Las asociaciones de víctimas del franquismo piden que se elabore un censo oficial de víctimas, puesto que no se sabe

La plataforma que agrupa a un centenar de colectivos de víctimas del franquismo y a sus familias, Encuentro por la Memoria, ha pedido al Gobierno que elabore un censo oficial de víctimas y represaliados, cuyo número exacto es «absolutamente desconocido».

En un comunicado emitido este viernes, Encuentro por la Memoria sale al paso de la cifra adelantada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, coincidiendo con la aprobación del proyecto de Memoria Democrática.

Según los cálculos del ministro, a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros.

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«La cifra llama la atención porque hasta el momento, que se sepa, el Estado no ha cuantificado el número total de víctimas del franquismo», ha alertado la plataforma, que critica que 85 años desde el golpe de estado franquista y 44 de las primeras elecciones democráticas, el número de víctimas siga siendo «absolutamente desconocido».

La asociación culpa de ello a que ningún organismo de la Administración las haya cuantificado en su totalidad, como correspondería, a su juicio, a un Estado de derecho.

«En definitiva, la reparación económica de las víctimas del franquismo no es un hecho real a día de hoy. Las cifras facilitadas hasta el momento dejan en absoluta evidencia a quienes las presentan como garantía de tal reparación y constituyen un insulto y de nuevo una revictimización a las personas represaliadas y a sus familias», denuncia la plataforma.

Imagen de los trabajos de recuperación de restos humanos en la fosa común. – Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Para Encuentro por la Memoria, el derecho a la reparación sigue siendo sustraído incluso en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática recientemente aprobado y que se encuentra pendiente de su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado mes de julio el proyecto de ley de Memoria Democrática que, según el Gobierno, sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la «acción política» del Ejecutivo y homologa la legislación española al del resto de países europeos.