Numerosos colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, agrupadas en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, han reclamado en un manifiesto que la Ley de Memoria Democrática –cuyo anteproyecto aprueba este martes el Consejo de Ministros para que las Cortes Generales pasen a debatirlo como proyecto de ley– “ponga fin al silencio, el olvido y la impunidad sobre tanto crimen de aquella dictadura genocida”, como se ha hecho en otros Estados del entorno “para cerrar heridas y avanzar en una plena democracia”, y en este sentido han instado “a la ciudadanía democrática, a las organizaciones de derechos humanos, a las asociaciones de juristas y a todo tipo de entidades cívicas” a apoyar sus “justas reivindicaciones”.

Las víctimas han reconocido que el anteproyecto que aprueba este martes el Consejo de Ministros recoge “una parte” de las “reivindicaciones esenciales” del movimiento memorialista, de las “recomendaciones y demandas” del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, y de lo establecido por el Consejo de Europa, los tratados internacionales al respecto y el Derecho Internacional Humanitario, pero han insistido en que “el Estado español sigue sin permitir” a las víctimas del franquismo “el acceso a la tutela judicial efectiva”, es decir “el acceso a la justicia”.

Concretamente, los colectivos pretenden que la Ley de Memoria Democrática que aprobarán las Cortes Generales recoja aspectos que el anteproyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros no recoge.

Uno de ellos, la “declaración de nulidad” de la Ley de Amnistía de 1977 –o al menos de algunos de sus apartados; concretamente, los apartados e y f del artículo 2– “para que deje de ser utilizada por la judicatura como ley de punto final” y se permita “investigar judicialmente los crímenes del franquismo y el acceso a la justicia a las víctimas de la dictadura”. Otro, declarar “ilegales” –y no “ilegítimos”, como plantea el anteproyecto– los tribunales y consejos de guerra franquistas y “nulas de pleno derecho” –y no simplemente “nulas”, como plantea el anteproyecto– sus sentencias y toda la legislación represiva del franquismo, para que el contenido de la norma tenga “plena validez jurídica” sin necesidad de las víctimas del franquismo o sus familiares tengan que “instar ningún proceso judicial administrativo posterior para llevar a efecto tal declaración de nulidad”.

“Pese al avance que representa que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas, el anteproyecto no garantiza la tutela judicial efectiva en el proceso de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes, y este extremo es absolutamente necesario para establecer la verdad jurídica de lo que pasó y la custodia legal de todas las pruebas documentales, así como para impartir justicia”, advierten las víctimas en otro de los puntos.

Los colectivos piden también “el reconocimiento de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”, así como “el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del Estado, de instituciones, organizaciones, entidades y particulares que se hayan beneficiado del expolio franquista y de los trabajos forzados”. Y “el reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo y el derecho a ser consideradas y tratadas como sujetos activos de todos los derechos reconocidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito”, así como la modificación del Código Penal para incorporar “el principio de legalidad internacional y el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos”.

En cuanto al período a abarcar por la Ley de Memoria Democrática, los colectivos consideran que debe llegar “al menos hasta 1983” –pues desde la promulgación de la Constitución de 1978 hasta entonces “hubo más de 300 víctimas luchadoras y luchadores por las libertades democráticas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha”– y en los casos de los bebés robados “al menos hasta 1999”, el año en que el “parto anónimo” fue declarado inconstitucional.

“El franquismo asesinó a hombres y mujeres republicanos y antifascistas por todo el país, provocando un trauma transgeneracional significativo que todavía hoy no ha sido abordado con rigurosidad y, en consecuencia, aún no se ha podido superar”, advierten las víctimas, que insisten en que el debate del proyecto de ley en las Cortes Generales “es una gran oportunidad para conseguir, esta vez sí, una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo y permita cerrar las heridas que aún permanecen abiertas”, algo que necesitan “las víctimas”, que son “cientos de miles”, y “la democracia española” para “cerrar definitivamente aquel proceso de transición con Verdad, Justicia y Reparación”.