La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que el Gobierno español ha puesto piedras en el camino de la investigación de los crímenes del franquismo, lo que se conoce como Querella Argentina. «Desde el momento en que la justicia argentina aceptó el caso, el Gobierno español comenzó a dificultar la evolución de la investigación». Primero el bloqueo vino del entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; después de los demás gobiernos. Así, el Ejecutivo español bloqueó unas vídeoconferencias que iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quería tomar declaración a algunas de las víctimas.
En dos oportunidades, en septiembre de 2013 y octubre de 2014, la jueza argentina que instruye el caso solicitó la extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo. En ambas ocasiones, España rechazó las solicitudes. Casi seis años después de presentarse la querella, la jueza solicitó a España que se tomara declaración a estas 19 personas entre el 4 y el 22 de abril. La respuesta del Ministerio de Justicia español fue devolver a Argentina la petición de interrogatorio con una reclamación: el listado de preguntas, lo que obligó a la justicia argentina a enviar de nuevo el exhorto.
Los implicados, entre los que están José Antonio González Pacheco alias «Billy el niño», fallecido recientemente y que fue condecorado tras la muerte de Franco, «podría decirse que han disfrutado de cierto amparo en ámbitos políticos o económicos que tienen mucho que agradecer a la dictadura», asegura la Asociación.
En estos años se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y víctimas que tratan de obtener la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho y que sistemáticamente les ha negado el Estado español. Uno de los principales pilares sobre los que se consolidó lo que para algunos es una transición ejemplar fue la impunidad. «La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los años en una cultura política, un hábito para una élite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qué responder con ellos», asegura la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Argentina es quizás el país que más ha avanzado en la persecución de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detención y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigación judicial de la trama económica, algo que si ocurriera en España pondría patas arriba buena parte de su estructura económica. «España ni ha investigado, ni ha colaborado con la justicia argentina. España tiene que asumir sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas las víctimas», añade el comunicado a propósito de la causa contra el franquismo.
En mayo de 2012, la sección española de Amnistía Internacional presentó un informe en el que analizaba la respuesta dada por la justicia española a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen de Franco y denunciaba que no se había llevado a cabo una investigación judicial exhaustiva por conocer los abusos cometidos durante el período dictatorial de 1936 a 1975.
Parte del informe se centra en la denuncia presentada por las víctimas y organizaciones de España y Argentina a este último país, basándose en el principio de jurisdicción universal. Específicamente, el informe concluye que, a pesar de la respuesta de la Fiscalía General de España y el gobierno a la jueza María Romilda Servini de Cubría a cargo de la querella argentina, según la cual «en España se abrirán procedimientos judiciales sobre los hechos que serán inhibidos la Audiencia Nacional», el hecho es que después de esta inhibición se archivará la «gran mayoría» de los casos.37 Según Amnistía Internacional, «España está incumpliendo sus obligaciones internacionales con respecto al derecho a la justicia de las víctimas y su deber de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen de Franco» y concluye que la situación de las víctimas es de «total impotencia judicial» y que la «cooperación judicial penal (…) prevista por el derecho internacional» y llevada a cabo en este caso por Argentina debe continuar.
En julio de 2014 el relator especial de la ONU Pablo de Greiff presentó un informe que analiza «las medidas tomadas por las autoridades españolas en (… ) verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en relación con las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista «.38
El franquismo no ha muerto
De Greiff reiteró la «incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España», que también contrajo antes de adoptar la ley de amnistía,39 y que «el derecho internacional establece que, en relación con En los casos de desaparición forzada, el período de prescripción debe comenzar a contar desde el momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde el momento en que la persona aparece viva o se encuentra su cuerpo ”. El Gobierno español considera que los delitos juzgados «ya prescribieron en España» y que también chocan con la Ley de amnistía española de 1977. Sin embargo, las Naciones Unidas han insistido en que «España está obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos» y «no puede protegerse de los principios de limitación y terminación de la responsabilidad penal». Además, los expertos de la ONU han enfatizado que los argumentos del Gabinete no tienen fundamento y contradicen las «normas y estándares internacionales de derechos humanos».
Hace ahora dos años, La jueza argentina María Servini, que dirige la única causa en el mundo en la que se investigan los crímenes del franquismo en España (1939-1975), recibió en Buenos Aires a una delegación formada por familiares de víctimas, nuevos querellantes y diputados españoles que buscan el avance del caso.
En su despacho del Palacio de Tribunales ubicado en el centro de la ciudad, la magistrada, que desde 2010 encabeza los expedientes bajo el principio de justicia universal, mantuvo una charla con, entre otros, los hermanos de dos de las víctimas en los primeros años de la transición a la democracia, cuando las instituciones franquistas seguían vigentes.
«La compensación es que haya reconocimiento de los hechos que pasaron, de que se resuelvan y tener un poco de esperanza en que dado que hemos tenido que venir un montón de kilómetros para reclamar justicia, a alguien en España se le remueva la conciencia y podamos reclamar la justicia donde nos corresponde que es en nuestro país», dijo a Efe Manuel Ruiz, hermano de Arturo.
En enero de 1977, durante la conocida como «semana negra» de Madrid, ese estudiante de 19 años cayó muerto tras participar en una manifestación contra el franquismo proamnistía (de los presos políticos) no autorizada en el centro de Madrid. Dispersados por las cargas policiales, los manifestantes huyeron en varias direcciones; y el grupo en el que se encontraba Ruiz se topó con cuatro pistoleros, de los cuales uno disparó y lo mató al grito de «Viva Cristo Rey», haciendo referencia al grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey.
«La esperanza es que en mi caso no se ha resuelto el tema porque el asesino no ha sido juzgado, el asesino huyó de España, huyó con la complicidad de las fuerzas del orden público y todavía no ha sido encontrado», añadió el hermano de la víctima, quien esta semana volverá a ver a Servini para prestar declaración testimonial. También lo hará Fermín Rodríguez, hermano de Germán, muerto de un disparo de la policía durante unos incidentes en las fiestas de San Fermín de Pamplona en 1978, un caso que se incorpora a la querella.
La jueza Servini, hoy convaleciente del coronavirus, investiga los crímenes del régimen en la distancia y con eventuales viajes a España, ya que la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los responsables de la dictadura en territorio español.
Jacinto Lara, uno de los abogados de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que también viajó a Buenos Aires, especificó que el encuentro con Servini y el fiscal, Ramiro González, sirvió para dar importantes pasos en la causa contra el franquismo, que es «absolutamente capital». «Que se sigan incorporando querellas y pruebas que acrediten que todos aquellos hechos constituyeron crímenes contra la humanidad», relató.
El letrado destacó que se estudian alternativas para que los exhortos que libra el tribunal de Servini no sean «sistemáticamente devueltos» por parte de los juzgados españoles a los que se pide colaboración y articular nuevas declaraciones testimoniales de víctimas directas de la represión. Actualmente, la causa continúa en fase de instrucción, y se siguen incorporando nuevas denuncias.
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