Aquellas víctimas siguen pidiendo justicia. Agrupadas en el recientemente creado Comité de Familiares de Españoles Víctimas del Genocidio Argentino, varios sobrevivientes del régimen reclaman que se conozca el verdadero alcance de las relaciones entre la España de la transición y la dictadura cívico-militar que instaló un auténtico régimen de terror entre 1976 y 1983.

"Durante los años de dictadura argentina, el Gobierno español no tuvo una intervención efectiva en favor de los españoles que estaban siendo secuestrados y desaparecidos", afirma Seoane, quien lamenta también el papel de la monarquía en aquellos momentos. De hecho, el rey Juan Carlos y la reina Sofía viajaron en noviembre de 1978 a Argentina pese a los reclamos de familiares de desaparecidos argentinos y de partidos políticos españoles –como el PSOE o el PCE– para que cancelase aquella visita oficial. No lo consiguieron. 

"La corona española no tuvo, como sí lo hicieron otros países, un pronunciamiento de repudio frente al golpe de estado en Argentina", lamenta la hermana de María Seoane. De hecho, España fue el primer país que reconoció oficialmente a la dictadura de Videla tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 "por expreso mandato de Su Majestad el Rey", aseguró entonces el embajador de este país en Argentina, Gregorio Marañón. 

Según consta en distintos documentos obtenidos por Público en archivos oficiales de Buenos Aires y Madrid, Juan Carlos I garantizó a la dictadura que el ministro de Economía del régimen, José Alfredo Martínez de Hoz, encontraría en España "la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales", tal como el funcionario pudo constatar en una visita realizada a este país en julio de 1976 y que se tradujo en un "programa de cooperación económica y financiera"  entre ambos países.

El acuerdo incluía, entre otros puntos, una línea especial de crédito del Banco de Exterior de España al régimen de Videla para "amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares". "Parte de este crédito será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina", señala un documento confidencial al que tuvo acceso Público. 

El escritor e investigador de origen gallego Lois Pérez Leira, quien ejerce como coordinador del nuevo comité de familiares de españoles desaparecidos en Argentina, sostiene que esos acuerdos económicos, junto a las condecoraciones entregadas por el rey a Videla y a otros altos cargos del régimen "señalan las simpatías mutuas entre la dictadura y la monarquía". 

"Creo que este es el momento de investigar si el Estado español cometió algún delito por falta de asistencia a sus ciudadanos, que eran víctimas de delitos de lesa humanidad", afirma Pérez Leira. A su juicio, "España miró para otro lado mientras se producía el genocidio".

En tal sentido, Inés Seoane trae a su memoria aquellos días previos a la visita de Juan Carlos I a Argentina y los intentos de los familiares de desaparecidos españoles para tratar de conseguir una reunión con el monarca. "Nuestra insistencia ante las autoridades consulares hizo que finalmente se nos concediera una entrevista reducida a cinco o seis familiares. Mi madre, Victorina Toimil de Seoane, no pudo estar ese día, por lo que yo asistí en su lugar como hermana de María Seoane Toimil, desaparecida en 1977", recuerda.

Las promesas de Juan Carlos I

"Durante la reunión, le entregamos al rey Juan Carlos una carpeta con el listado de españoles desaparecidos o en cautiverio, lista incompleta pero que reunía los casos que conocíamos hasta ese momento –relata–. Cada uno de los familiares que asistimos a esa reunión le relatamos pormenorizadamente las situaciones aberrantes de los secuestros de nuestros familiares y el silencio frente a toda clase de reclamos que habíamos hecho". 

Según rememora Seoane, "el rey escuchó con atención y tuvo en su poder toda la documentación que le dimos, comprometiéndose a hacer averiguaciones que pudieran esclarecer lo sucedido. De hecho, llevó consigo copias de los habeas corpus que pudimos reunir en ese momento y la documentación de nuestras gestiones".

Sin embargo, aquellas palabras no se tradujeron en hechos concretos. "Nunca tuvimos ninguna respuesta", lamenta la hermana de María Seoane, al tiempo que cree que aquella reunión simplemente fue "una puesta en escena para salvar la escandalosa situación que hubiese sido negarse a atender a familiares de víctimas españolas del terrorismo de estado".

Cartas desesperadas

Aquellas no fueron las únicas notas que tuvo Juan Carlos I sobre el drama de los desaparecidos españoles. Entre los documentos obtenidos por Público figuran varias cartas enviadas a La Zarzuela por parte de familiares de las víctimas, en las que pedían que la Casa Real hiciera todo lo que estuviese a su alcance para tratar de salvar a sus seres queridos.

Una de esas cartas había sido enviada precisamente por Victorina Toimil, la madre de María. En esa nota escrita a mano el 13 de octubre de 1978, la mujer relataba el secuestro de su hija y los últimos instantes que vivieron juntas. "El día 12 de mayo de 197, aproximadamente a la 1.30, un grupo de hombres armados –10 o más– llamaron por altavoz desde la calle, mandando que encendiéramos las luces y saliéramos con las manos en alto", describía Victorina.

La mujer relató en aquella carta el momento de la despedida. "Les pedí desesperadamente que me dejaran acompañar a mi hija, lo que no me permitieron. Imploré darle un beso, y me amenazaron con un 'señora, no insista porque cuento hasta tres y disparo'. Desde entonces no he sabido más nada de ella", explicaba.

El entonces secretario del rey, Sabino Fernández Campo, envió una respuesta oficial a Victorina. "Estimada señora: Sus Majestades los Reyes han recibido su  carta de fecha 13 de octubre, y me han dado el encargo de acusar recibo de la misma", expresó. A la vuelta del viaje de los monarcas a Argentina, Fernández Campo volvió a escribirle a la madre de María Seoane para notificarle que había trasladado su carta "al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Presidencia de la Cruz Roja española". No hubo más noticias. 

"Teníamos experiencias de que otros países habían sido muy activos en su reclamos por sus ciudadanos y en ese momento nuestra expectativa era enorme, sobre todo porque en el año 78 ya se conocía la existencia de centros de detención clandestinos y sabíamos que había muchos compañeros vivos. Fue grande nuestro asombro y desilusión al enterarnos que no solo no tuvimos ninguna ayuda sino que además, la corona española había otorgado una distinción al genocida Videla", señala Inés Seoane. Hoy, con la vista atrás, no oculta su "sentimiento de desamparo".