La nueva Fiscalía de la UE podrá encausar a Felipe VI o a Juan Carlos I

Además de que servirá de control absoluto de la impunidad de las élites y que tendrá la capacidad para poner fin a la presunta corrupción judicial española, la realidad es que las atribuciones de la nueva Fiscalía van mucho más allá puesto que romperá uno de los muros de protección que las élites políticas y judiciales tienen respecto a la ley: el aforamiento y la inviolabilidad.

Ni inviolabilidad ni aforamientos

Esta revolución y la supresión de los privilegios judiciales de determinados miembros de la Administración del Estado no hay más que entender un hecho que, según el abogado Josep Jover, uno de los mayores expertos en derecho comunitario de España, es capital: «en el Derecho de la Unión no existe la figura del aforado, algo que es extensible a la de la inviolabilidad».

La inviolabilidad de Felipe VI, o la que disfrutó durante décadas Juan Carlos I, está regulada en el artículo 56.3 de la Constitución: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Esta figura legal de la inviolabilidad, que es tan medieval como la propia institución a la que se aplica, sin embargo, de cara a la nueva Fiscalía de la UE, no tiene ningún tipo de validez.

La prevalencia del Derecho de la UE

El Derecho de la Unión es prevalente sobre cualquier norma nacional, Constitución Española incluida. En consecuencia, si Felipe VI cometiera o fuera sospechoso de cometer alguno de los delitos enmarcados en la normativa de la UE o de su jurisprudencia, la nueva Fiscalía Europea tendría la potestad de abrir una investigación penal sin que ningún organismo de España pudiera entrometerse en la misma.

Además, dicha investigación o instrucción podría realizarse en cualquier país de la UE, no necesariamente desde aquí, lo cual garantizaría la absoluta independencia e imparcialidad.

El caso Juan Carlos I

Respecto a Juan Carlos I, la cosa cambia, puesto que en la actualidad el rey emérito no es inviolable, pero sí disfruta de aforamiento. En este sentido, si la Fiscalía de la UE quisiera realizar una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales que se está instruyendo en Suiza, el procedimiento se abriría sin que ningún juez, fiscal o representante gubernamental español pudiera oponerse a ello.

Políticos, jueces y fiscales

Lo mismo es aplicable a los políticos o altos funcionarios aforados, entre los que se encuentran los fiscales y los jueces. El presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes y consejeros autonómicos, los diputados y senadores, los parlamentarios autonómicos, los consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo están aforados.

En este caso, estas personas están en un riesgo mayor de cometer alguno de los delitos por los que la Fiscalía Europea puede actuar, sobre todo los relacionados con la corrupción (política, administrativa, económica o financiera) o en contra de los denunciantes de corrupción.

En consecuencia, España verá a partir del 1 de junio cómo muchos de sus tótems se caerán y, sobre todo, cómo las élites judiciales estarán vigiladas por un órgano al que no pueden controlar porque trabajará desde la independencia más absoluta. Además de que, incluso, tendrá la capacidad de intervenir al sistema judicial si actúa en contra de la normativa europea o no la aplica. Pero eso es otra historia de la que habrá tiempo de analizar.