La libertad de expresión sigue estando en jaque aun después de dos años bajo el gobierno socialista y los españoles no recuperan sus libertades arrebatadas.

España y la libertad de expresión, una lucha continua contra la represión / Pablo Sánchez:

Con la llegada del PP al gobierno en medio de una de las peores crisis económicas que España ha vivido en las últimas décadas, la austeridad se hizo el lema con el que se trató de justificar el maltrato hacia la clase trabajadora. El problema, además del injustificado recorte de derechos laborales que se vivió en el país a costa de una recuperación económica que permitiera inflar los bolsillos de los que nunca pierden, es que se extendió a otras libertades para evitar los efectos del empobrecimiento y la precariedad a la que se abocaba la sociedad.

A través de la represión que desde el aparato político se pone en marcha para contrarrestar el descontento social que provocan las políticas de la temida austeridad, comienza un mayor camino de recorte de la libertad de expresión por la que se arremete contra una parte de la sociedad de forma sistemática y mucho más persistente. Para ello, se ponen en marcha diferentes mecanismos desde el aparato político que protejan y blinden a los ejecutores de dicho recorte a través de la inmunidad y el poder.

La primera etapa culmina con la aprobación de la «ley mordaza», que abre la puerta al aumento de poder discrecional de la policía, capaz de valorar qué acciones son consideradas desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad. Además, para tratar de evitar «segundas opiniones», las grabaciones a los agentes están limitadas o, más bien, su uso. Todo ello se hace dentro de un marco de protestas y tensión social que crece conforme el descontento provoca do por las políticas de austeridad aumenta, siguiendo el interés de aquellos que pretenden silenciar cualquier disidencia. La libertad de expresión en este momento sufre un revés del que todavía no nos hemos recuperado y deja una serie de episodios que, a día de hoy, siguen avergonzando a la sociedad española.

Los casos más mediáticos

Con Pablo Hasél veíamos uno de los casos más polémicos vividos al respecto y que desde la derecha se defendió a capa y espada. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información consideraba la condena contraria a los estándares internacionales y entendía que supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Pero tal y como lo considera esta plataforma lo hacen también decenas de defensoras de derechos humanos que ven esta sentencia como un ejemplo clarificador de lo que pasa cuando alguien molesta y pone de manifiesto la corrupción en los elementos del Estado que precisamente pagamos todos.

Hasél, además de ser condenado por las letras de sus canciones, también fue condenado por el contenido de algunos tweets en los que, según el juez que le condena, «enaltecía el terrorismo e injuriaba a la corona y a instituciones estatales». Esta pena de nueve meses de prisión va contra cualquiera que defienda la libertad de expresión en el país y no asuma como norma que los instrumentos utilizados por la monarquía y sus defensores deban estar al servicio de quienes, a través de la represión, pretenden callar las voces que manifiestan el carácter corrupto de los mismos.

Pero el caso de Pablo Hasél no era el único del que se hacían eco los medios. Cassandra Vera también era condenada por la Audiencia nacional por unos chistes sobre Carrero Blanco. La fiscalía, entonces, pedía dos años y seis meses de cárcel para la tuitera y sus tuits que, según la Audiencia Nacional, suponían un «desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta». En este momento es necesario recordar que estamos hablando de chistes y una condena superior a dos años, por lo que la joven acabaría entrando en prisión si no hubiera sido revocada, posteriormente, por el Tribunal Supremo.

Las sentencias condenatorias por delitos de opinión se cifran alrededor de 150. Artistas, periodistas, tuiteros y políticos han sido condenados por injurias al rey, escarnio contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo, publicaba Público hace unos meses. La reforma del código penal urge para evitar una continua vulneración del derecho de libertad de expresión. La derogación de la ley mordaza ha de darse en su totalidad y no de forma parcial, tal y como pretende hacerse.

La tendencia autocrática europea también se observa en España cuando hablamos de libertades básicas. Que esta no haya disminuido con la entrada de un gobierno supuestamente progresista debería hacernos pensar de las verdaderas intenciones que albergan. Mientras, organismos europeos que supuestamente defienden los derechos de los ciudadanos, instan a España a revertir su violación de los artículos 11 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que la ley mordaza comete. El Consejo de Europa también anima a España a reformar la ley mordaza mientras el PP se vanagloria del uso que ahora el PSOE pone en marcha con las devoluciones en caliente en la frontera sur española y que han paralizado su reforma y modificación, porque la derogación no parece que vaya a llegar.