Los crímenes del franquismo quedaron impunes después de la muerte del dictador, en virtud de un “pacto de silencio” y de la amnistía que presidieron la llamada “transición española”. En los últimos años esto comenzó a cambiar, por una acción en la que participan argentines.

Los crímenes del franquismo. La memoria histórica y la Querella Argentina / Daniel Campione:

Una respuesta frente a la persistencia de la impunidad se generó hace ya una década a partir de un cruce sugestivo. Desde la judicatura española se había emprendido el juzgamiento de los crímenes de Argentina, amparados en ese entonces por las leyes de impunidad y por tribunales que las aceptaban. Ahora, ante la pertinaz negativa de los tribunales superiores de España a la posibilidad de juzgar los hechos considerados amnistiados y/o prescriptos, es desde aquí que se impulsa el juicio de los criminales de lesa humanidad españoles. Se invoca el principio de la jurisdicción universal, que antes se había adoptado desde España para procurar la justicia en nuestro país

Ha cumplido diez años la querella argentina que investiga los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, considerados como genocidio y crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles y no susceptibles de amnistía.

Se inició en 2010, a partir de la acción del hijo de una víctima, residente en nuestro país, Darío Rivas. Pronto se sumaron otros familiares que vivían aquí, que incluso formaron una filial de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esa querella cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos humanos de Argentina. Tiene el patrocinio de abogados en Argentina y en España, entre los cuales jugó un papel destacado el ya fallecido Carlos Slepoy. En el ámbito español se ha conformado la Red de Apoyo a la Querella Argentina, luego transformada en Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina (CEAQUA)). También se crearon “plataformas” de apoyo en las diferentes comunidades autónomas, como las de Euzkadi, Asturias, Andalucía, Cataluña y Baleares, Castellano leonesa, Galicia, etc. Ellas nuclean a su vez a personas, asociaciones y administraciones públicas que impulsan la querella. Representan a centenares de víctimas y generan distintas actividades conexas con la memoria, la verdad y la justicia. También se ha formado una plataforma en Argentina.

La querella toma los siguientes delitos: “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.” No se detiene con la muerte de Franco, sino que se proyecta sobre los inicios de la Transición.

Se ha incorporado a la querella un más amplio espectro de crímenes y de víctimas. Éstos abarcan todo el marco temporal y nuevos tipos delictivos: ex-presos políticos de los años 70, tráfico de niños robados, asesinados y torturados durante los últimos años de la dictadura, víctimas del trabajo esclavo, mujeres víctimas de “crímenes de género”, afectados por abusos infantiles en preventorios, familias condenadas al exilio. Hay casos muy particulares, como la acción para esclarecer persecuciones y crímenes contra sacerdotes y religiosos. O la denuncia sobre el homicidio de Federico García Lorca, crimen símbolo durante la guerra civil, cubierto hasta hoy por el ocultamiento de su cadáver.

La negación de justicia por los tribunales españoles, que se extendió luego de iniciada la querella al rechazo a la extradición de los criminales solicitada desde Argentina, fue condenada desde la ONU, sin por eso modificar la actitud. Pablo de Greiff, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, recordó en su informe de 22 de julio de 2014, “la obligación internacional del Estado (español) de extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegar la extradición de los acusados de la justicia española para iniciar la investigación y juzgar a los responsables “

No es casualidad que estas acciones se hayan dado desde Argentina. Esa sociedad ha pasado por una trayectoria de luchas en pro de la verdad y la justicia y contra las leyes de impunidad. Y en el plano jurídico por un proceso de adaptación de su ordenamiento legal, desde la Constitución Nacional hasta la interpretación de los jueces, para poder juzgar a sus propios genocidas. La legislación y la jurisprudencia argentina, se han ido ajustando para hacer posible el ejercicio de la jurisdicción frente a los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Para ello, ha sido necesario derogar y luego declarar la nulidad de pleno derecho de las leyes llamadas de Punto Final y Obediencia Debida. La Constitución por su parte abre la puerta del ordenamiento argentino para el ejercicio de la jurisdicción universal. No sólo previéndola, sino permitiendo la aplicación directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Desde Argentina se cuestiona la interpretación de los hechos y de las normas por las fiscalías y los jueces de España. En la Península se los considera hechos aislados y son calificados como delitos comunes. Para el juzgado argentino, se trata de acciones realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión de los opositores políticos, un contexto propio de crímenes internacionales. Las normas aplicables son, por lo tanto, internacionales, complementadas con las normas argentinas. Y los delitos a juzgar, imprescriptibles y no susceptibles de amnistía.

En 2013 un grupo de víctimas españolas declaró en Argentina. Los testimonios de las víctimas y sus familiares fueron recogidos en sede judicial, pudieron declarar y relatar todos aquellos crímenes silenciados, algunos durante generaciones. Estas actuaciones tienen en sí mismas un efecto reparador, de reencuentro con la memoria

Ese mismo año, se presentaron los primeros cargos y se emitieron órdenes de arresto internacional a un conjunto de represores, lo que incluyó a ex ministros de la dictadura y de los años posteriores, a policías torturadores, miembros del Poder Judicial de la dictadura y de consejos de guerra y otros autores de crímenes de lesa humanidad. Éstas últimas fueron denegadas por los tribunales españoles. Ni extraditan para el juzgamiento en Argentina ni juzgan en España.

Se han ordenado exhumaciones, declaraciones de víctimas, interrogatorio de represores (el del famoso torturador Billy el Niño, por ejemplo). Está involucrado alguien que fue ministro no sólo de la dictadura sino también de la democracia, Rodolfo Martín Villa. Ha intervenido en exhumaciones el Equipo Argentino de Antropología Forense, de vasta trayectoria internacional en esa tarea.

La perspectiva hoy, y hacia el futuro, no puede ser otra que “juicio y castigo a los culpables”. En un contexto de búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia; y de defensa de los derechos humanos. Ir a buscar a los criminales donde vayan, rescatar los cuerpos de los desaparecidos, volver a conectar a toda la sociedad con un pasado que no se repetirá sólo si no queda impune.