Dicen que uno debe tener amigos hasta en el infierno, y esto se cumple en el caso del emérito Juan Carlos I con las instituciones judiciales. En este caso, ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo quien movió ficha para intentar favorecer al ex monarca en las distintas investigaciones de corrupción que hay sobre él.

Nuevo escándalo de la Casa Real: una justicia a medida para Juan Carlos / Beatriz Corvalán:

No hay día que amanezca y no haya un nuevo caso de corrupción asociado al rey Juan Carlos o a la Casa Real. Hablamos de casi 100 millones evadidos, ocultados en bancos suizos y paraísos fiscales, fruto de concesiones millonarias de tratos con regímenes totalitarios, como Arabia Saudí. Hablamos de correrías, como la de Botsuana o con su primo, Álvaro de Orleáns, que llevaba una fundación pantalla con la que blanquear dinero proveniente de Suiza. Y suma y sigue.

Estas inversiones y gastos fraudulentos llevan en el punto de mira desde que abdicara en 2014. Hasta ahora no ha habido una investigación sistemática ni se ha sentado en el banquillo como acusado. Y ello gracias a las instituciones españolas. El Gobierno más “progresista” de la historia no ha hecho una acusación firme. Es más, tan innumerables son los casos de corrupción del ex monarca como los infructuosos “gestos republicanos” de Unidas Podemos (UP) para abrir comisiones de investigación, todas bloqueadas por PP y PSOE (casualidad, principal socio de la formación morada en el Ejecutivo).

El escándalo en esta ocasión ha sido que la propia Justicia, que no duda en encarcelar raperos, firmar desahucios y mirar hacia otro lado en lo que a delitos de odio por parte de neonazis y feminicidas se refiere, también ha ido rápido a proteger a Juan Carlos. En esta ocasión, hizo unas notificaciones “genéricas” y poco claras al emérito, de modo que pudiera poner en orden sus cuentas antes de que la Fiscalía iniciase trámites legales.

Esto ocurrió antes de las regularizaciones que llevara a cabo Juan Carlos, en diciembre de 2020 y febrero de 2021, en las que llegó a pagar 5 millones de euros. Esto supone que Juan Carlos no podría haber llevado a cabo una regularización estándar (mucho menos cuantiosa que pagar al fisco a golpe de denuncia). Según el Código Penal, sólo puede hacerse una regularización de las cuentas de un particular con Hacienda previo a que ésta notifique que se van a tomar medidas legales. Una vez interpuestas tales acciones, el particular no puede hacer cuentas y debe esperar a que Hacienda le reclame lo debido con intereses.

Ahora bien, la treta es tan sucia como torpe. La Fiscalía avisó «extraoficialmente» con una notificación al Rey; una notificación, según parece, que no advertía de ningún delito concreto, sino sólo de la posibilidad de ser investigado por algo. Esta notificación se hizo a través de su abogado Javier Sánchez-Junco (¡un antiguo agente Anticorrupción!), a quien se invitó a personificarse para conocer los detalles. Por supuesto, él no asistió para poder alegar desconocimiento.

En resumen: sólo si el acusado conoce la naturaleza de la investigación puede llevar a cabo una regularización, por lo que el abogado no va a conocer esas acusaciones y la Fiscalía manda una notificación tan genérica que no dice el delito del que se podría acusar.

Este escenario, que recuerda a Gila buscando al asesino con indirectas, es toda una maniobra para poner en sobre aviso a Juan Carlos, de forma que pueda regularizar (por decirlo de alguna manera, pues siguen siendo absolutamente opacas) sus cuentas antes de recibir una acusación formal. Y decimos formal, porque tanto él como el abogado sabían el tipo de delito que la Fiscalía, supuestamente, iba a iniciar, ya que en toda la prensa eran públicos los escándalos y desfalcos del emérito.

Depende ahora de la Agencia Tributaria si considera esas notificaciones válidas. Según su decisión el panorama puede tomar dos cauces: o bien la Fiscalía ha buscado eximir al Rey Juan Carlos mediante una “notificación fantasma”, en colaboración con su abogado, para que tuviera tiempo de actuar; o bien las notificaciones son válidas, el emérito tenía suficiente conocimiento formal, y entonces debe aún un gran pellizco a Hacienda.

Sea cual sea el resultado, lo que resulta evidente es la absoluta sinergia que hay entre la Casa Real y las instituciones del Régimen del 78. Se ha hecho evidente (una vez más) que la Justicia protege a la monarquía como una institución represiva, parasitaria y corrupta, que aun con el rey actual tiene tratos con regímenes que no respetan los derechos humanos, de mismo modo que en España no se respeta la autodeterminación de los pueblos o la libertad de expresión cuando ésta va a dirigida contra la monarquía.

Huelga decir que este panorama no se soluciona con comisiones de investigación ni llevando al Rey ante una Justicia cómplice dispuesta a blindarle por la tangente. Sólo la movilización, la realización de referéndums y órganos de decisión para elegir qué tipo de régimen queremos puede conducir a acabar con una monarquía heredera del franquismo, piedra angular del Régimen del 78, corrupta y represiva.