La fiscalía del reino de España, un estado con una monarquía alejada de las constitucionales de la Unión Europea, quiere estuchar para siempre el expediente de la supuesta investigación sobre los oscuros negocios privados de Juan Carlos de Borbón, una decisión previsible y que sorprende que alguien se sorprenda porque así lo decida.
La extraña sorpresa por la "lógica" actuación de la fiscalía con Juan Carlos de Borbón / Miquel Payeras:
A veces, el panorama político y mediático español y los Países Catalanes sorprende fuerza por su ingenuidad, casi unánime. El último ejemplo se vivió la semana pasada cuando elconfidencial.com publicó que el ministerio público tiene a punto el archivo de la evaluación legal de los famosos negocios privados del ex jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón.
La información ha sido repetida por parte de casi todas las cabeceras, como si fuera algo inesperado, sorprendente, chocante, casi increíble. Se ha convertido durante días en objeto de análisis de especialistas en política, en derecho, en chismes ... y motivo de comentario en los platós de televisión y en los estudios de radio.
Según lo publicado y abastecimiento comentado y analizado, el equipo de fiscales dirigido por Juan Ignacio Campos, con el que colabora el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a la conclusión de que Juan Carlos I no es imputable por la concurrencia de la inviolabilidad mientras era jefe del estado -hasta en junio de 2014-, por la prescripción de algunas de sus conductas que en su momento podrían haber sido delictivas y por las dos llamadas regularizaciones fiscales convenientemente satisfechas antes de que la Hacienda Pública le incoara procedimientos para posible delito contra el interés de la caja común.
La clara intención de la filtración es ir preparando a la opinión pública para cuando la Fiscalía termine por estuchar siempre más la supuesta investigación. La cual, por cierto, no consta que ni siquiera se haya iniciado. La cabecera mencionada valora el celo investigador de la fiscalía como «tibio», todo un prodigio eufemístico para definir la actividad del Ministerio Fiscal durante más de un año en relación a la presunta investigación de los negocios oscuros del Borbón.
Era tan previsible que la pregunta se impone: ¿cómo puede ser que alguien se sorprenda de la decisión de la fiscalía?
Monarquía única. No puede sorprender a nadie que esté un poco informado. En España el estado de derecho tiene serias carencias, algunas de las más importantes se refieren a la corona de los Borbones. Esta monarquía se diferencia radicalmente de las parlamentarias de la Unión Europea en cuatro aspectos fundamentales: es opaca sobre su dinero y algunas de sus actividades, fue propuesta por una dictadura, está blindada contra parte de la libertad de expresión y los juzgados interpretan que la «inviolabilidad» constitucional impide cualquier investigación judicial sobre el titular, haya hecho lo que haya hecho y aunque no tenga ninguna relación con el cargo. En un estado así, como podría alguien sorprenderse de que la fiscalía no haya hecho nada más que una interpretación teatral, con todo esto de la «investigación» del negocios oscuros particulares de Juan Carlos de Borbón?
Ya se ha analizado en este semanario en varias ocasiones estos cuatro puntos sustanciales que definen la actual monarquía española. Dejando de lado el caso peculiar de Andorra y las corona-empresa de Luxemburgo, Mónaco y Liechtenstein, en la Unión Europea existen seis monarquías constitucionales: Gran Bretaña, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Bélgica. Ninguno una de questaes cuenta con alguno de los cuatro elementos sustanciales de la corona borbónica.
Aunque cada una de las seis tiene orígenes muy pretéritos, en realidad, constitucionalmente, basan su legitimidad actual en haber tomado una nítida posición política a favor de la democracia y contra el nazismo. Incluso es así en el caso de Suecia, neutral durante la Segunda Guerra Mundial: la corona supo rectificar la inicial actitud hacia el régimen hitleriano, que se podría calificar de pasiva. Por el contrario, las otras monarquías europeas que fueron cómplices de los nazis no superaran la victoria aliada de 1945. En el caso español, sin embargo, la corona actual fue inventada por el régimen dictatorial de Francisco Franco en 1947 -aliado los nazis-, a través de una norma que otorgaba al dictador la capacidad de nombrar al rey, y en 1969 Juan Carlos de Borbón le dio contenido al aceptar aquel trono hasta entonces vacío. Tanto fue así como que su padre, Juan de Borbón, calificó de «ilegal» y de «ruptura de la línea sucesoria» tradicional de los Borbones en España. Por lo tanto, era una nueva corona, claramente. Inventada por una dictadura. Lo que lo aleja radicalmente de las monarquías constitucional de la Unión, por mucho que en 1977 Juan renunciase a sus derechos sucesorios y que la Constitución de 1978 asumiera esta corona dictatorial.
Respecto a los otros tres elementos, la española es la única de las prefecturas de estado hereditarias de la Unión que no informa hasta el detalle de todos sus actividades y cuestiones económicas que le afectan -la belga tenía un comportamiento similar hace años , pero desde que está el nuevo titular, en 2013, su comportamiento en este sentido es exquisito y se ha alunizar de la de Madrid-, que tiene un blindaje legal de carácter excepcional e insólito en una democracia que le evita ciertas críticas y que, en consecuencia, conculca en parte el derecho a la libertad de expresión; y, finalmente, la interpretación que hasta ahora ha dado la justicia a la «inviolabilidad» del rey durante el ejercicio del cargo es una aberración, como ha quedado -otra vez- en evidencia: según esta delirante forma de entender tal prerrogativa , el monarca español no está sólo blindado por lo que hace como jefe del Estado sino por todo, puede hacer cualquier cosa en su vida privada y no se le pueden aplicar las leyes.
La información ha sido repetida por parte de casi todas las cabeceras, como si fuera algo inesperado, sorprendente, chocante, casi increíble. Se ha convertido durante días en objeto de análisis de especialistas en política, en derecho, en chismes ... y motivo de comentario en los platós de televisión y en los estudios de radio.
Según lo publicado y abastecimiento comentado y analizado, el equipo de fiscales dirigido por Juan Ignacio Campos, con el que colabora el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a la conclusión de que Juan Carlos I no es imputable por la concurrencia de la inviolabilidad mientras era jefe del estado -hasta en junio de 2014-, por la prescripción de algunas de sus conductas que en su momento podrían haber sido delictivas y por las dos llamadas regularizaciones fiscales convenientemente satisfechas antes de que la Hacienda Pública le incoara procedimientos para posible delito contra el interés de la caja común.
La clara intención de la filtración es ir preparando a la opinión pública para cuando la Fiscalía termine por estuchar siempre más la supuesta investigación. La cual, por cierto, no consta que ni siquiera se haya iniciado. La cabecera mencionada valora el celo investigador de la fiscalía como «tibio», todo un prodigio eufemístico para definir la actividad del Ministerio Fiscal durante más de un año en relación a la presunta investigación de los negocios oscuros del Borbón.
Era tan previsible que la pregunta se impone: ¿cómo puede ser que alguien se sorprenda de la decisión de la fiscalía?
Monarquía única. No puede sorprender a nadie que esté un poco informado. En España el estado de derecho tiene serias carencias, algunas de las más importantes se refieren a la corona de los Borbones. Esta monarquía se diferencia radicalmente de las parlamentarias de la Unión Europea en cuatro aspectos fundamentales: es opaca sobre su dinero y algunas de sus actividades, fue propuesta por una dictadura, está blindada contra parte de la libertad de expresión y los juzgados interpretan que la «inviolabilidad» constitucional impide cualquier investigación judicial sobre el titular, haya hecho lo que haya hecho y aunque no tenga ninguna relación con el cargo. En un estado así, como podría alguien sorprenderse de que la fiscalía no haya hecho nada más que una interpretación teatral, con todo esto de la «investigación» del negocios oscuros particulares de Juan Carlos de Borbón?
Ya se ha analizado en este semanario en varias ocasiones estos cuatro puntos sustanciales que definen la actual monarquía española. Dejando de lado el caso peculiar de Andorra y las corona-empresa de Luxemburgo, Mónaco y Liechtenstein, en la Unión Europea existen seis monarquías constitucionales: Gran Bretaña, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Bélgica. Ninguno una de questaes cuenta con alguno de los cuatro elementos sustanciales de la corona borbónica.
Aunque cada una de las seis tiene orígenes muy pretéritos, en realidad, constitucionalmente, basan su legitimidad actual en haber tomado una nítida posición política a favor de la democracia y contra el nazismo. Incluso es así en el caso de Suecia, neutral durante la Segunda Guerra Mundial: la corona supo rectificar la inicial actitud hacia el régimen hitleriano, que se podría calificar de pasiva. Por el contrario, las otras monarquías europeas que fueron cómplices de los nazis no superaran la victoria aliada de 1945. En el caso español, sin embargo, la corona actual fue inventada por el régimen dictatorial de Francisco Franco en 1947 -aliado los nazis-, a través de una norma que otorgaba al dictador la capacidad de nombrar al rey, y en 1969 Juan Carlos de Borbón le dio contenido al aceptar aquel trono hasta entonces vacío. Tanto fue así como que su padre, Juan de Borbón, calificó de «ilegal» y de «ruptura de la línea sucesoria» tradicional de los Borbones en España. Por lo tanto, era una nueva corona, claramente. Inventada por una dictadura. Lo que lo aleja radicalmente de las monarquías constitucional de la Unión, por mucho que en 1977 Juan renunciase a sus derechos sucesorios y que la Constitución de 1978 asumiera esta corona dictatorial.
Respecto a los otros tres elementos, la española es la única de las prefecturas de estado hereditarias de la Unión que no informa hasta el detalle de todos sus actividades y cuestiones económicas que le afectan -la belga tenía un comportamiento similar hace años , pero desde que está el nuevo titular, en 2013, su comportamiento en este sentido es exquisito y se ha alunizar de la de Madrid-, que tiene un blindaje legal de carácter excepcional e insólito en una democracia que le evita ciertas críticas y que, en consecuencia, conculca en parte el derecho a la libertad de expresión; y, finalmente, la interpretación que hasta ahora ha dado la justicia a la «inviolabilidad» del rey durante el ejercicio del cargo es una aberración, como ha quedado -otra vez- en evidencia: según esta delirante forma de entender tal prerrogativa , el monarca español no está sólo blindado por lo que hace como jefe del Estado sino por todo, puede hacer cualquier cosa en su vida privada y no se le pueden aplicar las leyes.
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