Cuarenta años del ‘caso Almería’

El caso Almería podría ser calificado como uno de los casos más sobrecogedores de la Transición. Un asesinato impune que sigue creando incógnitas, a pesar de que se cumplen ya cuarenta años de su ejecución la madrugada del 10 al 11 de mayo de 1981, tres meses después del intento fallido de golpe de Estado.

El asesinato de Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo marcó un antes y un después en la inaugurada democracia, cuando en la madrugada del 8 al 9 de mayo de 1981 se encontraron sus cuerpos carbonizados y cosidos a balazos en el barranco del Jergal de Almería. Confundidos por un comando etarra que días antes había perpetrado un atentado contra el general Valenzuela, los tres amigos hacían un viaje en coche hasta Pechina (Almería) para acudir a la comunión del hermano de Mañas. Un chivatazo los llevó a ser detenidos sin comprobar siquiera la documentación. Mañas, Montero y Cobo fueron torturados y calcinados hasta la muerte.

Solo tres de los once guardias civiles que participaron en el “homicidio”, como rezaba la sentencia, cumplieron condena, rebajada con indultos a menos de una década. Aquel error de cálculo, en el Gobierno de Felipe González, dejó a los asesinos, parte del cuerpo del Estado, impunes.

«Saber que tres jóvenes que acudían desde Santander a Almería a la primera comunión de un familiar terminaron siendo torturados y calcinados en el interior de un coche, en una cuneta en esa provincia andaluza, a manos de unos guardias civiles, remueve los sentimientos y la conciencia de cualquiera con un mínimo de sensibilidad», reclama el investigador Manuel Hijano, coautor del libro El Caso Almería. Cuarenta años después escrito junto a la periodista Chaymaa Outnarit.

Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales fueron asesinados por guardias civiles aquella noche fatídica por un error de cálculo. La Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, formada por la familia García Caparrós, la familia de Arturo Ruiz y familiares del Caso Almería, pide al Parlamento de Andalucía que reclame al Gobierno de España «iniciar los cambios legislativos necesarios para que todas las víctimas del terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, de los grupos de ultraderecha y de los grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la condición de víctimas que les corresponde».

Chaymaa Outnarit, que indaga en el caso, destaca a Público «el oscurantismo que aún se ciernen sobre los hechos». Llama especialmente la atención los primeros periodistas que se atrevieron a hablar del tema, como fue el caso de Antonio Torres, el primero en dar la noticia. «Recibió diversas llamadas y cartas amenazantes. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante que ha permitido que el caso no haya sido archivado», afirma la periodista. Sin embargo, declara que «el error de base que había era que no se depuraron las fuerzas de seguridad del Estado. No era de extrañar que aquellas personas actuaran bajo códigos franquistas», arguye.

La impunidad del caso

«Yo recibía cartas y llamadas telefónicas de todo tipo», relata a Público Antonio Torres, periodista de la época. Si no fuera por los medios de comunicación, el caso habría quedado archivado. El País y Diario 16 fueron los dos primeros periódicos de tirada nacional en dar la noticia . Luego se sumaron La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, que empezaron a publicar editoriales pidiendo justicia. «Aunque Franco ya había muerto y estábamos en la Transición, la situación era muy confusa», añade Torres.

Este periodista granadino quería buscar material grafico de estos hechos tan espeluznantes. Llama a Miguel Ángel Blanco, su jefe en el periódico Ideal, para que mandara a su fotógrafo, Pepe Mullor hasta Pechina. A la redacción de Ideal llega el rumor de que el corresponsal en España de la agencia France Press ya había adelantado la noticia . Comienzan las sospechas de que los tres chavales han sido confundidos con miembros de ETA. Miguel Ángel Blanco no se queda ahí y sigue la pista del caso hasta que empiezan los juicios por el asesinato de los tres jóvenes, que no superaban la treintena.

Hijano cuenta en el libro cómo Blanco «fue testigo directo del llanto de los padres de Juan Mañas. Estaba prohibida la entrada a la Audiencia». El periodista se coló en el edificio y se sentó en un pasillo a observar . «El Juez Tortosa recibe a los padres de Mañas con un a lo hecho, pecho» . Nunca olvidó aquel desasosiego ni la falta de empatía ante una familia rota, ya en plena democracia.

La cuarta víctima, Darío Fernández, abogado del caso Almería

Darío Fernández, abogado de las víctimas, es otra de las personas claves en aquel proceso. Denunció incansablemente las torturas de las víctimas del Caso Almería. En la reciente investigación se aclara no pudo demostrar las vejaciones. «Entró a Casas Fuertes, la fortaleza costera abandonada donde supuestamente tuvieron lugar las torturas, jugándose la vida una noche, saltando la tapia». Darío señaló en aquellos días: «Para mí lo que había allí era sangre. Cuando se hace la inspección ya transcurrido mucho tiempo y no queda ni rastro del caso».

Chaymaa Outnarit señala a Público que era tal el interés de tapar a los causantes de aquella tragedia que Darío «llegó a la conclusión de que los propios forenses eran colaboradores de la Guardia Civil, ya que tuvo que solicitar seis aclaraciones de la autopsia. El hecho de que aparecieran las balas en los cuerpos, fue determinante». Tampoco lograron detallar reconstrucción de los hechos, borrando muchas pruebas incriminatorias.

Su vida personal se vio afectada en su afán de continuar con el caso hasta el final. «Sufrió amenazas pero no temió por su vida. Un día, un vecino le alertó de que unos encapuchados habían estado manipulando su coche en el garaje, por lo que hubo que llamar a los artificieros para que se hicieran cargo», apunta Chaymaa. Terminó dejando la profesión a los 55 años de edad.

Diario de sesiones de un caso sin esclarecer

En la última investigación del caso, aportada en el libro de Chaymaa Outnarit y Manuel Hijano se desvelan las sesiones del Senado y el Congreso donde se han tratado los pormenores del caso desde su ejecución. «Sin interpretaciones ni censuras. Las que los taquígrafos transcribieron». Los políticos que más han insistido o han preguntado sobre el Caso Almería han sido los pertenecientes a la izquierda liderada por el Partido Comunista en su momento o Izquierda Unida posteriormente.

Haciendo repaso de los hechos, el primero que se pronunció fue el entonces Ministro de Interior, Juan José Rosón, quien se dedicó a excusar el caso y reducirlo a un error. José Antonio Amate, exdiputado del PSOE, recuerda de sus años en el Congreso la declaración de aquel político de UCD. Por más que intentaron «por todos los medios que se silenciara al máximo el asunto», sin duda, era el tema de todas las tertulias «la matanza de estos muchachos que habían venido a Almería».

Carlos Sanjuán, que en el primer Gobierno socialista fue secretario de Estado del Interior, fue el que interpeló a Rosón. La mayor parte de la información que había en la documentación que utilizó, se la proporcionarían periodistas ante la falta de investigación policial del caso.

El Caso Almería también aparece de forma más reciente en las actas de la Comisión de Interior del Senado. El senador del Grupo Parlamentario Mixto y miembro de EH Bildu Iñarritu García, en respuesta a la intervención del Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en una sesión de control plantea el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en el Estado y habla del caso de estos tres jóvenes, afirmando la necesidad de reconocimiento de esas personas.

Otra de las más recientes intervenciones fue la del miembro del Congreso de los Diputados, Jon Iñarritu, quien presentó en mayo de 2018 la petición de que los fallecidos en el Caso Almería fueran reconocidos como víctimas de terrorismo de Estado. «Esta fue rechazada por el Gobierno. Este es uno de los principales objetivos que persiguen ahora, tanto los familiares de las víctimas como las asociaciones de la etapa de la Transición» apunta Chaymaa . Hasta el momento, solo el parlamento de Cantabria ha hecho una declaración institucional sobre las víctimas sin llegar a conseguir el reconocimiento oficial.

¿Qué se puede hacer más en este caso?

Las familias han sido sometidas a una lucha tenaz, a pesar de que han tenido incluso información filtrada y cartas anónimas de un «un supuesto agente de la Guardia Civil implicado» que le hablaría de aquellas terribles torturas «Al principio les dieron una paliza (…) perdiendo uno de ellos el conocimiento (…) los mataron de un tiro por separado…» .El texto abunda en detalles, como la quema del vehículo con una lata de gasolina con los tres jóvenes dentro.

Chaymaa apunta que no cree que sea demasiado tarde seguir encontrando nuevos detalles. «Muchos de las personas que vivieron el hecho más o menos de cerca siguen con vida. Es cierto que no tenemos mucha información de figuras cruciales en los hechos, como son los miembros de la Guardia Civil. Si tuviéramos testimonios por parte de ellos, cambiaría enormemente el cauce de la investigación».

Hijano, por su parte, concluye a Público que «tienen que aparecer más expedientes y declaraciones». Compartimos la opinión de Antonio Ramos quien afirma que «el caso está pendiente sobre todo de las declaraciones de otros ocho guardias civiles no juzgados y testigos de los hechos». También quedan por dar a conocer los testimonios de otras personas que intimaron o compartieron confidencias con ellos.