El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 30 de marzo –a instancias de la vicepresidenta de Presidencia, Carmen Calvo (PSOE)– una subvención de 665.000 euros a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –administrada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pero creada en pleno franquismo, por un decreto-ley de 23 de agosto de 1957 que más de 60 años después aún no ha sido derogado– para llevar a cabo los trabajos de exhumación e identificación de los restos de 55 personas enterradas en el Valle de los Caídos contra la voluntad de sus familias, que reclaman su devolución.

Dos meses y medio después, ya es oficial que esas obras para poder acceder a las criptas y exhumar los restos de esas 55 personas las ejecutará –aunque bajo vigilancia de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente de la Vicepresidencia de Calvo– la Fundación de la Santa Cruz. Así lo ha reconocido el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del diputado de Compromís Joan Baldoví, que había pedido explicaciones por haber concedido una subvención de 665.000 euros a una fundación que “es considerado un organismo opaco y de origen franquista” y “tiene prevista su extinción con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática”.

De hecho, el decreto-ley de 23 de agosto de 1957, que dota a la Fundación de la Santa Cruz de “el Valle de Cuelgamuros y de “todos sus edificios (incluidos los mobiliarios y ajuares), terrenos y derechos accesorios” y que aún no ha sido derogado, establece que los fines de la fundación son “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana”.

En su respuesta a Baldoví, el Gobierno ha justificado la subvención de 665.000 euros a la Fundación de la Santa Cruz y su concesión por vía directa por el “interés público” de las obras y “como forma más eficaz de garantizar la más pronta satisfacción del derecho de los familiares de las víctimas allí enterradas a la recuperación de sus restos”, pero ha insistido en que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática “será la encargada de realizar el seguimiento de las actividades objeto de la subvención”. Será “el órgano encargado de la dirección y coordinación de estas actuaciones, a través de la participación de los expertos designados por el Consejo Médico Forense del Ministerio de Justicia para la mencionada supervisión de los trabajos y asesoría en materia médico forense”, ha añadido.

125.000 euros gastados ya en la tumba de Franco

Por otra parte, el Estado ha gastado ya 125.000 euros en la nueva tumba del general golpista Francisco Franco en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo, donde permanecen sus restos tras su exhumación del Valle de los Caídos en octubre de 2019. Así lo ha reconocido el Gobierno en su respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet. Concretamente, antes de la inhumación, el Estado gastó 39.811,79 euros en las obras de adecuación del panteón y 6.531,97 en la instalación del sistema de seguridad y otros servicios de acondicionamiento; y después de la inhumación, ha gastado 78.004,66 euros en seguridad y 387,84 en limpieza.