Juan Carlos I de Borbón, más prófugo que emérito
Pascual Serrano
El
último descubrimiento en el entramado financiero del rey emérito es una
cuenta en Andorra con 10 millones de euros. Esto se suma a otras
investigaciones de la Justicia suiza y española, donde la tónica es el
dinero negro, los testaferros y los paraísos fiscales.
El 15 de junio se supo que la fiscalía suiza había encontrado en Andorra una cuenta vinculada a Juan Carlos I donde escondía 10 millones de euros.
El depósito, abierto en el banco Andbank, estaba controlado
supuestamente a través de la sociedad instrumental Stream S.A., dirigida
por testaferros. Los investigadores llegaron hasta la cuenta del
Principado, activa hasta 2016, por una transferencia de la Fundación
Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón -primo de
Juan Carlos - que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de
euros desde ella.
Este mismo mes también se ha sabido que la Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza, ha abierto un expediente contra el banco Mirabaud & Cie, entidad en la que se depositaron los 100 millones de dólares que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, tal como adelantó El País. Lo ha hecho para investigar si se cumplieron los protocolos y la debida diligencia para evitar el blanqueo de capitales.
Felipe VI como segundo beneficiario
La cuenta bancaria de Mirabaud & Cie se abrió a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, en cuyos estatutos internos aparece el emérito como primer beneficiario y Felipe VI como segundo. Las actas incluían una cláusula para tratar de evitar disputas en el seno de Zarzuela por el control de los activos de la sociedad instrumental.De esa cuenta, Juan Carlos de Borbón habría sacado durante cuatro años un promedio de 100.000 euros al mes para gastarlos en España sin dejar rastro. Las operaciones se produjeron al menos entre 2008 y 2012. El monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Ninguna de esas disposiciones de efectivo fue declarada a la Hacienda española. Además del ingreso inicial de Arabia Saudí, en la cuenta de Lucum aparece otra transferencia recibida del rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, por importe de 1,9 millones de dólares.
El
resto de operaciones reflejadas en el balance del depósito son
retiradas de dinero en ventanilla. Una vez llegaba a sus manos, los
billetes eran usados por el conjunto de los miembros de Zarzuela para
pagar regalos, viajes, consumiciones y otros lujos. Solo en 2010, el rey
emérito dispuso de 1,5 millones de euros opacos. O lo que es igual,
125.000 euros en metálico cada mes, una cantidad similar a los 140.000
euros de dotación que tuvo asignados en los presupuestos de 2010 para
todo ese año.
60 millones para Corinna
En
julio y septiembre de 2011, Juan Carlos de Borbón efectuó de nuevo
retiradas de la misma cuenta, y así continuó hasta junio de 2012, dos
meses después de que se disculpara públicamente en unas declaraciones
históricas por su accidente en Botsuana. Tras ese escándalo del rey
cazando elefantes en Botsuana en plena crisis económica, el banco
trasladó al monarca su incomodidad por la existencia de la cuenta. Juan
Carlos I optó entonces por transferirle los aproximadamente 60 millones
de euros que quedaban en la entidad a su entonces amante, Corinna
Larsen, en concepto de donación.
La investigación de la fiscalía suiza sobre las cuentas en ese país del rey emérito elevan a más de 82 millones de euros los negocios en común
de ambos en sociedades, cuentas y fundaciones. Según el fiscal suizo,
Juan Carlos I y su compañera compartieron esos ingresos procedentes de
Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, México y Marruecos (en este último caso
en forma de unos terrenos), quien confirmó estos datos a la justicia
española a través de una comisión rogatoria enviada hace algo más de un
año.
Ya
en verano de 2018, el fiscal del cantón de Ginebra abrió una
investigación ante la sospecha de que el rey había utilizado el sistema
financiero helvético para blanquear dinero. Supuestamente, las
comisiones por la adjudicación del proyecto saudí del AVE a La Meca a un
consorcio de empresas españolas, aunque en los últimos meses ha ganado
fuerza la tesis de que los 64,8 millones de Arabia Saudí fueron en
realidad una contraprestación por su labor de lobby para lavar su imagen
internacional.
Tres investigaciones de la Fiscalía
Todo
lo anterior es solo una de las tres vías de investigación contra Juan
Carlos de Borbón que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo en
España. Otra más se inició después de que el Ministerio Público
recibiese un informe del Servicio de Inteligencia Financiera de España
(Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias, Sepblac), según informaron la
fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe
Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro con periodistas el
pasado mes de noviembre.
La tercera investigación abierta se refiere a los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban
el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios
de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos. Son
tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito
ni su familia aparecen como titulares, según confirmaron a Eldiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.
Los
movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas
corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, fechas posteriores a la
abdicación del rey Juan Carlos, por lo que habría perdido parte de la
impunidad que le otorgaba su cargo de jefe del Estado.
La
Fiscalía Anticorrupción no solo está analizando todos los gastos de
estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se
cubrían. Se sabe que se trata de un dinero procedente del extranjero,
por lo que la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a
diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
Mientras tanto, ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros
en un solo ejercicio. También se ha identificado a dos individuos
presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar
gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando del Ejército
del Aire.
Regularizaciones fiscales como cortafuegos
La
reacción de Juan Carlos de Borbón es intentar aplicar cortafuegos a las
investigaciones de la justicia española mediante regularizaciones
fiscales. A principios de diciembre del año pasado ya pagó
678.393,72 euros para evitar una investigación por delito fiscal, el
objetivo de ese pago era regularizar las cantidades no declaradas que
gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas anteriormente
citadas y que investigaba la Fiscalía.
En febrero de este año hizo un segundo pago a Hacienda
de 4,4 millones de euros, que correspondería con deudas tributarias
derivadas de los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió para
vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018
la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. Se trata
del dinero de la cuenta de Andorra con la que empezamos esta
información. Esta regularización no ha frenado la investigación de la
justicia española.
Testaferros desde Liechstenstein
La
Fundación Zagatka se creó en 2003 en Liechtenstein y la fiscalía suiza
sospecha que su objetivo era ocultar las cuentas de Juan Carlos de
Borbón recurriendo a su primo como testaferro. Hasta el pasado junio,
cuando cambió su reglamento, la fundación tenía como tercer beneficiario
de sus fondos a Juan Carlos I y a Felipe VI y sus dos hermanas como
cuarto y quintas, respectivamente. Una de las cuentas de la fundación,
abierta en el banco Credit Suisse, habría llegado a acumular alrededor
de 14 millones de euros.
Según el diario británico The Telegraph,
sólo entre 2016 y 2019, cinco millones de euros procedentes de esa
cuenta se habrían destinado a pagar vuelos en jets privados del monarca y
su amante Corinna Larsen. "El banco es el primo. Él es el que paga los
aviones", dijo Corina Larsen en una conversación con el comisario
Villarejo en referencia a Orleans.
Una
vez mostrada la evidencia de que el rey emérito manejaba una cantidad
desorbitada de dinero muy por encima del presupuesto público que
ingresaba por su cargo, y que ese dinero no estaba sometido al control
de Hacienda, la siguiente incógnita era saber de dónde procedía.
Eldiario.es elaboró un listado de empresarios multimillonarios y gobernantes de dictaduras, principalmente petromonarquías, que habrían sido los financiadores del monarca según las investigaciones periodísticas y judiciales.
Ahí estarían personajes como el fallecido rey de Arabia Saudí Abdalá
bin Abdulaziz, el sultán de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa o el
expresidente kazajo Nursultan Nazarbayev junto a grandes magnates como
el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause.
Y
como nadie da dinero por nada, ni siquiera a un rey, la siguiente
pregunta era a cambio de qué eran esas millonarias donaciones, y todo
parece indicar que se trataría de comisiones por negocios hechos con el
Estado español o empresas españolas. Quedaría por saber cuánto de toda
esa trama quiere y es capaz de esclarecer la justicia española.
El Estado español le sigue pagando en Abu Dabi
Mientras
tanto, el emérito, desde que salió de España en agosto de 2020 ante los
escándalos financieros, sigue viviendo a su estilo, es decir, como un
rey, en Abu Dabi. Mientras aparecía todo ese dinero negro, esas cuentas
en paraísos fiscales y esos gastos desorbitados, durante 2020 todavía el presupuesto público español le destinaba 42.033,23 euros y otros 114.231,24 a su esposa.
Pero
ese dinero no significa mucho porque el truco siempre ha estado en
endosarle a otras instituciones del Estado los gastos de la Familia
Real. Así, el coste del personal que asiste al rey emérito en Emiratos
Árabes desde que salió de España corre a cargo de Patrimonio Nacional.
La Casa Real endosa a este organismo público –que gestiona y conserva el
patrimonio artístico e histórico del país– el pago de las nóminas del
personal desplazado a Abu Dabi, así como los viajes de esos empleados de
confianza del rey emérito desde que se instaló en el golfo pérsico y
que se van rotando aproximadamente cada mes.
Juan
Carlos de Borbón cuenta con tres ayudantes de cámara durante su
estancia en el país asiático. Se trata de personal de libre designación
contratado por Patrimonio Nacional que ejerce labores de asistencia al
exjefe del Estado, solo en viajes de sus asistentes fueron 9.600 euros en 2020.
Además
de esos tres salarios, Patrimonio Nacional asume también los gastos
derivados de su estancia en Emiratos Árabes Unidos y el personal de
seguridad que, por supuesto, también es cargado a los presupuestos
públicos del Estado español. Pero el Gobierno español se niega
a facilitar el coste ni de los hoteles del rey, ni de su corte ni de
sus dietas ni tampoco el gasto en seguridad o las nóminas del personal,
por considerarlo “información clasificada” que afecta a “la seguridad
pública”.
Saltarse la cola para vacunarse
El
comportamiento de privilegio lo sigue ostentando con total impunidad
tanto el emérito como su familia. En febrero, tanto Juan Carlos de
Borbón como sus hijas Elena y Cristina aprovecharon su estancia
en Emiratos Árabes Unidos para vacunarse del COVID sin tener que
esperar su correspondiente turno según los criterios de edad y
sanitarios establecidos por las autoridades españolas.
Para
justificar que se saltaran el orden lo razonaron así: “se nos ofreció
la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos”. En realidad, nada
diferente a lo que ha supuesto la monarquía en la historia de España:
privilegios e impunidad que se les ofrece y a los que ellos acceden.
Lo
que es evidente es que seguir llamando emérito (persona que ha cumplido
su tiempo de servicio y disfruta la recompensa debida a sus méritos) a
Juan Carlos de Borbón es todo un insulto a la inteligencia de los
españoles.
Vinculación de Felipe VI
Por si acaso, como señala la periodista Eider Hurtado, coautora del libro La armadura del rey,
la estrategia de la Casa Real hoy es desvincular a Felipe VI de todas
las tropelías de su padre. Sin embargo, el exletrado del Tribunal
Constitucional Joaquín Urias señaló en declaraciones a TV3 que, si se
demuestra que Juan Carlos I controlaba la cuenta descubierta en Andorra,
la fiscalía ya debería imputarle automáticamente por delito fiscal y
afectaría a toda la Familia Real, Felipe VI incluido.
Piensan
que si se logra que los latrocinios y crímenes de un rey solo salgan a
la luz cuando haya abdicado en favor de su heredero, la rueda podrá
seguir funcionando. El objetivo es que cada nuevo joven monarca herede
los privilegios de la sangre azul pero nunca la responsabilidad de los
desmanes paternos y el contador del saqueo monárquico se ponga de nuevo a
cero. Cuando los suyos se hagan públicos, se le da al reset con un
nuevo heredero y a seguir con el pillaje.
Sin
embargo, no resulta creíble la no relación del actual rey Felipe VI con
las tropelías económicas del padre: el monarca actual es el segundo
beneficiario de la cuenta suiza abierta por Lucum Foundation, de los
cien mil euros mensuales que sacaba el emérito vivían de lujo toda la
familia, así como de las tarjetas de dinero negro. Por
otro lado, Felipe VI también aparece como cuarto beneficiario de los
fondos de la Fundación Zagatka de Liechtenstein que pagaba los viajes en
jets privados.
Por
eso decía Julio Anguita que la memoria es lo que convierte a la masa en
pueblo. Esa memoria que debemos tener los españoles para recordar ante
cada flamante Borbón toda la trayectoria de rapiña familiar que le
precede.
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