Proyecto Faq El Gobierno da los últimos retoques a la Ley de Memoria, que mantendrá la prohibición de la apología del franquismo

miércoles, 7 de julio de 2021

El Gobierno da los últimos retoques a la Ley de Memoria, que mantendrá la prohibición de la apología del franquismo

El Gobierno da los últimos retoques a la Ley de Memoria, que mantendrá la prohibición de la apología del franquismo / Ana Moreno:

  • El Ministerio de Presidencia prevé introducir sólo unos "mínimos ajustes" para hacer precisiones técnicas en el proyecto, que estará listo "previsiblemente" para el Consejo de Ministros de la semana que viene
  • El Ejecutivo se mantiene inamovible en su intención de prohibir la Fundación Francisco Franco

Apenas unos retoques técnicos y unos mínimos ajustes para aportar riqueza y seguridad jurídica al texto. Estos son los pequeños cambios que se van a introducir en el proyecto de ley de Memoria Democrática en su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros para poder enviarlo a las Cortes Generales en unos días, "previsiblemente" el martes 13 de julio. El espírutu y el fondo de la propuesta apenas van a cambiar, según han confirmado a infoLibre fuentes gubernamentales, que añaden que el Ejecutivo mantendrá la intención de perseguir todos aquellos actos o fundaciones que hagan apología de la dictadura. Un precepto que parece tener un objetivo muy concreto: la Fundación Francisco Franco.

En un mes de julio que se prevé intenso en cuando a la aprobación de importantes proyectos de ley por parte del Gobierno de coalición, la de Memoria Democrática, empeño de la vicepresidenta Carmen Calvo desde que comenzó la actual legislatura, será uno de los textos de más calado y a su vez más controvertidos que empezará su andadura en el Congreso a partir de septiembre. Largo ha sido el camino del anteproyecto en el trámite de consulta al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, con resultados más o menos favorables para la propuesta del Ministerio de Presidencia.

Sobre todo fue el órgano de gobierno de los jueces el que se mostró un tanto crítico con el anteproyecto. El principal escollo que veían la mayoría de vocales es, en su opinión, que la intención de prohibir actos y fundaciones que hagan enaltecimiento del franquismo vulnera el derecho a la libertad de expresión o de reunión. Su alternativa es que en el texto se debería plantear esa prohibición siempre que no se humille a las víctimas. Sin embargo, el Gobierno lo tiene claro: el objetivo se mantiene, pues ve "irrenunciable" perseguir la apología de la dictadura. Desde el Gobierno consideran que cualquier tipo de acto de exaltación del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura lleva implícita una humillación a las vícitmas. Calvo lo explicaba así en una entrevista pocos días después de conocerse el informe del Poder Judicial: "Enaltecer es seguir vilipendiando a las víctimas".

Para el CGPJ, además, la redacción del anteproyecto puede dar lugar a una tutela "asimétrica" de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de Derechos Humanos acaecidos en el periodo histórico contemplado por el legislador, lo que no resultaría compatible con el igual respeto y consideración que merece todo ser humano por el hecho de serlo. La vicepresidenta, nuevamente, lo tiene claro: si la ley se centra en el franquismo como el totalitarismo a combatir es porque es el que se ha sufrido en España. "En ese debate siempre se hace la típica propuesta tramposa de todos los totalitarismos, pero el que le corresponde a los españoles fue el levantamiento de la ultraderecha contra la democracia constitucional", explicó.

Así, Calvo adelantó que lo que iban a estudiar desde su departamento era "que no exista ningún instrumento que enaltezca al dictador" porque consideran que "naturalmente sí que es de interés general que nadie en este país enaltezca ningún tipo de totalitarismo". Todo ello con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica al texto, según fuentes conocedoras del proyecto consultadas por este periódico, que apuntan que, de todas formas, la vertebración de la norma sigue sin cambios.

Así, por ejemplo, se prevé mantener intacta la exposición de motivos, en la que se hace mención a la regulación como "causa de extinción de fundaciones, por no constituir fin de interés general la apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra o del franquismo". Y lo que se considera que no responde a la promoción de fines de interés general son "aquellas asociaciones que entre sus fines o con sus actividades lleven a cabo apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales, así como las consecuencias de tal previsión".

El camino del anteproyecto en el CGPJ hace presagiar un intenso debate y posturas claramente enfrentadas en las Cortes Generales con respecto a esta ley. En el órgano de gobierno de los jueces el informe, que es preceptivo pero no vinculante, se retrasó debido a la falta de acuerdo de los ponentes, uno conservador y otro progresista. Fueron sustituidos por otros que finalmente alcanzaron un texto de consenso que fue el que después se aprobó en el Pleno, no sin votos particulares y concurrentes. No obstante, vistas las mayorías parlamentarias en las dos cámaras legislativas, todo hace pensar que el Gobierno sacará adelante el proyecto de ley sin mayores problemas.

Auditoría del expolio, anular la justicia represiva y abrir fosas

Como se ha visto, y como ya pasó con su predecesora, la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, la norma que está llamada a sustituirla no estará exenta de polémica, pues es mucho más ambiciosa. Tal y como ya contó infoLibre, la ley pretende, entre otras cosas, hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los “indicios” de delito creando una Fiscalía especial, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, introduce la memoria en los institutos, aparte de lo ya mencionado de perseguir la apología de la dictadura, que ha sido el punto más conflictivo.

La anterior Ley de Memoria Histórica ya inició el camino de eliminar los símbolos de exaltación del franquismo, pero el proceso ha sido más lento de lo esperado. Sólo hace cuatro meses que la Asamblea de Melilla dio luz verde a la retirada de la última estatua de Francisco Franco que quedaba en pie en la vía pública. En las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, donde quedaban multitud de símbolos en forma de placas, escudos preconstitucionales, mosaicos, vidrieras y bustos del dictador que han ido retirándose o tapándose, en caso de no poder quitarlos, a lo largo de los años. En total, más de 400 símbolos a lo largo y ancho del territorio nacional que poblaban fachadas principales, escaleras, jardines, gimnasios, pórticos, recibidores e incluso baldosas de instalaciones militares que exaltaban la figura de Franco y su victoria en la Guerra Civil y que habían permanecido inamovibles durante cuarenta años.

Pero aún queda mucho por hacer. Este mismo jueves, la consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Lourdes Ciuró, reveló que había recibido una resolución judicial que ordenaba paralizar la retirada del monumento franquista del río Ebre en Tortosa (Tarragona) mientras se resuelve una petición cautelar, según informa Europa Press. Ciuró mostró su confianza en que la situación se pueda "desencallar" antes del 18 de julio, cuando estaba previsto que empezaran los trabajos para desmontar el monolito del monumento a la Batalla del Ebro, por lo que espera que la jueza no tenga "problema en poderlo retirar, porque es un monumento fascista que honora a un bando, el que ganó la guerra, y se tendría que retirar".

A mediados de 2020, aún había en España más de 500 calles que mantenían nomenclatura franquista, veinticinco de ellas dedicadas al propio dictador. Y es que en la norma que aún está en vigor, la de 2007, no se hace mención expresa a callejeros de localidades, sino que determina en genérico que "las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". En la futura Ley de Memoria Democrática sí se habla de "topónimos, callejero o denominaciones de centros públicos realizados en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura" y lo extiende "sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".


Fuente → infolibre.es

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