Proyecto Faq El Tribunal de Orden Público. La represión de la libertad en el franquismo

lunes, 27 de septiembre de 2021

El Tribunal de Orden Público. La represión de la libertad en el franquismo


 
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha anunciado que la ley que se tramita en el Parlamento “plantea a la radical nulidad de todas las condenas del TOP y del resto del sistema represor franquista” 

El Tribunal de Orden Público. La represión de la libertad en el franquismo

Juan José del Águila, abogado laboralista y magistrado, ha realizado una rigurosa investigación sobre la actividad del Tribunal de Orden Público. El exhaustivo texto está prologado por la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En un acto de presentación en el auditorio Marcelino Camacho de Madrid el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, anunció que la ley que actualmente se tramita en el Parlamento “plantea a la radical nulidad de todas las condenas del TOP y del resto del sistema represor franquista

María Emilia Casas, primera mujer en ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional manifestó : “Es como si en las facultades de Historia no se estudiara la época de Isabel II. El pasado hay que asumirlo, lo que fue, fue. Durante la dictadura no había tribunales de justicia sino de injusticia, eran tribunales de represión de las ideas y de la conflictividad estudiantil y social”.

Paloma López, secretaria de Comisiones Obreras de Madrid destacó que el autor “pone encima de la mesa un debate que tiene que ver con el papel de la judicatura y el tránsito entre las instituciones franquistas y las de nuestra actual democracia. Hay que conocer bien el pasado para saber qué suelo pisamos”.

Un albañil, primer condenado

La obra es una extensa, minuciosa y rigurosa investigación sobre el Tribunal de Orden Público (TOP), una de las instituciones judiciales de represión política más temidas durante la dictadura en los años sesenta y setenta.

El TOP, el Juzgado de Orden Público (JOP) y la Brigada Político-Social, encargada de obtener confesiones de la personas detenidas a base de torturas y palizas, constituyeron el entramado judicial represivo para perseguir cualquier atisbo de disidencia y atemorizar a la población durante una de las etapas más oscuras y silenciadas de la historia de España.

El TOP se estrenó con una sentencia, dictada en 1964, que condenó al peón de albañil Timoteo Buendía Gómez a diez años de cárcel por decir en un bar de Leganés “me cago en Franco”. La deriva clasista del tribunal es evidente: siete de cada diez personas que fueron llevadas ante el TOP, que en total impuso 11.958 años de cárcel, eran de clase obrera.

El juicio con mayor número de procesados fue contra 40 mineros asturianos, y los inculpados con más sentencias del TOP fueron el minero Nicolás Corte y los fundadores de CCOO Eduardo Saborido y Marcelino Camacho.

Los siguientes en su punto de mira fueron estudiantes y nacionalistas, fundamentalmente vascos.

Listado de víctimas

El libro incluye el listado con los nombres de todas las víctimas y de los abogados y abogadas que participaron en su defensa, un verdadero acto de valentía como cabe imaginar.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, subrayó la importancia de que aparezcan en esta investigación los nombres de las personas procesadas y de quienes tuvieron el valor de defenderlas. “Hay que humanizar a las víctimas y visibilizarlas”, proclamó.

También anunció que la Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Parlamento “plantea la la radical nulidad de todas las condenas del TOP y del resto del sistema represor franquista”, e informó de que el Ministerio aborda este este momento actuaciones para la exhumación de 303 fosas del franquismo.

La presentación de la obra se convirtió en un homenaje a todas las personas que sufrieron persecución durante la dictadura y que pagaron con su vida o con duras penas de cárcel su lucha por la democracia y los derechos de la clase trabajadora. Participaron en el acto Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; José María Alonso Puig, decano del Colegio de Abogados de Madrid; Alejandro Ruiz-Huertas Carbonell, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, y José María Mohedano Fuertes, abogado y patrono de la misma Fundación.


Fuente → nuevatribuna.es

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