El pacto de silencio sobre la monarquía sigue vigente

“Juan Carlos I utilizó Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes”. Es el titular del quinto artículo de la serie ‘El verdadero origen de la fortuna del rey emérito’, escrito por el periodista de investigación Carlos Enrique Bayo y publicado a las 21:59 horas de este jueves por el digital ‘Público’. Una información sobre la que no aparece ni rastro en las portadas de este viernes de los diarios generalistas impresos más leídos: ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘La Vanguardia’, ‘ABC’, ‘La Voz de Galicia’, ‘El Periódico’, ‘El Correo’, ‘La Nueva España’, ‘La Razón’, ‘Heraldo de Aragón’…

Lo mismo ocurre con las principales cadenas de radio y de televisión y lo mismo ocurrió por ejemplo con las anteriores entregas de la serie firmada por Bayo, tituladas “El rey Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas a países árabes junto a Colón de Carvajal y Khashoggi”, “Manuel Prado traspasó a Alberto Alcocer la gestión de la fortuna del rey y justo después Fasana creó la cuenta ‘Soleado’”, “Juan Carlos I se llevó 52 millones de comisión por la venta del Banco Zaragozano e impulsó las ‘fundaciones’ Zagatka y Lucum” y “Juan Carlos I intercedió con el Constitucional para librar a ‘Los Albertos’ de prisión el año que recibió 100 millones en una cuenta opaca”.

¿Por qué? Porque existe un pacto al respecto.

Hay que remontarse a hace algo más de medio siglo: en 1969, el general golpista Francisco Franco, entonces jefe del Estado, nombró a Juan Carlos de Borbón “sucesor a título de rey”. En 1975, Juan Carlos de Borbón sucedió, como Juan Carlos I, en la Jefatura del Estado al recién difunto Franco. En 1978, la Constitución vigente confirmó que “el rey” –entonces, Juan Carlos I, “legítimo heredero de la dinastía histórica”– “es el jefe del Estado” y estableció que “la Corona de España es hereditaria” en sus “sucesores”. En 2014, Juan Carlos I abdicó acosado por sus escándalos, siendo sucedido en la Jefatura del Estado por su único hijo varón, Felipe de Borbón, como Felipe VI.

Durante el reinado de Juan Carlos I existió un pacto de los propietarios de los grandes medios de comunicación no sólo para silenciar los escándalos del entonces jefe del Estado, sino también para trasladar a la opinión pública una imagen política y personal de este que no se correspondía con la realidad sino todo lo contrario, como prueban los escándalos que de un tiempo a esta parte sí se publican y que acabaron empujando a Juan Carlos I primero a abdicar, después a dejar la actividad pública y finalmente a recluirse en Abu Dabi.

A ese pacto no escrito y con pocas fisuras –y que no fue sólo de silencio sino que llegó a ser de propaganda– ya se refirió Rebeca Quintáns en su libro ‘Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón’ (Ardi Beltza, 2001), que publicó bajo el pseudónimo de Patricia Sverlo. “Existe un acuerdo tácito, un «pacto entre caballeros» para no publicar nada que perjudique a la Corona, firmemente consolidado entre periodistas y escritores, bajo la atenta mirada de los editores, que deciden en última instancia lo que se publica y lo que no. La prensa extranjera ha llegado incluso alguna vez a atribuir una base formal, y habla de un acuerdo presuntamente firmado en 1976 entre el Gobierno y la Federación de Prensa, respecto a la privacidad de la Familia Real. El pacto de silencio se ha justificado por el alejamiento popular respecto al sistema monárquico durante la Transición, que obligaba a protegerlo frente a críticas peligrosas que habrían de ser inevitables en un sistema de completa libertad de prensa”, escribió Quintáns hace dos décadas.

Organismo público

Los escándalos del anterior jefe del Estado acabaron convirtiéndose en algo imposible de silenciar, su situación se tornó insostenible, surgieron y se popularizaron internet y las redes sociales y el pacto de silencio ha venido evolucionado, pero a día de hoy sigue vigente entre los propietarios de los grandes medios de comunicación. Por eso por ejemplo la noticia de que “Juan Carlos I utilizó Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes” ha pasado prácticamente desapercibida este viernes. Y ello a pesar de que Patrimonio Nacional –además del título de la segunda película de la Trilogía Nacional de Berlanga, estrenada en 1981, entre ‘La escopeta nacional’ (1978) y ‘Nacional III’ (1982)– es el organismo público –dependiente del Ministerio de la Presidencia– “responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española” y tiene como doble función “el servicio a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen” y “la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico que gestiona, a través de su uso con fines culturales, científicos y docentes”, según establece la Ley 23/1982, que regula el organismo público.

Además de haber pasado prácticamente desapercibida, la noticia ha vuelto a circunscribirse a Juan Carlos de Borbón a secas, como si se tratara de cualquier otro ciudadano. ¿Por qué, si cuando Juan Carlos I por ejemplo “utilizó Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes” no lo hizo como Juan Carlos de Borbón a secas, sino como titular de la Corona de España y con ella de una Jefatura del Estado “hereditaria” en sus “sucesores”? No fue cualquier otro ciudadano quien “utilizó Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes”, sino precisamente el entonces titular de la Jefatura del Estado monárquica y precisamente en su condición de tal. ¿Por qué lo soslayan prácticamente todos los medios?

“El pacto de silencio, que formalmente no ha existido nunca, en la práctica sigue perfectamente vigente a día de hoy”, advierte este viernes Quintáns, consultada por LUH. La autora de ‘Un rey golpe a golpe’ señala a “la casta del periodismo” –“los mismos de siempre”, apunta–, “la coraza mediática que protege la monarquía”, pero se congratula de que “también hay unos cuantos medios y periodistas que continúan dispuestos a desafiar los límites y gracias a ellos salen cosas”, y es que “la única manera de acabar con la censura es ejerciendo la libertad de expresión, intentándolo una y otra vez, siendo muy pesados…”. “¿Qué otra cosa podemos hacer?”, se pregunta. “Habrá que descubrir los mismos escándalos, u otros, una y otra vez, hasta conseguir mostrarlos”, insiste Quintáns.

El objetivo del viejo pacto de silencio es el de siempre: proteger la monarquía, engranaje fundamental entre el aparato del Estado y la oligarquía económica que la sostiene. Por eso vincula unos escándalos ya insoslayables con la persona de un Juan Carlos I defenestrado y recluido en Abu Dabi y no con la monarquía hereditaria, es decir con la Jefatura del Estado monárquica que el propio Juan Carlos de Borbón recibió de Franco en 1975 y traspasó a Felipe VI en 2014. Es su forma de intentar acotar un debate cada día más inaplazable.