García Lorca y el caso de los desaparecidos

García Lorca y el caso de los desaparecidos

La desigualdad ante la ley se ha establecido como principio de la “memoria” y de la “concordia”

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía -que encabeza un gobierno fundado en un acuerdo “trifachito” entre Ciudadanos, Vox y el PP-, no pudo en su discurso de investidura evadirse de un tema tabú como es el de los desaparecidos, los exiliados, los perseguidos por sus ideas, es decir, de una buena parte de las víctimas del franquismo. En su discurso apeló a Federico García Lorca y Blas Infante como ilustres desaparecidos, y a Machado, Picasso, Alberti, María Zambrano o Juan Ramón Jiménez…, como ilustres exiliados.

La búsqueda de los restos de García Lorca y de Blas Infante, entre muchos miles en todos los territorios, se ha convertido, después de 85 años, en fracaso anunciado de la política de impunidad. Los restos del poeta universal se buscan en el barranco de Viznar, en la carretea de Viznar a Alfacar, conocida como la “carreta de la muerte”, donde fue fusilado con el maestro de escuela Diosdado Galindo y con los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Hasta 2015 no se hizo público el informe policial de 1965 que, por vez primera, corroboraba el asesinato de Federico García Lorca. Ahora se prepara el cuarto intento de localización de sus restos, esta vez bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Los restos del “padre de la Patria Andaluza” se buscan en una fosa común que contiene miles de víctimas en el cementerio de Pico Reja de Sevilla.

La Junta de Andalucía lleva muchos años detrás de rescatar los restos de García Lorca y Blas Infante, sin haberlo conseguido hasta hoy. El eufemismo de “desaparecido” ha sido manipulado por todas las dictaduras. Así, el criminal Rafael Videla, juzgado y condenado en Argentina por crímenes contra la humanidad, trataba de oponerse a las evidencias de los miles de desaparecidos, diciendo: “Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desparecido, no tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido”.

La figura del desaparecido oculta delitos conexos de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, con posible tortura y asesinato que, por la masividad con la que fueron ejecutados, se han constituido en crímenes contra la humanidad de libro.

El contexto histórico del “alzamiento” militar del 17-18 de julio contra la Segunda República, y la guerra que le siguió, multiplicó las formas de crímenes contra la humanidad y, en particular, de asesinato y desaparición forzada de personas practicados mediante ejecución extrajudicial.

La política sobre las fosas comunes de víctimas en España ha llevado al abandono y olvido oficial. Como ejemplo, el número de los desparecidos es aún una cifra indeterminada. Cuando el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional habló de 30.000, los descendientes de las víctimas presentaron los nombres y apellidos de al menos 140.000 personas. Y las medidas que se han tomado, incluida la Ley de Memoria de Zapatero, como la que ahora propone el Gobierno de coalición, no permiten establecer jurídicamente la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Por lo que rescatar del olvido y la injusticia a millones de víctimas se ha convertido en una tarea democrática irrenunciable de nuestros días.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos ha señalado de forma reiterada que, cuando se prolonga la situación de incertidumbre de miles de personas de desapariciones forzadas masivas -como es el caso español-, se impide el desarrollo de una sociedad democrática. Por ello, recomienda un tratamiento inclusivo basado en el derecho de las víctimas y sus familiares y en las obligaciones de los Estados.

Los desparecidos de la represión franquista no han sido nunca objeto de investigación oficial, sea cual sea el color del gobierno de turno. Investigación que, sin embargo, se ha requerido desde hace décadas por las familias de las víctimas, por las Naciones Unidas, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por cientos de asociaciones de derechos humanos…

En diciembre de 2006 la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca presentó una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que por su admisión fue sometido a procedimiento especial por el Tribunal Supremo, en el que vino a reconocer que “se negó a abrir las fosas en forma expresa”, que “no realizó investigación alguna”, y que la Ley de la Memoria que mantiene la impunidad “es perfectamente compatible con las actuaciones de su juzgado”, siendo, pese a ello, apartado de su cargo por investigar la corrupción del caso Gürtel. En la sentencia establecida por el Tribunal Supremo se termina con el archivo definitivo de todas las denuncias que se presentaron, estableciendo la nulidad completa de todas las actuaciones. Se condenaba, así, a las víctimas del franquismo a la más absoluta impunidad y a la desigualdad ante la ley, habida cuenta del reconocimiento oficial de los derechos de otras víctimas, como es el caso de las víctimas del terrorismo, y ello después de haberse investigado, juzgado y reparado durante décadas a las víctimas del bando franquista.

La doctrina establecida por el Tribunal Supremo es propia de una sentencia política que establece la legalidad a todos los efectos del franquismo, de su guerra y su régimen, de sus sentencias y, consecuentemente, de sus desapariciones forzadas. Considerando que los delitos cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura y el periodo posterior llamado “de Transición” han prescrito, niega que son crímenes contra la humanidad. Y todo ello se establece legitimando la ley de Memoria de Zapatero. Doctrina política y antijurídica, que es la base sobre la que se ha redactado la nueva Ley de Memoria Democrática del Sr. Sánchez.

De esta manera, los partidos que se reparten los favores del electorado en cada convocatoria electoral comparten la misma doctrina de impunidad del Tribunal Supremo sobre las víctimas de la guerra y de la dictadura, sin contemplar en ningún caso las víctimas de la Monarquía. Política de consenso en defensa de la razón de Estado que comparten los partidos y sindicatos oficiales con algunas pequeñas diferencias. Diferencias que se expresan en el contenido de la Ley de Memoria que espera su turno de debate en Cortes, de una parte, y en las posiciones del PP, que clama por la “concordia” frente a la falsa Memoria histórica y democrática.

En ambos casos, el fondo de la cuestión no es otro que la preservación de la legalidad franquista, en forma de mantenimiento de la supuesta “reconciliación nacional” de la Transición, frente a las demandas de Verdad, Justicia y Reparación, por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.