La Revolución de Asturias fue una insurrección obrera y socialista ocurrida en Asturias en el mes de octubre de 1934. Comenzó el 5 de octubre y fue sofocada por la intervención del ejército para el día 19. Calificada como uno de los episodios más oscuros de la Segunda República, se calcula que cerca de 2.000 asturianos y asturianas perdieron la vida por la brutal represión ejercida por el gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux. Para muchos, fue la antesala de la represión que ejerció el bando sublevado a partir de 1936.

Clima político

Entre diciembre de 1933 y octubre de 1934, la incipiente inestabilidad política entre los Radicales de Lerroux y la actividad de la CEDA venían agitando los temores de la izquierda y de los sectores obreros. Los temores sobre un golpe fascista se acrecentaron tras una concentración que la CEDA celebró en Covadonga el 9 de septiembre de 1934. ​ A estos hechos se unió la confiscación del vapor "Turquesa", que llevaba un alijo de armas por encargo del socialista Indalecio Prieto. Tras aquel agitado verano, las Cortes Generales se reunieron el 1 de octubre y ese mismo día la CEDA retiró su apoyo al gobierno presidido por Ricardo Samper exigiendo la entrada en el mismo, cosa que consiguió tres días después, cuando el 4 de octubre se anunció la formación del Gobierno Radical-cedista presidido por Alejandro Lerroux. Era la señal esperada por las Alianzas Obreras. El día 5 de octubre, la UGT declaró la huelga general y Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra.

Así pues, el día 5 comenzó el movimiento huelguístico e insurreccional decretado por el Comité Revolucionario socialista presidido por Francisco Largo Caballero, aunque en la mayor parte del país fracasó. En Madrid destacó la inactividad, al igual que ocurrió en Extremadura, Andalucía y Aragón.​En las Provincias vascas hubo alguna que otra actividad destacada que fue rápidamente sofocada, como también ocurrió en Barcelona y Cataluña. Así pues, solo quedaba Asturias.

Estallido de la revolución

Como en el resto del Estado español, en tierras asturianas la huelga general revolucionaria se inició en la madrugada del 5 de octubre y los mineros pasaron rápidamente a la acción, haciéndose con el control de toda la cuenca minera. Los centros de operaciones se situaron en Mieres (cuenca del Caudal), y en Sama de Langreo (cuenca del Nalón), y desde ambas localidades se coordinaron las acciones de los mineros que llevaron a la rendición de 23 cuarteles de la Guardia Civil en las primeras horas —el resto serían ocupados tras la huida de sus defensores en el día siguiente—. A este éxito sin precedentes se sumó el triunfo de las milicias obreras en las inmediaciones de Oviedo, en La Manzaneda, sobre un batallón de infantería y una sección de Guardias de Asalto enviados desde la capital del Principado tras declararse el estado de guerra.

En cambio, en la capital Oviedo, el movimiento insurreccional no triunfó en la madrugada del 5 de octubre porque un error técnico impidió que se produjera un apagón en la ciudad, que era la señal convenida para la movilización y para que entrara en la ciudad una columna minera del Caudal encabezada por el secretario general del sindicato minero, el socialista Ramón González Peña. Así el ejército y la guardia civil tuvieron tiempo de prepararse para defenderse concentrándose en los cuarteles y los puntos estratégicos de la ciudad. ​Esto no impidió que las columnas de los mineros penetraran en la ciudad ocupando el ayuntamiento el día 6, el cuartel de carabineros y la estación de ferrocarril el día 7, el cuartel de la Guardia Civil el día 8 y la fábrica de armas en la madrugada del día 9. Sin embargo, los mineros no pudieron tomar los cuarteles de Pelayo y Santa Clara que quedaron cercados. La guarnición de la ciudad, compuesta por unos 1000 efectivos, poco pudo hacer frente a este cerco y se limitó a resistir los ataques de los obreros, en espera de que llegase una columna de socorro.​ Fuera de la capital también se produjeron importantes acciones en las ciudades de la cuenca minera, especialmente en Mieres y Sama de Langreo. En otras partes de la provincia fueron atacados los puestos de la Guardia Civil, y también algunas Iglesias y ayuntamientos, etc.

En Gijón el movimiento insurreccional se vio condicionado por la falta de armas y de municiones. Hubo algunos disparos desde azoteas o ventanas hasta que el Comité Revolucionario optó por distribuir las pocas armas y municiones de que disponía entre cuatro grupos de una quincena de hombres cada uno, que se parapetaron tras las barricadas levantadas en los tres barrios obreros de la ciudad. Cuando el día 7 de octubre llegó al puerto el crucero Libertad desembarcando un primer batallón de soldados de las fuerzas militares enviadas por el gobierno para sofocar la rebelión, los grupos armados gijoneses -con el apoyo de un grupo llegado desde Sama de Langreo y de un camión blindado enviado desde La Felguera- hostigaron a las fuerzas gubernamentales que intentaban abrirse paso hacia Oviedo.

Fuera de las cuencas mineras y de las dos grandes capitales asturianas, hubo insurrecciones en el concejo de Pola de Siero, donde los comités revolucionarios de mayoría socialista atacaron y rindieron los cuarteles de la Guardia Civil, y a continuación se distribuyeron armas y se organizó la defensa; en Trubia, los obreros de la fábrica de armas actuaron con rapidez y contundencia rindiendo a la Guardia Civil y a la guarnición militar que custodiaba la factoría; en Grado, el comité de mayoría comunista se hizo con el control de la población e izó la bandera roja en el Ayuntamiento; en Avilés, la revuelta se inició con un día de retraso por la falta de efectivos y de armas, y la acción más notable que consiguieron los insurrectos antes de la llegada a la ciudad de la columna del general López Ochoa fue hundir el buque Agadir en la bocana del puerto para impedir la arribada de unidades de la flota. En Luarca, la localidad más poblada del oeste de Asturias, no hubo insurrección porque la Guardia Civil detuvo al comité revolucionario antes de iniciarse el movimiento.

A los tres días de iniciada la insurrección buena parte de Asturias ya se encontraba en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y La Vega que se pusieron a trabajar día y noche. En toda la provincia se organizó un Ejército Rojo, que al cabo de diez días llegó a alcanzar unos 30.000 efectivos, en su mayoría obreros y mineros.

Respuesta gubernamental

Desde el gobierno consideran que la revuelta asturiana es una guerra civil en toda regla, aun desconociendo que los mineros empiezan a considerar en Mieres la posibilidad de una marcha sobre Madrid. El gobierno adopta una serie de medidas enérgicas. Ante la petición de Gil-Robles comunicando a Lerroux que no se fía del jefe de Estado Mayor, el general Masquelet, los generales Goded y Franco (que tenían experiencia al haber participado en la represión de la huelga general de 1917 en Asturias) son llamados para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropas de la Legión y de Regulares desde Marruecos. También fueron enviados el crucero Almirante Cervera​ y el acorazado Jaime I., que participaron en el bombardeo de algunos núcleos costeros.

El gobierno acepta la propuesta de los generales Franco y Goded y el radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, justifica formalmente el empleo de estas fuerzas profesionales, pues eran las únicas fuerzas militares españolas que habían entrado en combate en África, y, además, al gobierno también le preocupaban que las muertes fueran de jóvenes peninsulares, que podrían divulgar más tarde los hechos, creando problemas al gobierno, por lo que la solución adoptada le parece muy aceptable. También se debió al factor miedo del uso de los regulares, formados por soldados marroquíes, que disfrutaron de gran autonomía de sus mandos para poder asesinar, violar y saquear a la población sometida.

El despliegue de las tropas para sofocar la sublevación se hizo por cuatro frentes. El primero en abrirse fue el frente sur con el avance el mismo día 5 de octubre por la tarde de varias unidades militares a través del puerto de Pajares procedentes de León y comandadas primero por el general Bosch y finalmente por el general Balmes. Para detener su avance los insurrectos desplegaron una fuerza compuesta por unos 3.000 mineros y metalúrgicos organizados y armados desde Mieres, que teóricamente tenían que haberse dirigido a Oviedo, ya que los asturianos esperaban que la insurrección hubiese triunfado en la zona minera de León, impidiendo así el paso de las tropas gubernamentales desde la Meseta hacia Asturias. Estos milicianos, bien organizados y conocedores de la orografía de la zona, logran cercar a las tropas de Bosch en Vega del Rey, quedando inmovilizadas hasta el 10 de octubre. Solo al día siguiente y tras duros combates, en los que los insurrectos utilizaron piezas de artillería gracias a la colaboración de un teniente de la Guardia Civil hecho prisionero, las tropas gubernamentales lograron abrirse paso hacia la cuenca del Caudal y hacia su capital, Mieres.

El segundo frente fue el norte abierto con el desembarco en Gijón a partir del 7 de octubre de legionarios y regulares del Ejército de África al mando del teniente coronel Yagüe, cuya llegada provocó la huida de la ciudad en busca de refugio de un importante sector de la población. Tras vencer la resistencia que encontraron —aunque la huelga general en Gijón aún se prolongaría hasta el 16 de octubre— iniciaron su avance en dirección a Oviedo el 10 de octubre. El tercer frente fue el oeste abierto por el avance de la columna comandada por el general López Ochoa procedente de Galicia que ocupó la fábrica de armas de Trubia.​ Algo más tarde se abrió un cuarto frente por el este con el avance a través de Santander de una columna procedente de Bilbao al mando del teniente coronel Solchaga que fue detenida por los vehículos blindados de La Felguera en el Berrón, no muy lejos de Oviedo.

Cuando se conoció en Oviedo el avance de las tropas gubernamentales por los cuatro frentes, unido a las noticias que llegaban sobre el fracaso del movimiento revolucionario en el resto de España, cundió el desánimo y en la noche del 11 de octubre el Comité Revolucionario Provincial ordenó la retirada de la capital y se disolvió, cuando aún continuaba la batalla en el centro urbano y las tropas de López Ochoa entraban en la ciudad. Sin embargo, la desbandada no se generalizó y en pocas horas se formó un nuevo Comité Revolucionario Provincial, compuesto mayoritariamente por jóvenes socialistas y comunistas, dispuesto a continuar la lucha, cuando a las tropas de López Ochoa ya se habían unido los legionarios y regulares de Yagüe, que comenzaron allí los primeros actos de violencia y pillaje. Los combates continuaron durante los dos días siguientes, en los que las milicias obreras atacaron al enemigo desde posiciones elevadas (Naranco, San Esteban de las Cruces) y desde barrios obreros, mientras que las octavillas lanzadas desde aviones les instaban a la rendición en las que se decía que la resistencia era inútil porque el movimiento revolucionario había fracasado ya en toda España, lo que los resistentes se negaban a creer, aún dispuestos a "dar el último empujón al capitalismo moribundo", como se decía en un manifiesto redactado por comunistas. Finalmente, el día 13 de octubre Oviedo fue totalmente ocupada por las tropas gubernamentales.

Tras la caída de Oviedo los obreros se retiraron a las cuencas mineras, donde se formó el tercer y último Comité Revolucionario Provincial bajo la presidencia del socialista Belarmino Tomás, con sede en Sama de Langreo, la capital de la cuenca del Nalón. El día 15 las tropas del general Balmes en el frente sur lograban vencer la última resistencia que les impedía el paso hacia Mieres, en la cuenca del Caudal. Entonces el Comité Revolucionario Provincial decidió negociar la rendición y envió al teniente de la Guardia Civil Torrens, que había sido hecho prisionero por los insurrectos, para que se entrevistara con el general López Ochoa, comandante en jefe de los 18.000 hombres que había desplegado el gobierno para aplastar la sublevación. En una segunda reunión, esta vez entre el general López Ochoa y el propio Belarmino Tomás se fijaron los términos de la rendición de los insurrectos.

La entrevista tuvo lugar en Mieres, precisamente la localidad de la que habían partido los insurgentes el 5 de octubre, y en ella el general López Ochoa aceptó los términos propuestos por Belarmino Tomás: que los marroquíes de los regulares y los legionarios no fueran en vanguardia de las tropas que ocuparan las cuencas mineras, porque entonces ya se conocían "las masacres de los africanos sobre insurrectos y población civil de los barrios obreros de Oviedo".40​ A cambio el dirigente minero le garantizó al general López Ochoa la entrega de las armas y prisioneros, aunque no la de los miembros del Comité Revolucionario.

El acuerdo alcanzado entre el general López Ochoa y el líder de los mineros Belarmino Tomás, puso furioso al teniente coronel Yagüe, al general Francisco Franco que dirigía las operaciones desde Madrid, y también al líder de la CEDA, José María Gil Robles, partidarios los tres de que la represión fuera brutal.

Los términos del acuerdo, no sin resistencias minoritarias, fueron aceptados por las asambleas de los mineros, aunque algunos optaron por ocultar las armas y no entregarlas y otros por huir a través de las montañas. ​El 18 de octubre, dos semanas después de comenzar la insurrección, se rendía el último reducto y las tropas gubernamentales ocupaban las cuencas mineras.

La represión

La represión de la sublevación llevada a cabo por las tropas coloniales fue muy dura e incluso se dieron casos saqueos, violaciones y ejecuciones sumarias. Al frente de la represión rápidamente destacó por su brutalidad un oficial de la Guardia Civil, Lisardo Doval Bravo, que desde entonces se convirtió en una de las bestias negras del movimiento obrero.​ Otros militares que destacaron fueron el teniente coronel Yagüe (comandante de las sanguinarias tropas africanas) y el general López Ochoa, que desde entonces recibiría el sobrenombre del Carnicero de Asturias.​ Sin embargo, el historiador Gabriel Jackson distingue claramente entre la actuación del general López Ochoa que "hizo lo que pudo para evitar los asesinatos y las violaciones, incluyendo el fusilamiento de cuatro moros culpables de atrocidades", y la del teniente coronel Yagüe, de la Legión, "que prefirió emplear un saludable terror como arma y no contuvo a sus tropas".​ Meses después de los hechos, el general López Ochoa habló con el socialista Juan Simeón Vidarte sobre algunos de los episodios de lo acontecido en Asturias:

Una noche, los legionarios se llevaron en una camioneta a veintisiete trabajadores, sacados de la cárcel de Sama. Sólo fusilaron a tres o cuatro porque, como resonaban los tiros en la montaña, pensaron que iban a salir guerrilleros de todos aquellos parajes y ellos correrían peligro. Entonces procedieron más cruelmente, decapitaron o ahorcaron a los presos, y les cortaron los pies, manos, orejas, lenguas, ¡hasta los órganos genitales! A los pocos días, uno de mis oficiales, hombre de toda mi confianza, me comunicó que unos legionarios se paseaban luciendo orejas ensartadas en alambres, a manera de collar, que serían de las víctimas de Carbayín. Inmediatamente le mandé que detuviese y fusilase a aquellos legionarios, y él lo hizo así. Éste fue el motivo de mi altercado con Yagüe. Le ordené, además, que sacara a sus hombres de la cuenca minera y los concentrase en Oviedo, bajo mi vigilancia, y le hice responsable de cualquier crimen que pudiera ocurrir. Para juzgar a los rebeldes estaban los tribunales de justicia. También me llegaron las hazañas de los Regulares del tabor de Ceuta: violaciones, asesinatos, saqueos. Mandé fusilar a seis moros. Tuve problemas, el Ministro de la Guerra me pidió explicaciones, muy exaltado: "¿Cómo se atreve usted a mandar fusilar a nadie sin la formación de un Consejo de Guerra?". Yo le contesté: "Los he sometido al mismo Consejo de Guerra al que ellos sometieron a sus víctimas".

A raíz del asesinato en plena calle del periodista liberal Luis Sirval por un oficial de la Legión, el teniente Dimitri I. Ivanov, y dado que el Gobierno había impuesto la censura sobre las noticias procedentes de Asturias que hablasen de los métodos que se estaban utilizando en la represión, un grupo parlamentario de investigación, integrado por los diputados socialistas Álvarez del Vayo y Fernando de los Ríos y los republicanos radicales Clara Campoamor y Félix Gordón Ordás, fue a Asturias. Una de sus conclusiones fue la falsedad de las noticias difundidas por la prensa de derechas de que se habían producido violaciones de monjas y de que a algunos niños se les habían arrancado los ojos. Además, recogieron testimonios sobre tortura a los prisioneros. Uno de los miembros de la comisión parlamentaria, Félix Gordón Ordás, elaboró un informe sobre las "torturas sádicas" que utilizaba el comandante Lisardo Doval y lo envió al presidente del gobierno Alejandro Lerroux, que en principio ordenó a sus superiores que contuvieran las actividades del comandante, y finalmente ordenó su inmediato traslado por insubordinación al haber entregado copia de las órdenes recibidas a destacados dirigentes monárquicos. También fue a Asturias un grupo de parlamentarios de Gran Bretaña que llegó a las mismas conclusiones que sus colegas españoles. Su informe, a pesar de las protestas del gobierno español, desató una ola internacional de simpatía hacia los mineros asturianos.

Los dos consejos de guerra contra los diputados socialistas implicados en la revolución, Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña, celebrados en febrero de 1935, tuvieron un enorme impacto entre la opinión pública, incluso a nivel internacional. El Partido Socialista Francés recogió miles de firmas para pedir la amnistía de todos los procesados y el diputado socialista francés Vincent Auriol visitó al presidente del gobierno Alejandro Lerroux en nombre de la Liga de los Derechos del Hombre. Los tribunales militares dictaron sentencia de muerte el día 16 de febrero de 1935 para Menéndez y González Peña, seguidas a los pocos días de la misma condena para otros diecisiete miembros de los "comités revolucionarios". La decisión de presidente del gobierno Lerroux de recomendar al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora la conmutación de las sentencias abrió una grave crisis en el gobierno de coalición radical-cedista, ya que tanto José María Gil Robles de la CEDA como Melquíades Álvarez del Partido Republicano Liberal Demócrata se opusieron y anunciaron que dejaban de apoyar al gobierno. Alcalá-Zamora, gracias al respaldo de Lerroux, conmutó todas las sentencias de muerte.

El gobierno suspendió las Garantías constitucionales, buena parte de los periódicos de izquierda fueron clausurados, numerosas corporaciones municipales de partidos de izquierda fueron disueltas​ y los jurados mixtos (recién instaurados durante el Bienio Reformista) fueron suspendidos.​ De las 23 penas de muerte inicialmente proclamadas como consecuencia de esta revolución, el presidente Niceto Alcalá Zamora conmutó 21: solo fueron ejecutados el sargento Vázquez (entre otras cosas, había volado un camión con 32 guardias civiles) y Jesús Argüelles Fernández “Pichalatu”.

Texto: Wikipedia