dicha ley ha sido duramente criticada por organismos internacionales con nulos efectos sobre el Estado español y sus instituciones.

La otra iniciativa, sobre el principio de «legalidad internacional» ha sido registrada pero no ha sido aún tenida en cuenta ni debatida.

Desde 2015 se han presentado por los grupos políticos unas 95 iniciativas, tres de ellas internacionales y 30 autonómicas, para el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas. Esto muestra un cierto cambio de actitud de algunos grupos políticos, pero resulta insuficiente en tanto que no se introduzcan las modificaciones pertinentes en el ordenamiento jurídico legislativo.

También, como comentábamos anteriormente, el derecho a la Justicia Universal, está siendo abandonado por las instituciones españolas.

Como señaló el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff: «El derecho internacional no es una opción, es derecho interno, es una obligación, es un deber jurídico; los estados no pueden elegir, no ha faltado derecho para hacer justicia, ha faltado voluntad política.»

A modo de conclusión de este artículo, intentando informar y concienciar sobre las carencias de la democracia española en cuanto a la tutela jurídica de los ciudadanos víctimas del franquismo, hay que hacer que el Estado español adopte las medidas que sean oportunas y apartar los obstáculos para el pleno y efectivo derecho a la justicia de estas personas mediante las siguientes acciones:

1 Modificar el artículo 9 de la Ley de Amnistía, para que los juzgados puedan investigar los crímenes franquistas.

2 Modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, para incluir el principio de «legalidad internacional»

3 Declarar la nulidad de pleno derecho, del acuerdo en contra de la extradición de los torturadores del 13 de marzo del 2015 hecho en Consejo de Ministros.

4 Colaborar con las autoridades judiciales argentinas.

Mientras estas carencias se mantengan no se podrá afirmar, en puridad, que la democracia española es plena, porque no todos sus ciudadanos tienen derecho a la justicia y por tanto no son iguales ante la ley, esta es una cuestión que mientras esté pendiente en una democracia sin abordarla y solucionarla, esta democracia seguirá estando inconclusa, carecerá de legitimidad y afrontará su futuro con escasas posibilidades de verdadera convivencia.

Cuestión esta de una gravedad esencial e insoslayable.

Anexo: La violencia política en España, unos someros datos

La historia de la violencia política en la España contemporánea en cuanto a sus cifras de víctimas es una constante, con el punto álgido, obviamente, en la que los exiliados siempre llaman la Guerra de España.

Las cifras, cuando se refieren a muertes no naturales, siempre mueven a conflictos morales.

¿Cuántos muertos son aceptables para la consecución de un objetivo político o militar? Ésta pregunta ha sido siempre difícil, pero las respuestas dadas por los impulsores de esos objetivos han sido tan diversas como discutibles.

Las batallas colectivas entre progresistas y conservadores, con todos los matices que se les quieran añadir, han resultado siempre sangrientas y también siempre favorables al sector inmovilista.

Durante todo el siglo XIX y tras la masacre de la Guerra del Francés, que dejó entre 300 y 500 mil muertos, además de 25.000 guerrilleros y unos 150.000 portugueses, por no hablar de los franceses y sus aliados, las guerras y pronunciamientos (palabra típicamente española, para definir intentos de golpe de Estado, hasta la invención de «alzamiento» ) así como los mínimos intentos progresistas, producidos entre guerras las carlistas, dejaron un reguero de víctimas que anticipaba cuál iba a ser el resultado final de tanto ensayo general «con todo».

En este y en el siglo siguiente, habría que contabilizar los muertos heridos y detenidos, en los primeros enfrentamientos entre el proletariado español y sus explotadores.

Digamos que las fuerzas de orden público nunca, en nuestro país, se han mostrado muy respetuosas con la ciudadanía. En el pasado se empleaban más a fondo, apoyándose en la inveterada impunidad que las ha acompañado hasta nuestros días.

Las sangrías de hijos del campesinado español en las guerras coloniales, también marcaron ese pasado de violencia que tan pesimista ha hecho a nuestra sociedad respecto a la posibilidad de mejorar sin baños de sangre. Solo la agrupación obrera hizo que las protestas contra las movilizaciones militares de los hijos del pueblo llano tuvieran algún recorrido, aunque también fueran reprimidas brutalmente .

Entretanto, la patronal preparaba el contraataque a esas movilizaciones obreras que no habrían de quedar sin respuesta, así se inventa el pistolerismo patronal, una ilegalidad apoyada como no podía ser de otra forma, por los gobiernos de turno que añadirían su propio esfuerzo mediante, entre otras lindezas, la llamada «ley de fugas».

Esta violencia, a veces contraprogramada en forma de magnicidio o atentados, no daría, sin embargo, motivos para una respuesta violenta generalizada.

Pero habría de producirse un hecho que marcaría definitivamente el devenir histórico español: la República.

La llegada de la República, un sistema político inaceptable para las fuerzas conservadoras y reaccionarías españolas, daría alas a éstas para iniciar una campaña que diera la excusa para poder derribarla. Matar moscas a cañonazos, en definitiva. Viendo las cifras de muertes, exiliados y represaliados, está claro que esta frase define perfectamente el desaguisado montado por los generales. Acabar con la violencia de la época republicana, con una guerra civil de tres años y cientos de miles de muertos… las cifras hablan por sí solas.

Para terminar, insistir en que la represión franquista duro hasta más allá de la muerte del propio dictador, la Transición, por otro lado, tampoco fue tan ejemplar, tuvo su propia dosis de violencia y de muertes, pero eso es otra historia sobre la que habrá que volver en otro momento. 

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Cifras y datos:

Guerras carlistas: 

Primera Guerra Carlista: 135.000 muertos.
Segunda Guerra Carlista: 10.000 muertos.
Tercera Guerra Carlista: 50.000 muertos.
En total, unos 219.000 muertos.
(Fuente: De Re Militari)
Guerra de Cuba:
420.000 muertos.
81.000 soldados españoles.

Semana Trágica (del 26 de julio al 2 de agosto de 1909 en Barcelona y Cataluña):

(A principios de siglo todavía fue más poderosa esa represión en la zona, se carece de cifras oficiales, pero fueron cientos de trabajadores asesinados por la patronal y el ejército a las órdenes del Gobierno).

Guerra del Rif (1911/1927) 26.500 bajas españolas.
(Fuente: Wikipedia)
Muertes por violencia política en toda la Segunda República:
2.295 hasta el 18 de julio de 1936

(Fuente: La Información; según otras fuentes, 2.629 muertos de los que 1.550 lo fueron por las fuerzas de orden público y militares; 455 fueron víctimas de esos mismos institutos y 530 fueron otros, de los cuales 484 de izquierdas víctimas de la extrema derecha y los pistoleros de la patronal)

Casi todas, el 65%, durante el Bienio Negro.
Durante la Revolución de Asturias y en todo el Estado: 

1.338 víctimas, de las cuales 256 fueron militares y fuerzas del orden
(Fuente: Cifras cruentas, de Eduardo González Calleja)
Muertes durante la Guerra Civil Española:

Entre 100.000 y 180.000 republicanos muertos
50.000 tras la guerra
Total: Entre 150.000 y 230.000
Así como 200.000 exiliados permanentes.

En la zona republicana habría unos 50.000 muertos.

En cuanto a las cifras de presos, que muestran locuazmente lo que se convirtió en una normalidad social del Estado español tras la guerra:

Fuentes Generales:

Dossier de Actividad, página WEB de CEAQUA.

Informe EPU 2019.

Página WEB de ARMHA

Enlaces: Jueza Servini, viajes a España y Pablo de Greiff, entrevista. eldiario.es eitb.eus