Estas siete entidades dedicadas a la exaltación de la figura de Franco, de militares sublevados, o de intelectuales fascistas, no tienen encaje ni en la democracia ni en la Ley de Fundaciones. Mucho menos lo tienen en Europa.
La Fundaciones en España tienen en la Ley 50/2002 una indicación que especifica que las fundaciones deben perseguir fines de interés general que deben beneficiar a colectividades genéricas de personas. Pero como es bien sabido aquí eso no procede. Tal como indica Público, el primer fin recogido en los estatutos sobre el dictador de la Fundación Nacional Francisco Franco es el siguiente:
«Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos».
España es diferente hasta ser esperpéntica. El informe del Consejo General del Poder General (CGPJ) sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática pone el foco en la «inconstitucionalidad» que supondría tanto sancionar la apología del franquismo, «siempre que no exista humillación o menosprecio a las víctimas», como la disolución de las fundaciones que la realicen.
En cualquier caso según el Gobierno va a por siete fundaciones franquistas que figuran en el Registro de Fundaciones, del Ministerio de Justicia. Son estas: Fundación Francisco Franco. Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Fundación Blas Piñar. Fundación Ramiro Ledesma Ramos. Fundación Serrano Súñer. Fundación José Antonio Primo de Rivera. Fundación Yagüe.
Fuente → lasrepublicas.com
No hay comentarios
Publicar un comentario