La Semana Negra de la Transición


La Semana Negra de la Transición

Primer artículo, escrito por Andrés Santafé (@SantafeAndres_), dentro de la recopilación de dos artículos titulada «Violencia política en Transición: la Semana Negra de 1977».

Introducción

Son numerosas las interpretaciones que muestran el periodo de la Transición como una etapa modélica, como el culmen de la reconciliación entre las archiconocidas “dos Españas”. En este sentido, para Julio Aróstegui se trata de un momento satisfactorio sin demasiados traumas ni sufrimientos, y de forma semejante se refería Javier Tusell que, sin negar la violencia política, lo consideró generalmente pacífico.

Hay investigaciones más recientes que apuntan en una dirección muy diferente y ponen el foco en los episodios violentos por los que pasó. Este sería el caso de historiadores como Xavier Casals, para quien la violencia fue un elemento estabilizador de la democracia, o Sophie Baby, que configuró una recopilación extraordinaria de todos estos crímenes en El mito de la Transición pacífica.

El propósito de este trabajo es, centrándonos en la Semana Negra de 1977, analizar la influencia de la violencia política para el desarrollo final de los acontecimientos y para la opinión pública, así como repasar la historia de sus actores más destacados. Se trata de un sujeto histórico que, a excepción del terrorismo nacionalista vasco, ha pasado por alto para el grueso de la historiografía.

Tanto porque es inabarcable en este estudio como porque escapa al tempo del mismo, las violencias de grupos nacionalistas –entre las que se enmarcarían las de ETA, Terra Lliure y MPAIAC- quedarán excluidas. Siguiendo una consideración generalizada y visible en investigadores como Gallego, Baby o González Calleja, además de esta categoría habría que tener en consideración las violencias de Estado y las protestarias, que procedieron de la extrema derecha y de la izquierda radical.

Estos tres tipos de violencia serán protagonistas en la Semana Negra, combinándose en medio de un momento de enorme importancia política y tensión, para hacer dudar a todas las esferas de la sociedad sobre qué era lo que iba a pasar. Aquella serie de muertes en manifestaciones, secuestros y atentados se tradujeron en, para el entonces Ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, los momentos en los que vio amenazada la transición.

Un momento delicado

1976 y 1977 son los años que registran el mayor número de violencias de baja intensidad. Se trata de algo lógico si se tiene en cuenta la coyuntura: tras la muerte de Franco se están produciendo numerosas transformaciones en el orden legal como la Ley para la Reforma Política –ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976-, la supresión del Tribunal de Orden Público (4 de enero de 1977) o el advenimiento de las primeras elecciones democráticas en más de cuarenta años.

Los distintos grupos políticos sacaban sus propias conclusiones. Mientras que en la extrema derecha se percibía como un golpe y una traición, la izquierda revolucionaria observaba en la voluntad de regenerar el sistema político y económico una clara herencia fascista. Fruto de estos distintos discursos y acciones, la población estaba exaltada y se mostraba en muchos casos intolerante. Venía de protagonizar, durante las semanas anteriores al referéndum, numerosos enfrentamientos entre las distintas ideologías políticas y contra los agentes de policía.

Los días previos a la Semana Negra todavía se iba a elevar más el grado de tensión. El martes 18 de enero de 1977, miles de empleados de diversas empresas del transporte privado iniciaron una huelga indefinida –que llegaría al 95% de seguimiento- en búsqueda de mejoras salariales, todo en un momento de malestar tras sucesivos fracasos en las negociaciones. Su importancia radica en que se percibió como un ataque frontal a lo que quedaba del búnker debido a que el Sindicato Vertical era la única institución que sobrevivía del legado franquista, y, además, en su rama de transporte seguía controlada por personas muy afines al régimen frente a los cuales se iban a sentar juristas comunistas. Sin lugar a dudas, las repercusiones de esta huelga fueron capitales a la hora de determinar el destino de los abogados de Atocha, quienes protagonizan el episodio más sonado de la Semana Negra.

Los hechos de la Semana Negra

La Semana Negra de la Transición comenzó con la muerte del estudiante Arturo Ruiz García –quien no estaba asociado a ninguna organización política- por los disparos de un miembro del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey. Se produjo el día 23 de enero, tras una manifestación en Madrid por la amnistía de los presos represaliados por el franquismo. Tras la dura represión a la movilización, esta quedó dispersada en algunos puntos. Fue entonces cuando un grupo de manifestantes se encontró al comando de extrema derecha, que abriría fuego tras haber disparado previamente al aire. Con los ánimos más calmados, algunos congregados acudieron al lugar del crimen para rendir un pequeño homenaje a su compañero, a lo que la policía respondería con cargas y lanzamientos de botes de humo, borrando así las pruebas de la escena.

El día 24, alrededor de las 10 de la mañana, el teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado cuando se disponía a salir de su domicilio. Desde el Gobierno y la policía se apuntó en todo momento a la banda armada GRAPO, algo que sería confirmado esa misma tarde, cuando uno de los secuestradores contactó con Diario 16 identificándose como miembro de este grupo. Los GRAPO explicaron este secuestro como una respuesta a la muerte Arturo Ruiz. Al día siguiente, la policía había detenido a unas treinta o cuarenta personas en relación con el secuestro del teniente general Villaescusa. Uno de los detenidos era Ángel Guisando Covelo, presuntamente implicado. Este acontecimiento generó un enorme estupor entre sus compañeros y en los medios obreros, en los que Ángel Guisando gozaba de gran respeto. Sin embargo, tras varias horas declarando fue puesto en libertad sin cargos.

Para ese mismo día se habría preparado una jornada de lucha en memoria de Arturo Ruiz. Una conmocionada población efectuó un paro casi total en las universidades, y las manifestaciones consiguieron congregar a 115.000 personas en la ciudad de Madrid. Cuando una de las movilizaciones avanzaba hacia la plaza de Callao, “las fuerzas especiales, a bordo de sus DKW, hicieron irrupción desde atrás, cogiéndola literalmente entre dos fuegos. Disparando directamente sus botes de humo, a ras del suelo, y a distancia de pocos metros, los especiales prosiguieron su carga. A mi lado, casi sin darme cuenta, cayó al suelo una muchacha con la cara ensangrentada”. Se trataba de Mari Luz Nájera, una estudiante de la facultad de sociología a la que no se le conocía ninguna afiliación política. Su muerte a causa del lanzamiento de botes de humo quedó sin investigación y sin ningún policía encausado.

Por la noche todavía se recrudecería más la violencia. En Atocha 55 se encontraba un conocido bufete de abogados laboralistas de Comisiones Obreras. Sería sobre las once de la noche cuando tuvo lugar la conocida Matanza de Atocha, en la que cinco miembros serían víctima de un atentado ultraderechista. No obstante, por la importancia y repercusión que tuvo este suceso, hemos considerado oportuno explicarlo más adelante en un apartado específico con el fin de poder reflexionar tanto sobre el crimen como sobre la respuesta.

Tras varias jornadas de luto, especialmente notables en Madrid, el día 28 volvió a derramarse sangre en las calles capitalinas. El primer atentado se ejecutó en torno al mediodía, cuando dos individuos penetraron en una sucursal de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros, cercana a la boca de metro de Campamento, y tirotearon a dos policías armados que se encontraban de servicio. Sobre la una y media de la tarde, otro guardia civil caía muerto en un atentado de forma muy similar, en otra sucursal de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros, esta vez a la altura del kilómetro 8 de la carretera de Andalucía. Después de unas batidas policiales que no dieron demasiado resultado, se efectuaron detenciones por toda la geografía española a miembros de la extrema izquierda. Horas más tarde, los GRAPO reivindicarían el atentado mediante una llamada al diario Informaciones.

Además, su entierro –que tuvo lugar al día siguiente, sábado 29- dio pie al surgimiento de una serie de incidentes provocados por miembros de la extrema derecha, quienes mostraron su hostilidad a la reforma política con gestos simbólicos como proclamas anticomunistas o entonando el Cara al Sol. También fue abucheado gravemente Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa, a quien se acusaba de traición.

Tras los últimos crímenes del 28 de enero, el entonces Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se dirigió a la población mediante un comunicado televisado en el que expresaba que el terrorismo solo buscaba enturbiar y desestabilizar la situación, mientras que pedía confianza en las decisiones del gobierno y exaltaba el papel de las fuerzas del orden.

La matanza de Atocha y sus repercusiones

Justo el 24 de enero terminaba la anteriormente mencionada huelga del transporte madrileño, y lo hacía con una victoria del todavía ilegal sindicato Comisiones Obreras. A su vez, esto significaba también una victoria del Partido Comunista de España. Se interpreta como un triunfo de la subversión en el agonizante sindicato vertical, y las instrucciones mandan “dar un susto” a Manuel Navarro, destacado abogado laboralista.

Para ello se dieron cita José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, de veintitrés años, era un señorito de El Toboso, hijo de la aristocracia madrileña. Se abre un buen contraste con José Fernández Cerrá, proveniente de una familia de clase media baja con abundancia de altos cargos militares. Carlos García Juliá, el último componente del grupo, tenía veintiún años y era también estudiante sin fortuna. Se trataba de un rostro conocido de la extrema derecha, ya que había sido afiliado primero de Fuerza Nueva y luego de Falange Española y de las JONS.

Aquella noche no encontraron a Navarro en el despacho, pero sí a nueve abogados laboralistas -vinculados con el paro de transportes- reunidos. Mientras que uno se quedó vigilando posibles llegadas, los otros dos asaltantes penetraron en el inmueble y lo registraron en búsqueda de otras personas o información. Pasados unos minutos los dos se colocaron en el salón, delante de los abogados, y sin mediar palabra dispararon indiscriminadamente.

Cinco abogados fueron muertos en este crimen que conmocionó al país en todos los ámbitos. Se trató de un golpe contra el mismo corazón de la Transición, ya que la figura de los abogados laboralistas, especialmente de los de Atocha, se veía como uno de los baluartes de la lucha antifranquista y de la defensa de los intereses de los trabajadores.

En toda la geografía los trabajadores respondieron con huelgas que, según el sindicato COS, en Madrid aglutinaron entre 200000 y 400000 personas. Lo mismo ocurrió en el ámbito estudiantil, donde además de por el suceso de Atocha, se paró también por la muerte de Arturo Ruíz y María Luz Nájera. Los distintos partidos políticos, sin importar su condición ideológica, emitieron comunicados condenando los hechos.

De la misma manera respondieron los medios de comunicación. Destaca El País, que fue el diario que más portadas dedicó al suceso, llevándolo también un día antes que el resto de medios a su plana mayor y con un titular que destacaba más que los habituales. El de Atocha se perfilaba como un atentado contra la democracia, y la prensa no tardó reflejó este mensaje. El día 29, tras los atentados contra las fuerzas de seguridad y el mensaje de Suárez, toda la prensa publicó un editorial común titulado “Por la unidad de todos” en el que se rechazaba la violencia terrorista y se instaba a una contundente respuesta del Gobierno, aún sin atacar a las libertades públicas.

El entierro de los abogados de Atocha representa un punto de inflexión en la Transición. Según las estimaciones, entre 100000 y 250000 personas, independientemente de su ideología, se dieron cita para despedir a cinco letrados comunistas y para mostrar un rechazo tajante de la violencia. Para mayor sorpresa, ni siquiera fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad ante el inmenso e impactante desfile de gargantas calladas.

Son muchas las opiniones que señalan que en esos días el PCE, quien se encargó de la seguridad de las movilizaciones, se ganó su legalización. Según una encuesta de Cambio 16 de abril de 1977, en octubre de 1976 solo un 25% de la población estaba a favor de la legalización de dicho partido. Las cifras se igualaron en diciembre, con un 32% favorable y un 32% en contra. Sin embargo, el vuelco llegó a raíz del atentado, ya que en febrero de 1977 el “sí” casi duplicaba (43%) al “no” (24%).

Se debió a que el partido comunista, que había sido la diana de las provocaciones, había sido capaz de responder a las mismas con templanza y dando fe de su compromiso democrático. Fue una contestación dolida pero sacrificada.

En todos los medios de expresión del PCE, desde Mundo Obrero hasta las palabras de Carrillo, se puede apreciar firmeza y determinación en la repulsa hacia todos los crímenes cometidos. Carrillo mostró precisión política al equiparar dos violencias, la perpetrada contra los abogados y la dirigida a las fuerzas del orden. Reafirmó la reconciliación nacional contra los extremismos y puso como objetivo democrático la legalización de todos los partidos, lo que se traducía en fijarse en la del PCE, la única que no estaba todavía decidida.

También fue muy sonada la película dirigida por Bardem y Morán –dos afiliados al PCE-, Siete días de enero (1978). Para ellos, el interés de estos acontecimientos radica, sobre todo, en que la violencia del crimen ultraderechista se cebó en los comunistas, de modo que su contribución a la democracia no consistiría únicamente en su abandono de la radicalidad, su capacidad de negociación y renuncia –como la aceptación de la monarquía o de la bandera-, sino también en su sacrificio pagado con vidas de militantes.

Respecto a las interpretaciones acerca de la Matanza de Atocha, la más aceptada habitualmente es la que señala el episodio como uno más dentro de la estrategia de tensión que conducía la ultraderecha. Esto señalaría una voluntad de escalar la violencia hasta hacerla inasumible a ojos de los elementos más reaccionarios del ejército, que terminarían interviniendo al estilo del 18 de Julio de 1936 o, como se vería más adelante, como el 23 de Febrero de 1981.

Sin embargo, nos queremos detener en la línea de investigación abierta por Manuel Gallego, que apunta más bien a una reacción coyuntural de los agentes inmovilistas. La extrema derecha había tenido que hacer frente a dos secuestros ultraderechistas, ya que al anteriormente mencionado de Villaescusa se debe sumar el del Presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol Urquijo –de filiación tradicionalista-, perpetrado anteriormente (11 de diciembre de 1976). También la huelga de transportes y la victoria de los trabajadores habían representado un duro revés para el casi extinto Sindicato Vertical, el último recoveco que le quedaba al búnker. Todo en un contexto de desmoronamiento social y político de aquel régimen que seguían defendiendo, por lo que estas acciones parecen un intento desesperado de dos individuos de salvar aquella España en la que creían.

Sin embargo, es una teoría que no se ha podido confirmar ya que los perpetradores se negaron siempre a señalar a personalidades de la extrema derecha involucradas. Además, parece evidente que la actuación del juez y de varios agentes de policía, evitaron que se conociera toda la verdad sobre el asesinato de los abogados e impidieron que se ampliase el círculo de complicidades más allá de los ya procesados.

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La Semana Negra es como se conoce a una concatenación de sucesos violentos que hicieron tambalear la transición. Se iniciaron el domingo 23 de enero con la muerte del estudiante Arturo Ruiz García y terminaron el sábado 29 con el funeral de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asesinados.

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Baby diferencia a estas violencias de las terroristas. Estarían formadas por atentados materiales sin utilización de armas de fuego, así como por agresiones físicas, alteraciones del orden público, intimidaciones o amenazas verbales.

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Fuente → contracultura.cc

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