¿Para cuándo la orden de detención contra el delincuente y prófugo Juan Carlos I de Borbón, Rey Emérito?

¿Para cuándo la orden de detención contra el delincuente y prófugo Juan Carlos I de Borbón, Rey Emérito?

El Gobierno español se ha apresurado a emitir un comunicado en relación con la detención de Puigdemont, desde el que se proclama que “debe someterse a la acción de la justicia, exactamente igual que cualquier ciudadano”.

“Igual que cualquier otro ciudadano” es una falsedad evidente; ahí tenemos al defraudador, entre otros delitos, Juan Carlos I, viviendo a cuerpo de rey -nunca mejor dicho- en una mansión en la Isla de Zaya Nurai, Emiratos Árabes Unidos; mansión de 1.050 m² de vivienda, 4.100 de parcela, seis dormitorios, siete cuartos de baño, piscina y acceso a una playa privada. Todos los gastos derivados de su estancia están costeados por el erario público español.

Juan Carlos de Borbón fue pieza clave en la construcción y sostén de este Régimen de corrupción. Centenares de miles de personas viven al calor de ese sistema corrupto y, cómo es lógico, le están muy agradecidos al personaje.

El actual Gobierno de Coalición tiene como una de sus tareas principales (y para ello está más capacitado que un hipotético gobierno de la derecha formal) la de garantizar la continuidad del Régimen; y en esa dirección están orientados todos sus pasos, que incluyen varias líneas complementarias de acción: la compra pura y dura de algunos sectores del soberanismo catalán y de otros movimientos soberanistas, hasta no hace mucho tiempo instalados en proyectos rupturistas; así como la represión pura y dura hacia aquellos sectores que en los diversos pueblos del Estado se mantienen coherentemente en posiciones de exigencia de cambios democráticos y justicia social.

La detención el jueves 23 de septiembre en el aeropuerto de L’Alguer (Cerdeña) de Carles Puigdemont es un claro exponente de esa política represiva. Puigdemont es una referencia coherente en la defensa de los derechos políticos de Cataluña, a diferencia de sectores de Esquerra, que se han entregado a la estrategia del Estado y del Gobierno de Coalición encabezado por Pedro Sánchez. No es fácil prever cómo culminará este nuevo episodio de detención para la extradición del exiliado político Puigdemont, pero desgraciadamente parece que todas las posibilidades están abiertas en esta ocasión.

Este acontecimiento, aunque es el más notorio y significativo, no es el único de entre las maniobras de esa naturaleza puestas en práctica por el Régimen y su Gobierno. El cierre del periódico digital Kalera Info, orientado a la información en relación con los presos políticos vascos, es otro claro ejemplo de esa línea represiva.

El intento de ilegalización / extinción de IzCa y las trabas injustificadas a la inscripción de la Fundación Doris Benegas tienen similar finalidad.

El Fiscal de la Audiencia Nacional ha emitido su informe en relación con el tema de la ilegalización de IzCa, y este no tiene desperdicio. Entresacamos algunas de las afirmaciones del texto:

“La citada LO 3/2015, de 30 de marzo, justificaba la creación del procedimiento especial del art. 12 bis LOPP, como vía garantista de intervención judicial, para la depuración y mejora del funcionamiento del Registro de Partidos Políticos, que permita cancelar la inscripción registral de partidos políticos inactivos.”

“(…) que redundará en una depuración y una mejora del funcionamiento del Registro de Partidos Políticos al permitir, mediante la tramitación de un procedimiento en el que se garantiza la intervención judicial, cancelar la inscripción registral de partidos que, en atención a las circunstancias que se contemplan, se consideran inactivos”

“Se considera que la extinción del partido político demandado, que no consta que tenga actividad (…)”

La “creatividad” de la tesis de la Fiscalía es similar a la falta del mínimo rigor y ética democrática. Es perfectamente objetivable que Izquierda Castellana es una organización política con una actividad muy significativa en todos los ámbitos de los movimientos sociales y populares. Creemos que eso precisamente es lo que les preocupa y lo que motiva el proceso de intento de extinción/ilegalización.

El día 14 de diciembre tendrá lugar la vista en la Audiencia Nacional sobre el citado proceso. Demostraremos en el procedimiento que la tesis de la Fiscalía, en el sentido anteriormente señalado, es una pura falsedad. También las tesis del Ministerio del Interior.

El Régimen está sumamente debilitado, también su marco referencial principal -la Unión Europea-, pero no hay que engañarse: si no conseguimos articular un potente movimiento popular con una dirección política precisa, este podrá sobrevivir durante largo tiempo intensificando su corrupción, embrutecimiento, amoralidad, dependencia exterior y mayor empobrecimiento en las clases populares. No permitiremos tal cosa.