La Justicia en España está en una situación en la que no tiene ningún derecho a dar lecciones ni a nada ni a nadie. Recientemente se presentó una denuncia en el propio CGPJ en la que se presentan pruebas claras de una presunta corrupción judicial en favor de los más poderosos. Los resultados está ahí, las sentencias en las que se libra a banqueros de la cárcel retorciendo la ley

La Justicia española, habitual protectora de los poderosos y brazo armado de la derecha y los ultras / José Antonio Gómez:

Ayer se produjo el enésimo choque entre el Poder Judicial español y el gobierno de coalición progresista. Casualmente, los grandes enfrentamientos entre los poderes democráticos siempre se produce cuando en España gobierna la izquierda y, casualmente, es siempre la Justicia la que se corona como el brazo armado de la derecha. En la actualidad, además, hay un nuevo escenario, puesto que la Justicia española se ha convertido en el elemento con el que los ultras hacen oposición e intentan derribar al gobierno legítima y democráticamente constituido.

El comunicado publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a la respuesta de la ministra Ione Belarra a la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados de retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez es la mejor muestra de ello.

Ione Belarra, en un tuit, afirmó lo siguiente: 

Según el comunicado del CGPJ, «estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».

Sin embargo, cuando Belarra se refería al delito de prevaricación, no lo estaba haciendo respecto a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino que la referencia estaba dirigida a, precisamente, Meritxell Batet, algo que se confirma con el anuncio de interposición de una querella criminal contra la presidenta del Congreso de los Diputados.

La Justicia en España está en una situación en la que no tiene ningún derecho a dar lecciones ni a nada ni a nadie. Recientemente se presentó una denuncia en el propio CGPJ en la que se presentan pruebas claras de una presunta corrupción judicial en favor de los más poderosos. Los resultados está ahí, las sentencias en las que se libra a banqueros de la cárcel retorciendo la ley. Los tribunales españoles dictan a diario decisiones judiciales en las que, a pesar de las evidencias de comisión de graves delitos reflejadas en informes periciales realizados por las instituciones del Estado, se archivan causas que hubieran conllevado cárcel a los responsables de determinadas grandes empresas o grandes familias. La Justicia en España, con la complicidad de los distintos gobiernos, utilizan los recursos del Estado para ponerse en contra de los ciudadanos y ciudadanas afectadas por las cláusulas abusivas de la banca.

El Estado español ha sido denunciado en miles de ocasiones ante la Comisión Europea por la presunta corrupción de sus jueces. La situación es tan insostenible que una jueza llegó a dictar un auto en el que, en relación con el IRPH, llegó a afirmar que «el Tribunal Supremo español ha realizado una reinterpretación con el dictado de una reciente jurisprudencia a raíz de las Sentencias 595, 596, 597 y 598/2020 de 12 de Noviembre de 2020, de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 3 de Marzo de 2020 […] desde una perspectiva abruptamente contraria a los dispuesto expresamente en la citada sentencia así como en decenas de sentencias relativas a los criterios interpretativos de la Directiva 93/13/CE en relación a la protección de los derechos de los consumidores en contratos celebrados con profesionales; haciendo que con tal interpretación se gire jurídicamente en 180 grados el sentido protector de los consumidores recogida en la Directiva, en predisponentes.

» Además, este hecho se agrava con la emisión repentina y premeditada de estas cinco sentencias por el Tribunal Supremo para que pueda ser considerada en el derecho nacional como jurisprudencia pacífica, procediendo a inadmitir de forma masiva y directa todos los recursos de casación que tienen relación con la cláusula IRPH, quebrando toda posibilidad de defensa a los consumidores pues no existe otra instancia donde recurrir tal decisión judicial convirtiéndose en firme. Esta tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos no se ha conocido nunca en la historia del Tribunal Supremo español, que escapa a toda lógica jurídica y a los principios de protección de los derechos de los consumidores, que provoca necesariamente un enriquecimiento y beneficio de las entidades financieras en detrimento de los consumidores afectados por esta cláusula, máxime si atendemos a que dentro de las propias sentencias reinterpretativas emitidas recientemente por el Tribunal Supremo existe un voto discrepante de Ilustre Magistrado Don Francisco Javier Arroyo Fiestas que considera vulnerado flagrantemente el Derecho de la Unión y en especial lo dictado en la Sentencia del Tribunal de Justicia del pasado 3 de Marzo de 2020».

Por otra parte, tanto la derecha como los ultras han visto en el poder judicial el arma perfecta para desgastar al actual gobierno. Lo peor no es que el PP y Vox se hayan convertido en fanáticos litigantes, sino que haya jueces de todas las instancias conocidas y desconocidas que admitan a trámite e inicien investigaciones que tienen como único fin derribar al poder Ejecutivo elegido democráticamente por la ciudadanía.

Otra cosa es si este gobierno, sobre todo desde los ministerios protegidos por el presidente que, casualmente, no tienen una pertenencia ideológica al rumbo que debería tener un Ejecutivo de izquierdas, da pie a la interposición de esas querellas o demandas por parte de la derecha y los ultras. Casualmente, de las decisiones adoptadas por esos ministros y ministras, no se conocen acciones judiciales interpuestas por los partidos conservadores y de extrema derecha. Son los ciudadanos los que acuden a los tribunales para denunciar, demandar o querellarse contra esas decisiones y, casualmente también, todas son archivadas.