Proyecto Faq Proyecto de Ley de Memoria 2021: Avances y limitaciones, retos y perspectivas

viernes, 27 de agosto de 2021

Proyecto de Ley de Memoria 2021: Avances y limitaciones, retos y perspectivas

Superar las enormes limitaciones del Proyecto de Ley requerirá movilizar todos los recursos de análisis y acción en todo el territorio. Poner en pie la plena defensa de la Verdad, la Justicia y la Reparación, es la única garantía de sacar adelante la pedagogía antifascista que se necesita en este país de países

Proyecto de Ley de Memoria 2021: Avances y limitaciones, retos y perspectivas  / Acacio Puig:

El nuevo Proyecto de Ley de Memoria está a la espera de debate en Cortes. Emergen valoraciones críticas desde la izquierda, unas individuales y otras colectivas, en tanto que los partidos de la derecha reiteran su voluntad de plena oposición a la misma y prometen derogarla si ocupan el gobierno. Consolidar los avances del Proyecto y fortalecer las condiciones para superar sus limitaciones mediante la más amplia acción social y política, constituyen un reto de la mayor urgencia.

Sin embargo, solo una mejora de la relación de fuerzas capaz de hacer frente al negacionismo neo franquista y las carencias del memorialismo gubernamental, permitirán la consolidación y desarrollo –necesariamente permanentes- del combate por la Verdad, la Justicia y la Reparación.

La tarea es inmensa y no fácil en este contexto socio político y requiere la configuración de una estrategia unitaria capaz de sensibilizar y movilizar a amplios sectores sociales para salir del fango que enloda nuestra historia, nuestra memoria y que pudre nuestro futuro. Desde esa perspectiva proponemos las siguientes cuestiones.

1.- Memoria del Exilo

 
Lo dicho se explicita en la Exposición de Motivos (II) en el Título Preliminar, en el Título 1 y la consecuente institución de los 8 de mayo como fecha de homenaje al exilio y en el Título 2/capítulo III, mediante el reconocimiento de bienes expoliados a particulares y partidos en el extranjero (en Francia desde el régimen colaboracionista de Pétain, por ejemplo). En ese sentido, en el capítulo III referido a Reparación (Artículos 46 en adelante) la Ley aboga por las restituciones a sus herederos o el establecimiento de las pertinentes compensaciones a propiedades en el exilio y se extiende en asuntos como: la incorporación a la Investigación Histórica del exilio, la Resistencia, los Campos de Concentración, la Cultura desde el exilio… incorporación a Itinerarios hispanos de los Lugares de Memoria del exilio y abriendo espacios a la participación de esas asociaciones en el proyectado Consejo de Memoria, etc.

También el Proyecto de ley reconoce la nacionalidad española a descendientes del exilio y de manera tan tardía como simbólica, reconoce la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales sin forzarles a renunciar a su propia nacionalidad… (Aunque ¿Cuántos de aquellos brigadistas continúan vivos en 2021?).

Subrayemos en este sentido y por último, la necesidad de reforzar el apoyo mutuo entre los memorialismos del exilio y los del interior, un apoyo que exige mayor coordinación y el desarrollo, desde el actual apoyo ético y documental, hacia cotas específicamente socio políticas y pedagógico-culturales que siguen hoy pendientes.

Esa solidaridad socio política -que va más allá de la participación de doble dirección en eventos memorialistas- permitirá encarar juntos el actual Proyecto de Ley de Memoria y favorecer tanto la ejecución de sus avances, como el desbordamiento de sus límites y frenar cualquier regresión que intenten imponer los partidos de la derecha española. Se trata pues de una nueva dimensión a desarrollar fraternalmente en el presente y el futuro, reforzando y precisando alianzas eficaces desde el respeto a la diversidad y el desigual desarrollo de los movimientos memorialistas del interior y el exterior de España.

2.- Exhumaciones

 
El nuevo Proyecto de Ley -que será vigente un año después de ser la ley aprobada en Cortes- derogará la Ley de Memoria 52/2007 (“ley Zapatero”) que hasta el presente fue también triste referencia en el tema de las exhumaciones y sin embargo fue congelada a partir de 2011 por los dos sucesivos gobiernos presididos por Rajoy. El PP, tan atento a imponer políticas de austeridad a l@s más y al rescate financiero de la banca, decretó la supresión de recursos y subvenciones del estado a las múltiples exhumaciones pendientes que con dificultades, siguieron adelante recurriendo a financiación mediante mecanismos de suscripción popular.

La ley Zapatero estuvo muy por debajo de las exigencias planteadas entonces por el Memorialismo y de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en lo referente a la responsabilidad de exhumar restos de asesinados durante décadas de represión franquista, mal enterrados en fosas comunes y muchas de ellas sin localizar. Por una parte las exhumaciones se delegaban en las asociaciones memorialistas que en su caso contarían con inciertas subvenciones públicas; pero además, la ley 52/2007 se adaptaba al veto de propietarios privados de terrenos en que se sospechase la presencia de fosas y también se plegaba a la voluntad de los descendientes directos de los asesinados para iniciar (o no) los procesos de exhumación. Es decir que la Administración del Estado dimitía de sus responsabilidades ante genocidios que formaban parte del terrorismo de estado ejercido por la dictadura.

Nuevos informes (y presiones) internacionales y finalmente los redactados en 2014 por Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, enfatizaron contundentemente que las exhumaciones eran responsabilidad del Estado. En ese sentido, el Proyecto de Ley 2021 asume en su Título II que las exhumaciones son responsabilidad de la Administración General del Estado que deberá establecer los mecanismos financieros para llevarlas a cabo. Además, da a las Asociaciones Memorialistas el poder de ser claramente “instancias de localización y búsqueda” y aunque no elimina la posible oposición de descendientes de asesinados a las exhumaciones de sus restos, el estado se compromete a “ponderarlas” así como a autorizar “la ocupación temporal de terrenos privados” para prospecciones y exhumaciones de fosas. Finalmente, a partir del Artículo 22 del Título II, se prohíbe la ocultación de restos humanos y se establece un “banco gratuito de ADN”.

Se trata pues de cambios sustanciales a defender y que responden tanto al derecho a la verdad sobre los asesinatos, como al digno entierro de restos y al esclarecimiento de los datos de pormenores territoriales de la barbarie represiva ejercida desde 1936. Todo ello, por su valor pedagógico, constituirá una base para educar en la verdad de un régimen asentado sobre el ejercicio del asesinato, la represión y el dominio, mediante la imposición del miedo y la falsificación desde los medios, las aulas y el relato reaccionario de sus historiadores.

Evidentemente, lo esencial será la defensa sociopolítica del paso adelante en materia de exhumaciones frente a amenazas de involuciones impuestas por políticas reaccionarias de corte neo franquista, como las defendidas por PP, Vox y en buena medida C’s, el partido que “no opina porque no estuvo en 1936”.

3.- Verdad, hechos y pedagogía

 
El Proyecto de Ley en sus Títulos Preliminar y Primero, acota investigación, documentación, etc. sobre víctimas de la Guerra y la dictadura hasta la fecha de promulgación de la Constitución de 1978 y amplía ambiguamente fechas, en su Título Tercero, respecto a los temas de Bebés Robados (“por su complejidad”) y los concernientes a la represión específica a las mujeres, que parecen quedar abiertos a futuras concreciones y desarrollos.

Aunque nos ocuparemos después de dos pilares presentados en el texto como inamovibles (Constitución y Ley de Amnistía) es necesario señalar ya que 1978 no supuso el fin de la represión franquista: asesinatos perpetrados por grupos fascistas en connivencia con fuerzas policiales, torturas en comisarías y asesinatos de los que fueron específicamente responsables fuerzas de seguridad del estado, no acabaron entonces sino que configuraron el Trágico paisaje de la transición sangrienta: a los asesinatos en 1978 de Germán Rodríguez, Agustín Rueda y de Yolanda González en 1980, siguieron muchos otros que esperan ser investigados y esclarecidos.

Entre los crímenes en que se vio implicada directamente la Policía Armada (que a partir del 4 de diciembre de 1978 pasó a llamarse Policía Nacional) recordamos los siguientes que tuvieron lugar en entre abril de 1978 y diciembre de 1979, es decir en menos de dos años:

1978/ Elvira Parcero en Vigo, el 21 de abril- Germán Rodríguez en Pamplona, el 8 de julio- Joseba Barandiarán en San Sebastián, el 10 de julio- Gustavo Muñoz en Barcelona, el 11 de septiembre.

En 1979 / Ursino Gallego en Madrid, el 4 de marzo- Valentín González en Valencia, el 29 de junio- Emilio Fernández en Lugo, el 14 de agosto- Ignacio Quijera en San Sebastián, el 1 de septiembre- José Luis Montañés en Madrid, el 13 de diciembre- Emilio Martínez en Madrid, el 13 de diciembre.

Preguntamos al hilo de los Títulos Preliminar y Primero del Proyecto de Ley De Memoria Democrática: ¿Dejan todos ellos de ser considerados víctimas… porque se les asesinó durante el proceso de debate constitucional o estando ya promulgada la Constitución Española de 1978? ¿Sus muertes serán investigadas y sus asesinos juzgados? Así seguían siendo las cosas en aquellos años y no deben seguir así.

Retomando el hilo desde 1936, los desmanes del franquismo fueron a la par con la falsificación de la historia, el adoctrinamiento “educativo” en la mentira y el despliegue de estrategias de aterrorizar a la población y masacrar toda disidencia. La negación de hechos, el blindaje del relato fascista en “clave nazional”, el secuestro y destrucción de archivos comprometedores y la Ley de Secretos Oficiales de 1968, han jugado un papel determinante en la falsificación de la verdad.

Todo ello y el que una Ley de Secretos aprobada en 1968 durante el tardo franquismo siga vigente y que el nuevo Proyecto de Ley de Memoria solo apunte a “su modificación” (Título II/capítulo 1) basta para caracterizar el inmenso déficit democrático de la actual Constitución española. De modo que lo que permanecía oculto ha sido desvelado -cuando ha sido posible- por la actividad de historiador@s críticos, testimonios de represaliad@s y las actividades del conjunto del Movimiento Memorialista, un movimiento vertebrado por antifranquistas con origen en todas las corrientes comunistas, libertarias, socialistas, nacionalistas radicales, republicanas y familiares de represaliados, además del trabajo –irremplazable-de historiadores críticos.

Es necesario decir que ese esfuerzo por establecer la verdad no ha sido correspondido por partidos de gobierno (y gobernantes) como el PSOE, faltos de voluntad política para proponer algo diferente a un esclarecimiento por modestísimas etapas de algunas verdades ocultas. Y en ese sentido, resulta inadmisible que el Proyecto de Ley (Exposición de motivos, apartado III) dé por bueno lo hecho y solo hable de “necesidad de ajustes” respecto a ese largo período de dimisión de responsabilidades memorialistas de que ha hecho gala la socialdemocracia española. El restablecimiento de la verdad será pues largo y trabajoso y solo se lograrán resultados fortaleciendo los vínculos entre memorialismo y sociedad, forzando la acción adecuada de la izquierda política y evidentemente, haciendo retroceder las pretensiones involucionistas de las políticas de derechas.

En cuanto a la implementación de una pedagogía acorde con la verdad histórica y la puesta en marcha de una divulgación de valores acordes con la defensa integral de las libertades, la tarea es también de calado y sujeta siempre a los riesgos de gobiernos de derechas que derogan pronto lo que no encaja en sus espurios intereses negacionistas.

Además de lo señalado en los artículos 44, 45, 46 del Capítulo III del Proyecto, esa pedagogía deberá incidir específicamente (y eso no se señala en el texto) en la educación de ámbitos especialmente contaminados por las ideologías franquistas y muy receptivos respecto a valores de la actual ultraderecha, ámbitos como las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Poder Judicial.

Actualmente, un grupo de historiadores y profesionales de la educación ya avanzan propuestas de modificación de contenidos de historia en el Bachillerato acordes con la verdad.

4.- ¿Qué Justicia y Reparación?

 
Mucha tarea por delante. La Ley de Amnistía (1977) y la Constitución (1978) blindaron una Transición basada en el consenso entre franquistas caracterizados generosamente como “evolucionistas” y los dos partidos de izquierda con más base social y que iban a encontrar acomodo en el nuevo marco institucional (el PSOE y el PCE).

Ese muro legal aceptó la forma de estado monárquica impuesta por el antiguo régimen, negó el derecho a la autodeterminación de las naciones sin estado y dio un reconocimiento solo formal a derechos políticos y sociales permanentemente amenazados por nuevas leyes o incumplimientos. Al mismo tiempo se absolvieron los crímenes de 40 años de dictadura franquista, configurándose la Ley de Amnistía como una “ley de punto final”.

Sin exigir responsabilidades, ni depurar aparatos de estado del franquismo, se abrió un prolongado período durante el que los responsables de delitos de lesa humanidad permanecieron en puestos de poder, se jubilaron en ellos y finalmente, van falleciendo sin sobresaltos.

Y durante esas más de cuatro décadas transcurridas desde la muerte del dictador y la relativa descomposición del antiguo régimen, también el antifranquismo perdió fuelle: fallecimientos de gentes de más edad, silencio educativo que ha mantenido en el desconocimiento a varias generaciones y abrumador peso de nuevos problemas desde la precariedad y el paro a la catástrofe climática y la actual pandemia, entre otros. El conjunto de esos factores ha minorizado el calado social del memorialismo y confirma la hipótesis de que para el poder se trataba de dejar transcurrir el tiempo para mitigar cualquier urgencia de ajustar cuentas con el pardo pasado de España.

Cuando el actual Proyecto de Ley de Memoria Democrática vincula la Constitución de 1978 con ”los valores democráticos y la apuesta de convivencia futura” se tergiversan los contenidos de la misma (y de la Ley de Amnistía) ocultando las características de aquel momento en que el hambre social de libertades limitaba la conciencia crítica, pero también se camuflan los contenidos precisos y el procedimiento que escamoteó un auténtico Proceso Constituyente y lo sustituyó por consensos y finalmente, por la congelación sine die aquellos acuerdos de hace más de 40 años.

Ese “muro legal” solo ha conducido a modestísimas reparaciones por etapas y escamoteado cualquier atisbo de justicia… excepto las que ha logrado arrancar la actividad ininterrumpida el conjunto del movimiento memorialista, mediante apoyo social y de algunos partidos políticos. El conjunto configura la enorme anomalía española en la propia UE de las democracias neoliberales.

Cierto que el Proyecto de Ley concreta y amplía el campo de las víctimas por ejemplo en los Artículos 3 y 4 del Título II (exiliad@s, campos de concentración y de exterminio, profesionales depurados, guerriller@s, pres@s y torturad@s, bebés robados, nacionalistas, LGTBI, patrimonios incautados, masones, etc.) además de incluir afectados por la polio y Pueblo Gitano en el Título IV. Pero lo dominante en el Proyecto es la “reparación moral” y se excluyen o mantienen en la ambigüedad las reparaciones económicas, la restitución de incautaciones por no hablar de la ausencia de exigencias a empresas que se beneficiaron de trabajo esclavo (a las que sin embargo es posible seguir la pista por muchas fusiones, cambios de denominación empresarial y reconversiones que hayan tenido lugar durante estas décadas de impunidad). Lo fundamental queda así pospuesto a posibles desarrollos futuros, aunque Reparación y Justicia estén pendientes desde hace décadas.

Cierto también que la anulación de condenas judiciales de tribunales de la dictadura por ilegítimos y que la retirada de recompensas, condecoraciones y pluses económicos se define como una tarea a realizar junto a la extinción de fundaciones franquistas apologéticas de aquel siniestro ideario y acciones asesinas, de la resignificación del Valle de los Caídos y la insistencia –que no es nueva pero no fue plenamente cumplida- de limpiar símbolos en la vía pública y topónimos (de esos temas se ocupa el Título IV) incluyendo un “régimen sancionador” al respecto). Habrá que vigilar el que esas disposiciones y sanciones se lleven a cabo en todas partes, independientemente de los colores gobernantes.

Pero es preciso subrayar que en el Proyecto de Ley se excluyen los juicios, es decir que las causas que la Coordinadora CEAQUA ha interpuesto ante la Justicia Argentina no son consideradas por la Ley de Memoria propuesta por el gobierno PSOE-UP. Su devenir dependerá de la presión y exigencia social.

También sería imprudente creer que el conjunto de disposiciones propuestas será “garantía de no repetición”, aunque sí constituirá un freno importante. Tras la derrota de todos los fascismos históricos, las medidas legales han sido “ese freno” pero no han impedido la emergencia de nuevas extremas derechas, fascistas y neoliberales a un tiempo, como ilustran los casos de Alemania, Italia y Francia. La garantía de no repetición reside –como siempre- en la acción antifascista permanente de la mayoría social. Sin construirla, todo se repite.

5.- Vincular la defensa de la Memoria con el alcance de plenas libertades y derechos hoy

 
La democracia española es limitada y precaria, deudora de su origen en componendas y de su connivencia con la impunidad del franquismo. A pesar de las proclamas constitucionales del régimen del 78, la monarquía impuesta marcó la senda recorrida por esa impunidad y el bipartidismo.

A la persistente zancadilla con que el poder judicial hace su “ajuste de cuentas” con cualquier exigencia democrática y los descontroles represivos periódicos de las fuerzas de seguridad del estado, se suman corruptelas crónicas (la lista es larga en empresas, partidos, particulares e incluye los desmanes del rey emérito) el atentado a derechos sociales y laborales, las discriminaciones a mujeres y jóvenes, los desequilibrios territoriales (y la negación constitucional de la soberanía de los pueblos para decidir su futuro es decir, el derecho a la autodeterminación) y los derechos climáticos y campesinos; también la arrolladora prepotencia de la agro industria y ganadería intensiva, el desbarajuste especulativo de las industrias de la energía… y desde luego, la restricción de derechos de asilo y acogida a emigrantes, etc. El conjunto deja el listón de la democracia española muy bajo.

No es casual. Pero el lamentable nexo entre franquismo y democracia limitada “a la española” (de aquellos polvos estos lodos) constituye también la base objetiva para tender puentes entre la defensa de la Verdad, Justicia y Reparación-emblema del movimiento memorialista- y actuales vindicaciones del resto de movimientos sociales, sindicatos y partidos progresistas.

Décadas de dictadura y una transición degradada han dejado un saldo de limitada capacidad de conciencia, de organización y de resistencia, con dificultades supletorias para encarar las nuevas agresiones impuestas por las políticas neoliberales extendidas en toda la UE. La misma UE que considera el sistema de fijación de precios de la luz en España como “el más eficiente” y que en el horizonte inmediato exige una nueva reforma laboral y del sistema de pensiones.

Sin ese puente, la lucha memorialista aquí corre el riesgo de ser necesaria pero testimonial, aunque sea dignamente histórica y ciertamente imprescindible… pero amenazada de permanecer en gran medida desconectada de lo que hoy se mueve en defensa de la expansión de las libertades en todos los ámbitos de la existencia.

Por eso, nos parece que el problema va más allá de “mantener” el memorialismo antifranquista y encontrar el relevo generacional en esa “larga marcha”. El problema es tan de ayer como de hoy, porque el cierre en falso con la dictadura decretado por el Régimen del 78 solo se resolverá adecuadamente incorporando los nuevos problemas y actores socio políticos que demandan una democracia plena, una democracia radical.

De modo que necesitamos construir un movimiento complejo e interconectado, un auténtico movimiento de movimientos (consciente de que es fácil “escribirlo” pero difícil animar convergencias para “construirlo”) que defendiendo la justa recuperación del pasado defienda simultáneamente el mejor presente. Es difícil, pero es la perspectiva más útil y la más correcta. Quizá es, además, la única posible para avanzar.

6.- Concluyendo

 
6.1 – Importa desplegar el más amplio debate y acción social sobre este Proyecto de Memoria y hacerlo antes, durante y después de su presentación en Cortes. El Movimiento Memorialista, historiadores y partidos de izquierda pueden, actuando unitariamente, impedir cualquier regresión de los aspectos más avanzados del Proyecto de Ley. Lo logró el feminismo echando atrás la ley Gallardón que buscaba recortar el derecho al aborto y ese es el único camino.

6.2 – Superar las enormes limitaciones del Proyecto de Ley requerirá movilizar todos los recursos de análisis y acción en todo el territorio. Poner en pie la plena defensa de la Verdad, la Justicia y la Reparación, es la única garantía de sacar adelante la pedagogía antifascista que se necesita en este país de países. Dada la cantidad de asuntos pospuestos a desarrollos posteriores, la participación activa del Memorialismo en el futuro Consejo de Memoria, será condición necesaria (aunque nunca suficiente) para desbordar los actuales límites del Proyecto de Ley de Memoria Democrática.

6.3 – El esperado derrumbe del muro legal configurado por la Ley de Amnistía y la Constitución avanza con lentitud y de modo desigual en los diferentes territorios del estado. El impulso permanente y unitario de la acción socio política hasta lograr su completa derogación y sustitución por auténticos valores democráticos es tarea de largo aliento, pero hace tiempo que ya está en marcha.

6.4 – Por todo ello la defensa de la Verdad, la Justicia y la Reparación está estrechamente vinculada a la conquista del mejor futuro para mujeres, hombres y territorios que hoy configuran y habitan España.


Fuente → loquesomos.org

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