Las trampas del régimen y el principio de legalidad democrática

El gobierno aprueba otra Ley de Memoria que invoca la falsa legalidad del franquismo

El exministro de UCD, Ignacio Camuñas, ha puesto en orden la memoria del franquismo, ahora que el Gobierno acaba de aprobar su Ley de Memoria “Democrática”, ley que previsiblemente se discutirá el próximo mes de septiembre.

Calentando motores, hemos oído a Camuñas, en papel de historiador, decir ante los principales dirigentes del PP que “la responsabilidad de la guerra civil corresponde a la República; el 18 de julio no fue un golpe de Estado, la derecha no es la culpable del 36; hay que responder a la izquierda”. Argumentos que no son nuevos, sino propios de quienes fomentaron la guerra y la dictadura, y ahora promueven los juegos florales entre la derecha y la izquierda oficial. Según el historiador Ángel Viñas, dichas manifestaciones retoman el espíritu de la “Carta Colectiva” del Episcopado español de 1937 y del Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936-1939. Es decir, el espíritu del nacional catolicismo, el atado franquista y, por tanto, los poderes del mismo régimen de la Monarquía.

Los ministros y ministras del PSOE, los ministros independientes -provenientes del aparto de Estado- y los de Unidas Podemos se han puesto de acuerdo en un proyecto de ley sobre la Memoria que tiene alcances legales y políticos que no se nos pueden escapar.

Se trata de un texto que, de ser aprobado por las Cortes, pretende sustituir la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, aprobada en 2007, para así aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales ante las políticas de impunidad de los Gobiernos españoles de izquierdas y de derechas, siempre al servicio de la razón de Estado y del capital.

El sucesor en la Moncloa de Carmen Calvo -fulminada de su cargo de vicepresidenta del Gobierno- tiene la pretensión de que con el nuevo texto se recuperará la Memoria Histórica, es decir, que después de trece años se han dado cuenta de que la ley de la Memoria de Zapatero no servía para recuperar la Memoria. ¿Para qué y para quién ha servido entonces la ley de la Memoria Histórica de Zapatero? Además, dice que por primera vez se trata de reconocer a las víctimas y su “reparación moral”. Estando de acuerdo en que la ley de Zapatero era una trampa que no servía para defender a las víctimas, la actual propuesta de ley se basa en lo fundamental en los mismos principios políticos que la de Zapatero. Una ley dictada por el Consejo de Estado -como la actual- que, al adecuarse a la legalidad vigente, no supera ninguna de las líneas rojas del régimen continuista, sustentador de la Monarquía.

En principio, se preserva la Ley de Secretos Oficiales, firmada por Franco, que oculta las principales decisiones criminales del régimen contra la población, donde los temas claves pueden permanecer secretos eternamente y, con ella, una enormidad de normas, 169 leyes aprobadas por el franquismo, existiendo de forma íntegra leyes firmadas por el Franco, y es que el franquismo, sus leyes, y la continuidad del mismo es lo que sigue dominando la legislación vigente. Tal es el caso de los convenios establecidos con el Vaticano, las normas que rigen la contratación con el Estado, lo relativo al régimen policial y del Ejército, y todo lo relativo a la sucesión franquista, como expresión de que no todo quedó atado y bien atado, sino que el consenso de la izquierda y derecha oficial ha preservado lo fundamental del atado franquista, como ahora vuelve a suceder con el texto de la Ley de Memoria, falsamente “Democrática”. Por ello, cuando los medios hablan de las cloacas del Estado, en buena medida lo que están ocultando es el mismo Estado cloaca.

Las cuestiones fundamentales de la ley propuesta hacen referencia, en primer lugar, a la condena y repudia del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura. Veamos si es verdad que se condena el franquismo como régimen criminal y, por tanto y en consecuencia, se ilegalizan o no sus crímenes contra la humanidad. Condena que, como tal, es un término jurídico relativo al contenido de una sentencia pronunciada por un juez dictando un fallo que no se limita a absolver la demanda. Su utilidad, políticamente, es un modo de imponer pena política al culpable. No es la primera vez, que las instituciones del régimen monárquico hablan de condenar el franquismo sin condenarlo a nada, y condenar a nada es simple y llanamente absolver al acusado, en este caso, de graves crímenes contra la humanidad. Ya se “condenó” de esta manera al franquismo en las Cortes de 2002 y en el mismo Parlamento Europeo en 2006. Condenas, que son papel mojado y solo tienen un alcance moral, pero ningún alcance práctico. Por tanto, todo ello forma parte de una maniobra más para mantener la impunidad.

El articulado de la nueva propuesta de ley viene determinado por el texto consensuado aprobado por el Parlamento Europeo, donde se establece la preocupación de los eurodiputados por el auge de la normalización del fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y por la “impunidad” de los grupos que las defienden incluso con violencia. Haciéndose eco de los atropellos perpetrados en España por los neonazis de Hogar Social y de otros grupos franquistas consentidos por el régimen (Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional…) y señalando la actividad de la Fundación Franco y la familia del dictador para mantener propiedades que fueron consecuencia del pillaje. Se obvia que en España el franquismo no se ha normalizado, sino que ha sido la norma, es decir, la ley y lo oficial desde hace la friolera de 82 años. El Parlamento Europeo recomendó a España la eliminación de la simbología franquista que sigue presidiendo en calles y edificios, pero nada dijo de la necesaria e imprescindible ilegalización del franquismo, que es el fondo de la cuestión.

Como consecuencia del hecho de que se “condena” al franquismo a nada, no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación real, material y efectiva, para los millones de víctimas, quedando todo reducido -según la Ley- a una simple reparación moral, es decir, a palabras sin valor alguno. Por ello, se viene a declarar la legalidad de los tribunales de la Guerra Civil y sus condenas, tribunales que se crearon para imponer condenas por motivos políticos, sindicales, ideológicos o religiosos. Las posibles reclamaciones judiciales hasta ahora inadmitidas, quedan sometidas a la supuesta legalidad del franquismo. ¿Acaso no entiende el Gobierno el significado del principio de legalidad? Es sobre los efectos de dicho principio como fracasó estrepitosamente la Ley de Memoria de Zapatero, si es que en verdad pretendía algún remedio y alguna justicia para las víctimas. No es sólo una cuestión de jueces, es sobre todo una cuestión de legalidad o ilegalidad.

El Gobierno pretende ahora que se derogue el Bando de la Guerra Civil de 28 de julio de 1936 y otras leyes similares, pero mantiene a todos los efectos de la Ley de Amnistía de 1977 y buena parte de la legislación franquista, base sobre la que se asienta la impunidad de los crímenes. Y los franquistas entran al juego-trampa de “nos fuimos los liberales y entramos los conservadores”; trampa que domina las relaciones izquierda-derecha bajo el régimen del consenso medieval. Por ello, anuncian su oposición a la ley, asegurando que la llevarán al Constitucional y/o derogarán la Ley Memoria Histórica en cuanto puedan. Lo mismo dijeron con la ley de Zapatero hace trece años, pero, pudiendo haberla derogado, la mantuvieron en tanto que les es favorable para mantener la impunidad y la legalidad franquista.

Desde el punto de vista histórico, el origen del principio de legalidad viene a marcar un límite frente a las Monarquías absolutas, representada en la función de garantía de la libertad de los ciudadanos, al condicionar el capítulo de delitos y penas a la decisión de una instancia democráticamente constituida -el poder legislativo-que, como representante de la soberanía judicial, actúe como freno a posibles abusos de otros poderes. Pero de lo que se trata ahora es del principio de la falsa legalidad del franquismo impuesta por la guerra y la dictadura.

La ley que se presenta a la mesa de las Cortes como Ley de Memoria es un bodrio que responde a la continuidad de lo principal del atado franquista, reflejo del giro a la derecha del PSOE y del mismo Gobierno de coalición al servicio del Ibex 35 y la Monarquía. Por todo ello, no dejaremos de prestar apoyo a las justas demandas de las víctimas del franquismo, que forman parte de la lucha de trabajadores y pueblos por la Asamblea Constituyente y la República.