Extirpar la impunidad franquista de cuajo

Sabemos lo que pasa cuando una mentira es cien, mil, cien mil veces repetida. Sabemos que al final esa repetición infame, cual gota malaya, consigue abrir un agujero en el suelo, uno que hiere de muerte el hábitat en el que anidamos y que puede llegar a quebrar la tierra en dos. Pero, ¿qué pasa cuando una verdad es cien, mil, cien mil veces repetida? ¿Qué pasa con todas esas veces que hemos contado, escrito e incluso bramado la verdad? Es como si nuestra gota, a pesar de estar tan nutrida de datos contrastados, desviara constantemente su trayectoria sin posibilidad de conformar un hoyo o, al menos, de dejar impresa la huella de su existencia. ¿Qué le pasa a esta verdad nuestra, tan desposeída de fuerzas? Tiene que ver con nuestra voz, que es —todavía— la de los vencidos. Porque los muertos de quienes heredamos el hilo rojo de la historia siguen siendo solo nuestros muertos. Las víctimas del franquismo siguen sin ser consideradas de toda la democracia. Y he ahí donde radica el pecado original.

¿Cómo la sociedad ha podido naturalizar que crímenes atroces queden impunes? ¿En qué momento normalizamos saber que habitamos la misma tierra en la que cientos de miles de seres humanos acabaron sus días atravesados por las balas disparadas por un pelotón de fusilamiento, por defender la legalidad? ¿Cómo no hierve de gentío la calle, casi medio siglo después de muerto Franco en la cama, exigiendo justicia, aunque sea una tardía, pequeñita, simbólica, moral? ¿Por qué seguimos escuchando a señores de derechas en la tribuna de oradores, en la televisión y en la radio mofarse del dolor irresoluble de no saber donde yace el cuerpo de un abuelo, de una hermana, de un padre, de un hijo arrancado de los brazos maternos al nacer? ¿Cómo es posible que casi un siglo después del golpe de estado que dio origen a la dictadura, ni el Gobierno, ni el Congreso, ni la Iglesia, ni mucho menos el Papa, hayan condenado tales crímenes contra la Humanidad? La respuesta se halla en la impunidad que supuso la piedra angular sobre la que se construyeron las estructuras institucionales de nuestra democracia.

Por eso es importante tomar conciencia de que esta es nuestra última oportunidad. Porque aquí siguen en 2021, indómitas e impasibles al desaliento, víctimas del franquismo que nos han enseñado que para ser demócrata hay que ser antifascista. Esa es una verdad que hay que ir derramando hasta que el poso inunde la tierra y se infiltre y la horade.

Porque nuestra sociedad democrática se cimentó sobre las cientos de miles de fosas comunes en que yacen los asesinados y sobre una amnesia que obvió nombrar a la República y a la Dictadura en la Constitución, equiparando a las víctimas con sus victimarios. Es por eso que se nos considera en toda Europa una anomalía democrática, ya que después de más de cuarenta años de democracia se sigue amparando la impunidad de los criminales: sin política de memoria consolidada y homogénea, sin reparación efectiva a unas víctimas que legalmente aún no existen y sin una justicia que investigue los hechos delictivos que, en nombre del franquismo, se perpetraron sistemáticamente sobre la población española. Siguen buscando los familiares unos huesos a los que aferrarse para calmar la herida que les han legado, porque ya son miles de personas las que han muerto sin despedirse del cuerpo vacío de sus padres. Arqueólogos y antropólogos trabajan a destajo para documentar las pruebas del crimen, para contar, a partir de las marcas en el hueso y los colores de la tierra, una historia que nos ocultaron.

Tuvieron que recurrir las víctimas a la justicia argentina porque aquí los jueces se escudaban —y se siguen escudando— en un obstáculo de presuntas dimensiones ciclópeas que impide sentar en el banquillo a los asesinos y los torturadores. Se refieren a las sesenta palabras del artículo 2 de la Ley de Amnistía que se introdujeron fuera de plazo por la UCD, tras una misteriosa llamada telefónica en plena zozobra del debate parlamentario, y que reza así:

Artículo 2: "En todo caso están comprendidos en la amnistía:

1. e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
2. f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas."

No obstante, el Derecho Internacional, desde la aprobación de los Principios de Nüremberg en 1947, prohíbe la amnistía de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, al igual que la Convención sobre Genocidio de 1948 obliga a perseguir estos crímenes en todos los casos. Por tanto, nos hallamos ante una trampa que esconde una falta de voluntad evidente por parte de la judicatura y de un PSOE que nunca ha cedido a tocar ni uno solo de esos caracteres. Desde la timorata ley de 2007, el Partido Socialista ha preferido no atajar el problema de raíz sino quedarse en la epidermis, como si de una herida superficial se tratara y no de una enfermedad crónica, degenerativa y grave. Y de aquellos polvos, el lodo infecto que supone el auge de la extrema derecha, la banalización de hechos criminales, la repetición constante de peligrosas mentiras como que el golpe de estado fue irremediable o que las Trece Rosas fueron verdugas.

Esta es la última oportunidad y, afortunadamente, en materia de memoria, verdad y reparación la nueva Ley de Memoria Democrática —aún proyecto— prevé un articulado que da pasos de gigante, tardíos pero valientes. No es baladí que este texto surja ahora y no en 2007, ni en los años posteriores en que gobernó el PSOE en solitario, sino cuando gobierna en coalición —por vez primera desde el Frente Popular— con un conjunto de organizaciones políticas antifascistas llamado Unidas Podemos. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministras se acaban los títulos nobiliarios asociados a la dictadura, las condecoraciones y pluses a méritos infames, se desacraliza y resignifica el Valle de los Caídos —aunque mantenga la Cruz—, se sufragarán las localizaciones y exhumaciones de fosas, asumiéndolas como una responsabilidad presupuestaria del Estado, se acaba con las fundaciones que hacen apología del franquismo, se incluirá la memoria histórica en los currículums educativos, las condenas de tribunales franquistas serán anuladas y se creará un censo de víctimas, que serán reconocidas como tales en todas sus acepciones.

En el segundo país en número de desaparecidos forzados del mundo afrontamos un proceso legislativo crucial para cambiar el espíritu que originó nuestros principios constitucionales. Nos hallamos a un paso de que a la voz de los vencidos se sume el altavoz del Estado, con toda su potencia multiplicadora, para repetir cien, mil, cien mil veces la verdad de lo que sucedió en España. Es la última oportunidad, insistimos, por lo que, cuando este proyecto llegue al debate parlamentario, habrá que exigir que, al igual que en el resto de medidas, en el plano de la justicia el PSOE deje de actuar únicamente sobre la epidermis y vaya a la raíz del problema para que, de una vez por todas, al igual que hizo Argentina hace poco más de una década, extirpemos el tumor de la impunidad de cuajo. ¡Es nuestra última oportunidad de estar a la altura!