El anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática llegará al Consejo de Ministros “en pocos días” y servirá para que España “se homologue” a otros Estados que han sabido “reconciliarse con su pasado y cerrar heridas”, y es que España “no puede construir su futuro basado en el silencio y el olvido”. Al menos así lo aseguraba este martes Carmen Calvo (PSOE), vicepresidenta primera del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

No obstante, todo apunta a que ese anteproyecto de ley no contemplará la derogación de ningún apartado de la Ley de Amnistía de 1977, que constituye uno de los pilares de la Transición del franquismo al régimen del 78, pues fue la que ha permitido y garantizado la impunidad de todos los criminales franquistas. Los responsables de Memoria de Podemos, Paco Gracia, e IU, Esther López Barceló, preferirían que sí la contemplara. “No abandonamos la posición de defender la necesidad de que se garantice la justicia a las víctimas del franquismo y seguimos considerando necesario que España se sitúe en el marco del Derecho Internacional y dejemos de ser una anomalía; para ello pedimos que eliminen los apartados de la Ley de Amnistía que para los tribunales suponen el obstáculo para investigar penalmente los crímenes franquistas”, ha declarado este miércoles, consultada por LUH, López Barceló. Unas declaraciones compartidas por Gracia, que ha destacado que “hoy en día sigue habiendo decenas de miles de familias buscando los cuerpos de sus padres, madres, abuelos y abuelas, víctimas de ese régimen criminal, en cunetas y fosas comunes”.

Por otro lado, sigue en el aire si la ley fialmente permitirá cerrar las fundaciones y asociaciones que hacen apología del franquismo –régimen de terror instaurado en España tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra civil, que ganó con el apoyo de los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini–, fundaciones y asociaciones de las que el Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del poder judicial en España– salió en defensa el pasado mes de junio al considerar en un informe que la apología del franquismo no constituye en sí misma un menosprecio ni una humillación a las víctimas de ese régimen de terror. Ese informe es necesario –es decir que la ley precisa que sea emitido–, pero no es vinculante, es decir que la ley no está obligada a asumir su contenido.

En cualquier caso, el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, llevan ya dos años y medio en interinidad porque el PP –partido fundado a mediados de los setenta por siete capitostes franquistas y refundado a finales de los ochenta por el líder de todos ellos, Manuel Fraga, uno de los principales beneficios por la Ley de Amnistía– sigue bloqueando su renovación, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución establecen que el presidente y los otros 20 miembros del órgano de gobierno del poder judicial serán nombrados por un período de cinco años y renovados cada cinco años.

Desde 1996 hasta 2004 –es decir durante los ocho años de gobierno del PP de José María Aznar, sucesor de Fraga al frente del partido–, Lesmes fue alto cargo del Ministerio de Justicia: de 1996 a 2004 –siendo ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante–, director general de Objeción de Conciencia, y de 2000 a 2004 –siendo titulares del ministerio primero Ángel Acebes y después José María Michavila–, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

“Libertad ideológica”

El borrador de Ley de Memoria Democrática de Calvo preveía el cierre de las entidades que hagan “apología del franquismo” o inciten directa o indirectamente “al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo por su condición de tales”, pero el informe del GGPJ considera que ello “invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución”, pues considera que la apología del franquismo, “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas”, está amparada por la libertad de expresión.

La principal de esas entidades es la Fundación Nacional Francisco Franco, constituida un año después de la muerte de Franco y dos años antes de la entrada en vigor de la Constitución. Según la web de la FNFF, una de las finalidades de la fundación es “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos” y una de sus actividades es la “participación en el debate cultural y político de la España actual, con el objetivo de poner de manifiesto la grandeza de la vida y obra de Francisco Franco y de la España que creó”.

El informe del CGPJ ha sido criticado duramente por el Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo –que asegura que su contenido vulnera la normativa europea– y por las entidades de memoria histórica, que agrupan a víctimas del franquismo y a familiares de estas. Entre las principales críticas, que una fundación como la Fundación Nacional Francisco Franco sería “inconcebible” en Estados como Alemania. O que el Estado español siga diferenciando entre “víctimas de primera”, las de ETA, y “víctimas de tercera”, las del franquismo; si para el CGPJ la apología de ETA sí constituye en sí misma un menosprecio y una humillación a sus víctimas, ¿por qué la apología del franquismo no?, se preguntan. O que no se asuma que las víctimas del franquismo no lo son sólo de sus familias sino “de toda la sociedad”. O, por supuesto, que a las víctimas del franquismo e incluso a sus familiares directos se les acabe el tiempo sin ver juzgados los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

“En pocos días” podrá comprobarse hasta qué punto el informe del interino CGPJ presidido por el interino Lesmes informa el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que redacta el ministerio de Calvo.