Emilio Silva (Elizondo, Navarra, 1965) sabe de historias olvidadas, de memoria, de huesos, de silencio y de rabia. Con la Asociación para la Recuperación para la Memoria Histórica (ARMH), una organización que fundó en el año 2000 y de la que es presidente, lleva más de dos décadas desenterrando a los desaparecidos que ningún régimen, ni fascista ni democrático, quiso sacar del olvido. También denunciando a quienes cometieron los crímenes que llevaron a esos cuerpos al subsuelo con total impunidad.

21 años después de la primera vez que se arremangara la camisa para sacar a padres, hermanas, abuelos, bisabuelas, primas y amigos de la tierra, y tras 46 años de la muerte del dictador, este luchador de la memoria, tan pragmático como inconformista, comenta los pros y los contras de la segunda ley que un gobierno democrático español promulga con la idea de buscar verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del fascismo durante la guerra y la dictadura. Una Ley de Memoria Democrática cuyo proyecto de ley remitió el Consejo de Ministros al Congreso el 20 de julio y con la que Silva —avanzamos— no está nada contento.

Un año para cerrar el texto entre la presentación del anteproyecto de ley y la aprobación del texto. Han tardado.
Depende de cómo pongamos el contador. Pedro Sánchez lleva tres años en la Moncloa. También los llevaba como vicepresidenta Carmen Calvo, y ella anunció el 15 de septiembre que el texto en tres meses llegaba al Congreso. Han pasado diez y todavía no está en el Congreso, sí aprobado por el Consejo de Ministros pero aún le tienen que dar entrada. Eso ejemplifica perfectamente lo que pasa, y es que se está repitiendo lo que ocurrió en 2007 [con la Ley de Memoria Histórica]. A nosotros nos anunciaron que estaría en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2005 y llegó al final de la legislatura.

Cómo puede ser que sea un delito exaltar el franquismo y no lo haya sido que el franquismo haya hecho desaparecer a 114.000 personas

Para muchas de las cosas que pedimos al Estado no hace falta ninguna ley, esto es más una voluntad de quien gobierna. Si hubiera querido Pedro Sánchez, el día que llegó a la Moncloa hubiera convocado al jefe de los forenses del Ministerio de Justicia, al jefe del Instituto Toxicológico, a investigadores y departamentos de historia de universidad públicas y hubieran empezado en el minuto uno a hacerlo.

  Esta ley no da ni un paso para acabar con la impunidad del franquismo

El texto de la ley plantea desde su inicio la consigna de los defensores de la memoria histórica: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Habla de justicia y no va a juzgar a nadie. Habla de verdad y pretende hacer un censo de víctimas sin nombrar a los verdugos y sin hacer un censo de verdugos. Y habla de reparación pero no va a indemnizar a las familias. Se supone que asume los principios que le señalan dos informes que Naciones Unidas del año 2014, pero lo que está haciendo es, dentro de ese marco de impunidad, crear algunas tareas. Nuestra sensación es la de una ley fallida otra vez. 

Un gobierno de una democracia que en vez de garantizar los derechos humanos, los subvenciona, tiene una carencia y una debilidad democrática clarísima

Cuando se hizo público el texto de la ley 2007 eso motivó a un grupo de asociaciones a ir hacia la Audiencia Nacional, porque el primer texto de 2006 ni nombraba el franquismo. Esta ley es una ley muy light. A mí me cuesta mucho poner límites a la libertad de expresión, pero cómo puede ser que sea un delito exaltar el franquismo y no lo haya sido que el franquismo haya hecho desaparecer a 114.000 personas. La ley es más estética que ética, porque si considerase que hay que hacer justicia, perseguiría a los responsables de esas violaciones de derechos humanos.

No acaba entonces, para vosotros, con la impunidad de quienes represaliaron impunemente.
No para nosotros, es un hecho. La ley no va hacer nada por dar un paso hacia el fin de la impunidad del franquismo. Nada. Es un problema de voluntad política: de no tocar la Ley de Amnistía, de no meterse a hacer algo en el poder judicial, dentro de lo que puede hacer un poder ejecutivo.  

Es como si yo fuera al atentado de Atocha del 11M y a los 190 muertos los dividiera en grupos de diez y les dijera: familiares, presentarme proyectos pero solo voy a reparar a cuatro grupos

Pretende subvencionar la solución de derechos humanos, algo que es gravísimo. Nosotros no nos presentamos a estas subvenciones que han convocado porque estamos en contra de un modelo que es una aberración: hace competir a grupos de familiares para alcanzar recursos públicos para que unos presenten mejores proyectos que otros y se excluyan unos a otros. Es como si yo fuera al atentado de Atocha del 11M y a los 190 muertos los dividiera en grupos de diez y les dijera: familiares, presentarme proyectos pero solo voy a reparar a cuatro grupos.

Un gobierno de una democracia que en vez de garantizar los derechos humanos, los subvenciona, tiene una carencia y una debilidad democrática clarísima. Y la ley no solo subvenciona, sino que además canaliza unos recursos a través de los ayuntamientos, con lo que en algunos municipios va a someter a la ideología de quien gobierne si se aplican o no los derechos humanos. Eso es otra aberración democrática. Los derechos humanos son inherentes a los seres humanos, no puede haber un alcalde que me los quite o una corporación que me diga que no, que mi abuelo está bien enterrado en una cuneta.

Son los problemas que puede dar el modelo elegido para las exhumaciones, donde serán las asociaciones las encargadas de los trabajos y no el propio Estado. ¿Qué planteáis que habría que haber hecho en este sentido?
Lo que hay que hacer es que el Estado cree una institución, como la tiene el Gobierno vasco sin ley ahora mismo. Esta semana el Gobierno vasco ha llevado una ley al Parlamento vasco, pero lleva desde 2003, con distintos partidos en el Gobierno, con una institución, el Instituto Gogora, donde si un familiar llama se le cita, se le atiende, se le cuida desde el Estado y se investiga desde la institución. El resultado de la investigación es entregado en una copia al familiar. Y si en el proceso de la investigación se encuentra una fosa, se exhuma de manera automática y se identifica genéticamente, no se convoca una subvención ni a un comité que decide sí o no. Se considera que el Estado tiene ese deber y no hay nada que discutir. Lo que tiene que hacer el Estado es extender ese modelo a donde no lo haya.  

Habría que estudiar al mismo nivel la vida de Queipo de Llano, que decía por alocuciones radiofónicas a sus soldados que violaran a mujeres como Clara Campoamor

Yo no le puedo dar una categoría de víctima a nadie. Eso lo tiene que hacer un Estado. Cuando externalizan eso, están negando a las víctimas esa categoría. Nosotros hemos hecho casi 200 exhumaciones y tenemos un montón de documentación, de informes arqueológicos y forenses, pero somos una parte. Toda esa información es una información de parte, pero si todo eso hubiera tenido un funcionario del Estado como notario que, simplemente, hubiera estado en funciones del Estado en las exhumaciones levantando acta, diciendo que eso es un hecho histórico, ya no sería una verdad de parte, sino que sería parte de la verdad. El Estado, cuando externaliza todo eso, se está lavando las manos de atender a los familiares como víctimas, de darles sus derechos, y se está lavando las manos de crear es verdad oficial. Luego con esa verdad que cada uno piense con su ideología como le dé la gana.

Sí plantea la ley un banco de ADN.
Sí, pero aunque a la gente le impresiona mucho, eso es una cosa muy simple. Un banco de ADN lo tiene el Gobierno de Catalunya desde hace muchos años y ha identificado a muy poquitas personas. Tú puedes tener un banco de ADN y no identificar nunca nada. Puedes tener muestras de ADN de 20.000 familiares pero si no te dedicas a buscar a los desaparecidos el banco de ADN no va a identificar a nadie. 

Esta ley no va a devolver una parcela ni una huerta a nadie de a quienes se la quitaron a punta de pistola

El problema principal que ves entonces es que la ley no contempla una estructura estatal y deriva en las asociaciones vía subvención gran parte del trabajo.
Qué pasaría si mañana todas las asociaciones que están peleando en distintas instituciones decidieran no hacer nada. El Estado estaría esperando. Esto no puede depender de que alguien denuncie. No, el Estado ya sabe: llevamos muchos años dándole información de lo que hay. Ya tiene un mapa de fosas. Debe ser de oficio. Un crimen se investiga aunque la familia de un asesinado no quiera que se haga.

Yo creo que el problema tiene que ver con la estructura social. Este país ha estado gobernado por distintos partidos, pero quienes llevan desde los años 50, 60 y principios de los 70 eran hijos de franquistas, y esa élite ha gobernado España durante décadas y ha hecho una democracia a la medida de sus privilegios. Nuestro gran problema no está ni en el sistema de partidos, que también; es anterior. Está en la estructura social. Seguimos en manos de y gobernados por. El problema es que no se ha generado un desorden social, entre comillas, que permita otra correlación de fuerzas, y seguimos teniendo en el Ibex 35 cuatro o cinco empresas que hicieron su fortuna con esclavos políticos. Nadie les ha dicho que esto hay que repararlo.

Se plantea un nuevo marco educativo para introducirlo en el currículum escolar y salir de una vez por todas del relato de la equidistancia y de la “responsabilidad simétrica”, como denunció hasta el relato de las Naciones Unidas Pablo de Greiff. ¿Los libros de texto por fin cambiarán el relato?
Ya hay libros de texto que lo han cambiado. Hace tres años una amiga, profesora de historia de enseñanza media, me mandó una foto de una página de un libro, de una editorial católica además, de SM, dedicada a las fosas. Creo que era de Historia Contemporánea de 2º de Bachillerato. Planteaba una serie de actividades y debates en clase. Yo me emocioné y todo. El problema es que Carmen Calvo contó en la rueda de prensa del 15 de septiembre, cuando se presentó el primer texto, que había que estudiar la historia de Clara Campoamor. Yo aplaudo eso, hay que estudiar a las personas que lucharon por nuestros derechos. Lo aplaudo, pero habrá que estudiar al mismo nivel la vida de Queipo de Llano, que decía por alocuciones radiofónicas a sus soldados que violaran a mujeres como Clara Campoamor. Sacamos del marco a los responsables, y esta ley hace lo mismo. Si abres el documento y buscas Iglesia Católica, ni pasaba por allí, cuando fue una de las grandes instituciones represoras del golpe y de la dictadura. Ni se menciona. 

Cuando tú no condenas a los verdugos, porque eso no se ha hecho en este país, no has abandonado la equidistancia

¿Qué están haciendo? Un relato que no moleste. Entiendo que a la derecha no le amenaza que contemos la historia de Clara Campoamor y acepta que en la II República se conquistaron derechos, pero no vamos a ir más allá. Habrá que contar la historia de las constructoras de la democracia y de los destructores de la democracia. Los nuevos ciudadanos tienen derecho a saberlo todo. En el documento aparece la palabra verdad montones de veces, pero no es una verdad. Es un trocito parcial de la verdad.

Cuando tú no condenas a los verdugos, porque eso no se ha hecho en este país, y cuando ningún presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones, en 45 años, ha hecho un acto público con la víctimas, tú no has abandonado la equidistancia, porque sigues sin atacar, como es tu deber de gobierno democrático, a quienes destruyeron la democracia. Sigues sin respaldar públicamente a quienes fueron víctimas de esa destrucción.

Eso tengo que verlo. El día que fue exhumado el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos los descendientes del dictador transportaban un ataúd en el Valle, un espacio que tiene un artículo, el número 16 de la Ley 52/2007, que impide la exaltación del franquismo allí. Solo la bandera que llevaba el ataúd encima ya era un delito de exaltación. Pero cuando llegaron al helicóptero sus descendientes gritaron “viva, Franco; arriba España”. A unos metros estaba como notaria máxima del Estado del Reino la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que vio cometer un delito delante de sus ojos y no pestañeó. No solo no pestañeó. Si ves las imágenes, en la tumba hay cuatro chapas en la que están su escudo personal, el franquista, etcétera. El nieto de Franco se las pidió a la ministra y la ministra se las regaló. Vamos a ver, a esta gente que ha robado lo que no está escrito quién es ella para regalarle algo, aunque sea un gramo de metal, que es patrimonio del Estado.  

Los monjes están en el Valle ilegalmente desde el 1 de octubre de 2020. Lo hemos denunciado ante la Fiscalía y el Gobierno sigue mirando para otro lado.

Por poner otro ejemplo y hacer una visión comparada. Esta misma ministra estuvo unos meses antes en Mauthausen, en un acto de reconocimiento a los republicanos deportados a los campos nazis. Allí alguien intervino y llamó a todos los políticos condenados por juicios del Procés presos políticos. Eso no es un delito, es una opinión, pero la ministra se fue del acto. Cuando vio cometer un delito a la familia del dictador ni movió una pestaña.

El texto reconoce una violencia específica contra las mujeres y formas de represión diferente a la física propiamente dicha, como la expropiación de bienes o la depuración profesional. ¿Hay un avance ahí o sigues viendo carencias?
Hay avances, claro, pero ahí es donde una de las instituciones protagonistas debería ser la Iglesia Católica, que fue una de las grandes instituciones represoras, que tenía órdenes de mujeres en las cárceles de mujeres. Hubo una represión política y moral contra las mujeres. La moral de la iglesia entró el el Código Penal y, después de unos años conquistando derechos, las mujeres se convirtieron en el franquismo, con todos los respetos, casi en animales domésticos de sus padres o esposos. Les raparon la cabeza, hubo muchísimas violaciones y muchas habrán muerto sin siquiera contarlo por vergüenza, miedo o lo que sea… Eso no se va a poder saber jamás. Cuando uno quiere saber la verdad de toda la represión no puede apartar a quienes estaban articulando, construyendo, legitimando, incitando, seleccionando a ese grupo como diana, para una represión específica.

La ley es más estética que ética, porque si considerase que hay que hacer justicia, perseguiría a los responsables de esas violaciones de derechos humanos 

Además de un censo de víctimas y un banco estatal de ADN se crea una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, al estilo de países más avanzados en esta materia, como es el caso de Argentina. ¿Estamos a la altura con los modelos elegidos para estas instituciones?

Va a hacer lo que llevamos haciendo nosotros 20 años: recogiendo documentos y denunciando. Una Fiscalía no juzga, no condena, y ya lo han dicho asociaciones de fiscales: está atada de pies y manos por la Ley de Amnistía.

A mí, que soy un poco conspiranoico, me ha llamado la atención que ha cambiado una cosa en el trabajo de esa Fiscalía. La ley de 2007 y los discursos del Gobierno hablaban del periodo político que cubría la Ley de Amnistía del 77, que es del 18 de julio de 1936 a diciembre de 1976. Casualmente esta Fiscalía ahora ha aumentado su periodo de intervención hasta el 6 de diciembre del 78, la fecha de aprobación del referéndum para la Constitución. Qué casualidad que esas son las fechas exactamente que cubre la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, una querella que basa su existencia en que no hay ninguna investigación en España sobre el tema, lo que le permite a Argentina aplicar el principio de justicia universal. Pero ahora que existe una Fiscalía, España sí le puede decir a Argentina “cierra ese proceso que ya tenemos una fiscalía en España dedicada a eso”. Y colorín colorado. Esa Fiscalía no va a llevar al banquillo a ningún franquista.

Yo entiendo que eso es resignificar.
Pero el discurso del Gobierno es hacer una intervenciones ahí para crear otro relato. No, no; contar su historia, punto. Lo mismo que en un campo nazi. Que se señalen las cosas: en los bancos de la basílica está el escudo personal de Franco, está en los platos y las servilletas de la hospedería que gestionan los monjes. Por cierto, ya hemos denunciado que desde el 1 de octubre los monjes no pueden estar ahí, porque desde esa fecha, por la ley de contratos y acuerdos del Estado, venció el acuerdo con el Valle de los Caídos. Los monjes están en el Valle ilegalmente desde el 1 de octubre de 2020. Lo hemos denunciado ante la Fiscalía y el Gobierno sigue mirando para otro lado. 

Yo estoy a favor de que la cruz se quede. Hay que contar que la Iglesia católica hizo esa alianza con el fascismo

¿Y con los 34.000 huesos qué hacemos?
Es un problema muy complejo. Habrá que sacar lo que se pueda. Por lo menos a los republicanos, porque otras familias franquistas tuvieron oportunidad de decir no, pero las republicanas no. Yo los sacaría de allí directamente. Lo que no puede ser es que el Gobierno diga que va a hacer un cementerio civil en un sitio que es una basílica católica y que está coronada por esa súper cruz que Franco quería, eso es un contrasentido.

La última, que no la menos importante, ¿permitirá esta ley sacar de las cunetas a todos los padres, abuelas, tíos, hermanas y bisabuelos que llevan décadas esperando?
Seguramente no por la ley, y se está haciendo ya. La ley de 2007 es de diciembre y el Gobierno ya daba subvenciones desde enero de 2006. Esta ley tampoco lleva una memoria económica. Cuando no estableces un derecho con todas sus consecuencias, si lo conviertes en partidas económicas con subvenciones, llega otro gobierno y deja de subvencionar. Y no pasa nada, porque como no lo has tratado como un derecho no está incumpliendo un derecho.

Le hemos dado un buen repaso a la ley.
Falta una cosa que me gustaría mencionar: los días en que pretenden conmemorar a las víctimas del franquismo y el exilio. Eso es alucinante. Pretenden celebrar como Día del Exilo el 8 de mayo, que es el día en que se celebra la liberación de Europa. Y yo digo: a un exiliado en México o en Argentina qué le pasó el 8 de mayo de 1945. Podía estar contento de la derrota del nazismo, pero ¿en su vida de exiliado qué pasaba? Que le quedaban 30 años más de exilio. Qué tiene que celebrar ese día un exiliado, como si nos hubieran liberado del fascismo igual que al resto de Europa. 

La voluntad del gobierno, y eso es un discurso que atraviesa toda la ley, es reconstruir un cierto discurso idílico de la Transición 

La otra cosa es el Día de las Víctimas del Franquismo. Esa es la más bestia. Lo pretenden celebrar el 31 de octubre. ¿Qué pasó el 31 de octubre del 78? Que el Parlamento aprobó su texto para mandar al referéndum constitucional. Ese texto ni condena la dictadura, ni reconoce a las víctimas del franquismo, ni reconoce como momento democrático a la II República. Entonces, ¿qué narices tiene que celebrar una víctima del franquismo ese día? Un demócrata puede decir, bien, una constitución democrática. Pero como víctimas ese día no les pasó nada. Es más, se vieron ocultadas en un texto de una constitución democrática.

El Primer DNI Republicano