Un año esperando (sin éxito) reformas en la monarquía

MadridHace un año, la fuga de Juan Carlos I, acorralado por sus corruptelas, trajo incluso al PSOE –un partido que cierra filas con la arquitectura del 78– a abrir la puerta a reformas que “modernicen” la Corona y la adecúen a la España del siglo XXI, en palabras del presidente español, Pedro Sánchez. A pesar de las promesas, más de 365 días después, el emérito continúa su estancia en Abu Dhabi mientras la Fiscalía investiga sus actividades turbias, y nada ha cambiado para revertir los niveles de privilegio y opacidad de que disfruta la monarquía, en una crisis de prestigio que por ahora se tiene que medir desde el terreno de las sensaciones, porque el CIS continúa sin preguntar por la Corona desde abril de 2015.

Inviolabilidad

¿La ausencia de responsabilidad tiene que proteger los actos privados?

Hasta donde llega la inviolabilidad –no poder ser juzgado– del rey es uno de los principales debates que ha planteado el asunto Juan Carlos. Excepto PP y Vox, el resto de partidos han criticado públicamente la ocultación de patrimonio del emérito, que es de momento lo único que él mismo ha reconocido con las dos regularizaciones en Hacienda. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha manifestado este viernes en una entrevista a Europa Press que ve con buenos ojos la elaboración de una ley que determine el alcance de la inviolabilidad y deje fuera los actos no refrendados –la responsabilidad de cualquier firma del rey en el ejercicio de sus funciones es, en realidad, del presidente del gobierno, del ministro competente o de la presidencia del Congreso.

Esta idea es precisamente la que plantearon Más País y Compromís en una proposición de ley en el Congreso que no llegó ni a tramitarse y que Unidas Podemos también quiere poner sobre la mesa. Hace meses que el socio del PSOE en el ejecutivo prometió que llevaría su propuesta a la cámara baja y todavía no lo ha hecho para evitar un choque con los socialistas y por el contexto de la pandemia. A priori, no habría que reformar la Constitución porque el artículo 56.3 es genérico sobre la inviolabilidad. Por lo tanto, se podría mantener y desarrollar este aspecto en una ley específica. La jurisprudencia sí que se ha pronunciado y ha metido en la ausencia de responsabilidad cualquier acto del jefe del Estado, si bien algunas voces jurídicas consideran que elaborar una norma que separe los actos refrendados de los privados dejaría en papel mojado la doctrina judicial.

Transparencia

El presupuesto de la monarquía es desconocido y no fiscalizado

La cara judicial es una de las vías que el caso Juan Carlos ha evidenciado como más urgentes, a pesar de que desde el PSOE se ha ido enfriando la posibilidad de tocar la inviolabilidad. Otra de las patas es la transparencia de la que volvió a hablar Sánchez martes desde el Palacio de Marivent. La monarquía no está sometida a la ley de transparencia ni tampoco a la ley del Tribunal de Cuentas, que se encarga de fiscalizar el sector público del Estado.

Lo único que se conoce es que la casa real tiene una asignación de los presupuestos generales del Estado anual de unos ocho millones de euros y, desde la llegada de Felipe VI, se publica a qué va destinada. No obstante, varios ministerios dedican recursos –humanos y económicos– a la institución que no están contabilizados y que elevan con creces la cifra real del coste de la monarquía para las arcas del Estado. A la espera de si el PSOE y el PP se avienen a abrir algún debate –en la Moncloa están convencidos de que hace falta al principal partido de la oposición para abordar cualquier cuestión vinculada a la Corona–, otra posibilidad que tampoco se ha producido este último año es que la institución se autorregule con alguna medida en beneficio de la transparencia.

Control parlamentario

La mesa del Congreso, un muro infranqueable

El PSOE tampoco ha tenido intención de debatir o investigar políticamente desde el Congreso las actividades de Juan Carlos, ni siquiera las posteriores a su abdicación y que quedarían fuera de la inviolabilidad. Las formaciones soberanistas y Unidas Podemos han presentado a lo largo de estos meses múltiples iniciativas y siempre se han encontrado con el veto de la mesa, donde los socialistas han hecho pinza con el PP y Vox, aduciendo que a la cámara baja no le corresponde controlar la monarquía.