El poder judicial sale en defensa de las fundaciones franquistas

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ya ha redactado el anteproyecto de su Ley de Memoria Democrática, que entre otras cosas prevé cerrar las fundaciones y asociaciones que hacen apología del franquismo, fundaciones y asociaciones de las que el poder judicial sale ahora en defensa, al considerar que es posible hacer apología del franquismo sin menospreciar o humillar a sus víctimas.

La principal de esas entidades es la Fundación Nacional Francisco Franco, constituida un año después de la muerte de Franco y dos años antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Según la web de la FNFF, una de las finalidades de la fundación es “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos” y una de sus actividades es la “participación en el debate cultural y político de la España actual, con el objetivo de poner de manifiesto la grandeza de la vida y obra de Francisco Franco y de la España que creó”.

Para que la ley del Gobierno salga adelante es preceptivo –aunque consultivo, es decir no vinculante– un informe del Consejo General del Poder –órgano de gobierno del poder judicial en España– del que ya existe un borrador que ya ha sido elaborado, por los vocales del CGPJ Roser Bach y Wenceslao Olea, y distribuido al resto de miembros del órgano de gobierno del poder judicial para que presenten sus alegaciones al mismo antes de que el Pleno del CGPJ lo estudie, y en su caso, lo vote el próximo lunes.

El anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática del Gobierno prevé el cierre de las fundaciones y asociaciones que hagan “apología del franquismo” o inciten directa o indirectamente “al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo por su condición de tales”. Sin embargo, el borrador del informe del GGPJ sostiene que el anteproyecto de ley del Gobierno “invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución” de 1978, pues considera que la apología del franquismo –régimen de terror instaurado en España tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra, que ganó con el apoyo de los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini–, “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas”, está amparada por la libertad de expresión.

Este insulto de la justicia española a las víctimas del franquismo –consistente en asegurar que es posible hacer apología del franquismo sin menospreciar o humillar a sus víctimas– se suma a los dos proferidos en sólo dos días de este mismo mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al permitir al Ayuntamiento de Madrid mantener los nombres de las calles dedicadas a los “Caídos de la División Azul” y a José Millán-Astray.

El TSJM sentenció entonces que ninguna de las dos calles están afectadas por la Ley de Memoria Histórica de 2007, al considerar que la División Azul –división de voluntarios españoles enviada por el franquismo a Rusia con el objetivo de ser encuadrada en el Ejército nazi y combatir así contra la Unión Soviética en la II Guerra Mundial– no remite al franquismo sino ‘sólo’ al nazismo y que de Millán-Astray –militar y político franquista que se sumó desde el principio al golpe de Estado franquista y a quien Franco personalmente nombró, en plena guerra, jefe de su Oficina de Prensa y Propaganda y del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y, después de la guerra, procurador en las Cortes franquistas, cargo que ocupó desde 1943 hasta su muerte en 1954– no está probado de forma inequívoca que participara en el golpe de Estado de 1936 ni en la represión franquista.

El Pleno del CGPJ está compuesto por 20 vocales –entre ellos, Bach y Olea– y su presidente, el conservador Carlos Lesmes, que lo es en interinidad desde hace dos años y medio porque el PP se niega a renovar su cargo y los del resto del órgano de gobierno del poder judicial, uno de los denominados tres poderes del Estado, junto al legislativo y al ejecutivo.

Lesmes fue desde 1996 hasta 2004, es decir durante los ocho años de gobierno del PP de José María Aznar, alto cargo del Ministerio de Justicia: de 1996 a 2000, siendo ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, fue director general de Objeción de Conciencia, y de 2000 a 2004, con Ángel Acebes primero y José María Michavila después como titulares de Justicia, lo fue de Relaciones con la Administración de Justicia.

Portavoces de la derecha como Cayetana Álvarez de Toledo han llegado a asegurar que “la justicia” es “el último dique de contención” del que dispone “la democracia” frente al Gobierno de coalición. En este sentido, no es casual que su partido, el PP, lleve dos años y medio bloqueando la renovación del CGPJ para intentar sabotear, desde el poder judicial, a los poderes legislativo y ejecutivo surgidos de las urnas. Por su parte, el poder judicial que gobierna el CGPJ sigue –como el conjunto del régimen del 78– insultando a las víctimas del franquismo.