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domingo, 4 de abril de 2021

Un muro de opacidad sostenido por una ley franquista


 Un muro de opacidad infranqueable, sostenido por una ley franquista. Es la de secretos oficiales de 1968, que permite al consejo de ministros declarar “materias clasificadas” que “puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado”. Gracias a un breve acuerdo del consejo de ministros de 1987, cuando gobernaba Felipe González...
 
Un muro de opacidad sostenido por una ley franquista
Mariona Ferrer i Fornells

España mantiene clasificadas todas las licencias de exportación

Cuando organizaciones no gubernamentales y partidos políticos llaman a la puerta del gobierno español en materia de armamento se encuentran con un muro de opacidad infranqueable, sostenido por una ley franquista. Es la de secretos oficiales de 1968, que permite al consejo de ministros declarar “materias clasificadas” que “puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado”. Gracias a un breve acuerdo del consejo de ministros de 1987, cuando gobernaba Felipe González, son secretas todas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU), encargada justamente de otorgar las licencias a empresas españolas para la exportación de armamento.

Desde entonces ningún gobierno español ha revertido este acuerdo y todavía menos la ley de secretos oficiales, que ya va por el cuarto intento de reforma en el Congreso, pero hace nueve meses que la tramitación está paralizada. A instancia del PNB, la reforma superó el primer paso parlamentario el junio pasado, pero en septiembre se cerró el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y desde entonces la cámara está prorrogando el debate semana tras semana. Los nacionalistas vascos son los que por activa y por pasiva han insistido en este reforma, antes con el PP y ahora con el PSOE, pero siempre se han encontrado con trabas, y ahora temen que el gobierno español apruebe una ley ad hoc para desclasificar documentos solo hasta 1978, sin que se llegue a los GAL.

Ante las pocas perspectivas de cambios legales en el Congreso, Greenpeace –que se reivindica también como organización por la paz– ha iniciado una ofensiva judicial en contra del secretismo del estado español, que considera uno de los más opacos del mundo en esta materia. “Realmente es una situación que es absolutamente antidemocrática porque hay una ley que no se puede controlar que a la vez crea una situación de impunidad. Se están aprobando decisiones por intereses empresariales en contra de los tratados internacionales firmados por España”, denuncia al ARA Sara del Río, responsable en materia de armamento de la ONG.

La vía judicial

El litigio sobre transparencia en la exportación de armas está ahora mismo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero el objetivo de Greenpeace es agotar todas las vías legales posibles en el Estado para llamar a la puerta de la justicia europea. El punto de partida ha sido la denegación continua, por parte de la secretaría de Estado de Comercio, de informar sobre las actas de la JIMMDU, y desde aquí los juzgados tienen dos carpetas sobre la mesa. Por un lado, que el TSJM decida por la vía de urgencia que con la opacidad del gobierno español se vulnera un derecho fundamental, el derecho a la información. El objetivo es acabar recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que se contraviene el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La segunda vía, también en el TSJM, es más lenta, a través de un procedimiento ordinario del contencioso administrativo. De momento, la Abogacía del Estado ya ha advertido a los jueces que revelar datos sobre la venta de armas a Arabia Saudita provocaría un “conflicto”.

Es la razón que siempre esgrime el gobierno español. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, sostiene que el silencio en torno a las licencias para la venta de armas busca evitar perjuicios en la seguridad nacional. Fue el argumento que dio en su única comparecencia hasta ahora en la comisión de defensa del Congreso, a finales de junio del año pasado. “Esta información es de especial sensibilidad, puesto que afecta lógicamente la seguridad nacional, no solo la de España, sino también la de nuestros aliados y la de los países receptores de equipos”, puntualizó.

Pocas esperanzas de reforma

Curiosamente, quién abrió la caja de Pandora de la reforma de la ley de secretos oficiales fue la fallecida ministra de Defensa socialista Carme Chacón, que al final de su mandato se comprometió a desclasificar hasta 10.000 documentos secretos. Sin embargo, la nueva portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, es también de la comisión de defensa desde el inicio de la legislatura y asegura que no ha cambiado nada con el gobierno de coalición de Sánchez. “La única diferencia es que el PSOE se pone en la foto en algunos asuntos, pero después continúa bloqueando cualquier forma de acceso a la información”, señala.

El portavoz de EH Bildu en la comisión, Jon Iñarritu, tampoco tiene esperanzas de que la reforma del PNB salga adelante, a pesar de que en estos momentos habría la mayoría para hacerlo. Además, subraya que, a pesar de prosperar la iniciativa, seguramente las actas de la JIMDDU seguirían siendo secretas. “Este gobierno, por mucho que se diga que es transparente, en este tema no lo es y no tiene ningún interés en serlo. La realidad es que España es el séptimo país en materia de exportación, y esto pesa”.

La ley de secretos oficiales de 1968
  • Artículo segundo "Se declaran materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por parte de personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado".
  • Artículo cuarto "La calificación de materias clasificadas corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la junta de jefes del estado mayor".

Fuente → es.ara.cat 

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