El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Memoria Democrática rezuma franquismo en algunas de sus opiniones

El infame respeto a la memoria de Franco de nuestra judicatura
José Antequera

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un controvertido informe sobre la nueva Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno de coalición. El dictamen avala la mayoría de la normativa en ciernes, pero sale en defensa de las fundaciones fascistas y cuestiona que puedan prohibirse actos públicos que practiquen la apología del régimen de Franco. Ante semejante bodrio propio de una judicatura de hace setenta años cualquier ciudadano de bien no puede sino frotarse los ojos varias veces y pellizcarse para comprobar que no hemos retrocedido en el tiempo hasta 1939 en una pesadilla en bucle.

Resulta incomprensible un texto que entiende que, aunque las asociaciones y organizaciones fascistas defienden valores contrarios a la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión, “siempre que no humillen a las víctimas”. Y llegados a este punto habría que preguntar a los peones de Lesmes si el mero hecho de que exista un grupo que exalta la memoria del más grande genocida que ha conocido España no es ya, en sí misma, toda una ofensa a los cientos de miles de personas que aún tienen a sus familiares fusilados en las cunetas.

La libertad de expresión es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, pero no puede ser patente de corso para que se puedan hacer y decir ciertas cosas. Los mismos jueces y magistrados que ahora se ponen cobardemente de lado de Franco y sus herederos lo saben bien, ya que llevan meses condenando a titiriteros por soltar ripios a mayor gloria de ETA. Tanto el terrorismo de Estado que impusieron los jerarcas del bando nacional tras la Guerra Civil como los enloquecidos encapuchados del hacha y la serpiente fueron siniestras estructuras de poder que mataban, torturaban y pisoteaban los derechos humanos sin ningún pudor.

Pero por lo visto aquí parece que hay terroristas y terroristas, o sea genocidas de primera y genocidas de segunda clase. Aquí cuando se ensalza la memoria del mayor homicida de la historia de España –ese abuelete con bigote y voz afeminada que aterrorizó durante cuarenta años a todo un país–, debe resplandecer la libertad de expresión, mientras que cuando el apologeta es un peligroso rapero proetarra con pendiente, semblante demacrado y voz etílica se está humillando gravemente la memoria de las víctimas del terrorismo. Un doble rasero inaceptable.

Franco y los jueces

Vaya por delante que no se está defendiendo en esta columna el terrorismo euskaldún, que luego nos acusan de bilduetarra y de querer romper España. Lo que se pide es una Administración de Justicia a la altura de un Estado democrático, unos jueces valientes comprometidos cien por cien con la causa de la democracia y un sistema judicial fuerte que rompa ya con sus complejos atávicos y con la memoria del dictador, al que algunos todavía parecen rendir culto, respeto y pleitesía. 

Es metafísicamente imposible, no ya con la ley en la mano sino desde el más puro sentido común, que semejante discurso pueda tener encaje en el derecho a la libertad de expresión

No se puede salir a la calle con la bandera del pollo y el brazo imperial enhiesto dando vivas a Franco, a Hitler y Mussolini sin que pase nada, como hacen cada 20N los nuevos cachorros del fascismo patrio que homenajean la muerte del tirano. Como tampoco se puede tolerar que una niñata vestida con camisa azul, véase Isabelita Peralta, vaya por ahí soltando arengas de odio y proclamando que el “judío es el culpable”, como en los tiempos del Tercer Reich. En la Alemania avanzada de Merkel esta señorita ya estaría a la sombra, pero como Spain is different aquí a los dictadores genocidas los tratamos civilizadamente, un respeto al perverso criminal, oiga.

Es metafísicamente imposible, no ya con la ley en la mano sino desde el más puro sentido común, que semejante discurso pueda tener encaje en el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué será lo próximo que sus señorías del Poder Judicial van a consentirle a los nostálgicos del aguilucho? ¿Cómo van a reaccionar cuando los vástagos del fascismo rindan honores, con coronas de flores y cánticos militares, a los carniceros que asesinaron a seis millones de personas en las cámaras de gas? ¿También invocarán la libertad de expresión cuando los nazis decidan organizar una exposición negacionista de los diferentes holocaustos que el fascismo fue dejando tras de sí por Europa en el convulso siglo XX? Todo es un inmenso dislate jurídico que pone de manifiesto que la Transición no llegó a los principales resortes de nuestra pusilánime democracia.

La interpretación que pretenden sostener los ponentes de ese CGPJ acomplejado, fetichista y tolerante con el fascismo no se sostiene por ningún lado. Cualquier derecho tiene un límite y el derecho a la libertad de expresión también. Tratar de confundir la apología del franquismo que a diario vierten organizaciones como la Fundación Franco con la autonomía soberana de cada persona para expresarse libremente y decir lo que le pida el cuerpo en cada momento es simple y llanamente una aberración jurídica. Los magistrados supremos españoles creen que tolerando el fascismo son más papistas que el papa, es decir, son más puristas, más constitucionalistas que nadie, cuando es exactamente al contrario: lo único que hacen es alimentar a la bicha, darle argumentos, financiarla ideológicamente.

Sonroja tener que leer en la prensa que el informe del Poder Judicial sobre la Ley de Memoria Democrática ha salido adelante tras más de dos horas y media de acalorado debate entre eminentes juristas que sabrán mucho de leyes, de jurisprudencias y de tochos judiciales de mil páginas pero que debieron saltarse el primer y más elemental mandamiento de una democracia. ¿Dos horas y media para no entender que al nazismo o se le derrota o acaba con la convivencia pacífica de una sociedad? ¿Dos horas y media de disquisiciones bizantinas para concluir que la hidra puede convivir amablemente entre nosotros sin que más tarde o más temprano termine lanzándonos su mordisco letal? En cualquier país verdaderamente democrático esa reunión tendría que haber terminado a los cinco minutos con un “no” unánime y rotundo a Franco. Por lo visto, algunos jueces aún lo reverencian. Y hasta le tienen miedo al espectro.