Los indultos que a muy pocos satisfacen

El Gobierno traiciona al movimiento feminista y las exigencias de jubilados y pensionistas

Factores varios han llevado al Gobierno a establecer un indulto condicional, revisable y parcial que no da respuesta a los problemas políticos democráticos y de represión que obstaculizan la gobernanza, a falta de acuerdos con los que se podría abrir la vía de la soberanía de los pueblos frente al continuismo monárquico.

El Gobierno se ha visto obligado a mover ficha por la necesidad de poder aprobar sus Presupuestos sin tener la mayoría necesaria para ello. Presupuestos que no son los de la recuperación económica y social, sino los del reparto de subvenciones y prebendas entre los principales grandes grupos económicos y de presión. Obligándose, por ello, a reabrir una mesa de negociación política con los representantes de la Generalidad, mesa cuyo funcionamiento viene Sánchez bloqueando hace mucho tiempo.

Desde la Unión Europea se han emitido señales de preocupación ante las condenas injustificadas de los dirigentes soberanistas catalanes, con dudas acerca de las medidas de contrarreforma comprometidas por la señora ministra de economía a cambio de los préstamos acordados, de los que hace bandera en primer término la dama de negro de los intereses del capital en el gobierno español. A ello se suma el hecho de que los partidos franquistas se han lanzado al monte contra los indultos, tratando con su movimiento de cobrarse la cabeza del gobierno y provocar elecciones anticipadas. La lideresa del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha resumido con demagogia “trumpista” la posición de las derechas, manifestando que no va a “consentir que ni las empresas ni los autónomos madrileños, y mucho menos el resto de contribuyentes, paguen la fiesta”.

Los más interesados personal y políticamente en los indultos tan peleados, los presos que han salido de prisión después de tres años, no tienen duda: no existe el indulto que haga callar al pueblo de Cataluña, y lo han dicho claramente: “lo volverán a hacer”. Es decir, volverán a promover una consulta popular que le permita decidir al pueblo catalán; y ello porque la soberanía de los pueblos no se puede enjaular en leyes contrarias a la democracia, como pretenden los partidarios del régimen monárquico, sean del color que sean.

Oriol Junqueras, vicepresidente depuesto por el golpe del 155, ha sido muy claro al respecto: “Hoy, cuando salimos de la prisión no se acaba nada, todo continúa, somos nueve personas que nos añadimos al esfuerzo y el trabajo para la libertad de este país, para la amnistía de los 3.000 represaliados, de la gente amenazada por procesos judiciales habidos y por haber, por los que están en el exilio: al trabajar por los represaliados trabajamos por la libertad de este país”.

Otro de los indultados, el consejero depuesto Raúl Romeva, recordó a su salida de prisión cuál es la estrategia actualizada del movimiento soberanista: “Saldremos a trabajar por la libertad, por la amnistía contra la represión, que nadie se equivoque…/…la república es una necesidad, es una herramienta para combatir las desigualdades”.

Así están las cosas, cuando la gran patronal, los obispos y la misma firma constitucional del Rey avalan los indultos…, y los ministros de Sánchez, a coro, repiten que si la medida logra la normalidad es buena en sí misma. La normalidad de la que hablan no existe más que en sus ilusiones legales en la herencia del franquismo contra la democracia y la defensa de los derechos y conquistas sociales, mientras que tanto por la derecha como por los partidos soberanistas se cuestionan las medidas constitucionales.

Los partidarios del indulto se equivocan y para justificarse hacen trampas con el vocabulario. El Gobierno de Sánchez hace un gesto que no resuelve los problemas; y por tanto es inútil, si lo que pretende es prolongar la represión, lo que llaman descaradamente “normalidad”. La crisis política se vuelve a centrar en el gobierno y en la institución central que el gobierno protege, la Monarquía, como síntesis de la herencia franquista. La cuestión catalana es la primera de las cuestiones y se han colocado, otra vez, en primer plano, poniendo de manifiesto la crisis del régimen, la división y enfrentamiento de los partidarios de la Constitución del 78, y cómo los problemas del gobierno se acumulan sin solución en la mesa del Consejo de ministros.

Acaba de remitirse al Consejo de ministros el “anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans”, desencadenando la oposición de la mayoría del movimiento feminista que, en un comunicado reciente, declara que “el PSOE se traiciona así mismo, a las mujeres y al feminismo”, considerando que el anteproyecto trans es un “nuevo capítulo de la ley Mordaza: prohibido hablar de sexo”, lo que a su entender constituye una decisión histórica, suponiendo el abandono de la lucha por los derechos de las mujeres. A petición de los ministros de Unidas Podemos, y después de haber fracasado en un primer intento de aprobar una ley trans que cuestiona derechos fundamentales, el Ejecutivo ha adoptado un texto que profundiza en la inseguridad jurídica que se deriva de negar el sexo, haciéndose portavoz de las tesis posmodernas que considera el sexo como una categoría jurídica irrelevante.

El comunicado de la plataforma “contra el borrado de las mujeres” señala que “el PSOE, contrariamente a sus propios pronunciamientos de partido, ha cedido como gobierno tanto a la coacción de grupos que amenazaban con prohibir su presencia en el Día del Orgullo, como las presiones de su socio de gobierno. El gobierno, apremiado por las presiones de su socio minoritario, ha recurrido a un subterfugio de leguleyos: en el Anteproyecto se hace desaparecer el término “identidad de género” para ser sustituido por el de “identidad sexual”, tal y como tergiversa una de las asociaciones que han participado en la redacción”. De forma que el anteproyecto aboga por el cambio de sexo legal, sin ningún tipo de acreditación o verificación de transexualidad. Además, el anteproyecto acordado amenaza con todo tipo de sanciones para quienes no acepten, sin rechistar, la existencia de un “sexo sentido”. Lo que constituye un conjunto de medidas dictatoriales y represivas para tratar de silenciar al movimiento feminista.

Sabido es que el movimiento feminista es con el movimiento de jubilados y pensionistas el más potente a la hora de la movilización social. De ellos se ha servido hasta ahora el gobierno para llegar a la Moncloa y mantenerse, dándose un barniz progresista que ahora pone en cuestión, de una parte, con su anteproyecto trans promovido por el Ministerio de Igualdad, y, de otra, con el acuerdo establecido con los dirigentes sindicales oficiales para reducir las pensiones por exigencia de la Unión Europea.

La contrarreforma de las pensiones, bajo la exigencia de los dictados de Bruselas, toma una vez más cuerpo a través de la política de Pacto Social entre Gobierno y burócratas sindicales, de la que es adalid la ministra de Trabajo, mediante una ley que establece el retraso de la jubilación y la penalización de las jubilaciones anticipadas, propiciadas por los despidos de las grandes empresas. Se busca el momento propicio para su aprobación, escondiendo el texto definitivo de lo pactado. Las plataformas de pensionistas han entendido la gravedad del ataque que se prepara contra el sistema público de pensiones; y por ello organizan nuevas movilizaciones y la posibilidad de una marcha a Madrid de todas las expresiones organizadas para primeros del próximo mes de Octubre.

Son, por tanto, muchas las asignaturas pendientes que el Gobierno acumula para septiembre y más allá, como también es el caso de la nueva-vieja Ley de Memoria, que se pretende aprobar cuando las víctimas y sus familiares denuncian públicamente el abandono institucional al que siguen sometidos. La ley del gobierno Sánchez es la repetición de la fracasada ley de Zapatero, que se hizo al dictado de las imposiciones franquistas del Consejo de Estado. Impunidad de los crímenes franquistas y abandono de las víctimas es lo que el Gobierno pretende prolongar. Progresismo y monarquía se ponen de manifiesto como términos antagónicos, de la misma manera que franquismo y democracia son incompatibles. ¿Lo entenderá el Gobierno, rompiendo sus compromisos con la monarquía, antes que mine sus propias bases de sustentación?