Este webinar, llamado Avanzando hacia una ley estatal sobre bebés robados, contará con la participación de David Canales, investigador de Amnistía Internacional, y Soledad Luque Delgado, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y estará presentado y moderada por Paco Lobatón, periodista e impulsor de la Fundación Quién sabe Dónde. Tendrá lugar este viernes 23 de abril a las 18 horas a través de la plataforma Zoom y estará abierto a la participación de cualquier persona interesada.

En esta charla, David Canales y Soledad Luque abordarán las confluencias que se establecen entre el informe presentado por Amnistía Internacional el pasado 16 de marzo y la Proposición de Ley sobre los bebés robados en el Estado español que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

Esta Proposición de Ley, impulsada y promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina-CeAqua, a propuesta de Todos los niños robados son también mis niños, asociación integrante de esta entidad, ya se registró el 25 de septiembre de 2018 y se admitió a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputado el 20 de noviembre del mismo año. Debido al adelanto electoral, la Proposición de Ley decayó y fue necesario un nuevo registro, en 2019, y fue admitida a trámite en el Congreso por mayoría de todos los Grupos políticos excepto Vox en junio del año pasado.

Esta Proposición de Ley cuenta además con el respaldo de entidades defensoras de los derechos humanos como la asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Amnistía Internacional, La Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad —representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España—; y, de forma destacada, de 16 asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes partes del Estado español.

Precisamente, Amnistía Internacional denunció el pasado 16 de marzo que el Estado español no da respuestas a los denunciantes de casos de bebés robados al ofrecerles recursos "insuficientes e inadecuados" y sin "vocación de investigar", alimentando así "un clima de impunidad respecto a estas violaciones de derechos humanos". Esta es una de las conclusiones a la que llegó el organismo internacional en un informe dedicado a los casos de bebés robados en España, en el que destaca que en los procesos de búsqueda los familiares "continúan encontrando obstáculos y resultan ser en su mayoría infructuosos".

La organización internacional reclamó al Gobierno que garantice la asistencia legal y psicológica a las víctimas, así como que desde el poder judicial se impulsen "investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos". Estos procedimientos judiciales han caído en caso roto, denunció la organización, que aportó datos sobre las diligencias puestas en marcha entre 2011 y 2021. Fueron un total de 2.138, de las que solo una, iniciada en Barcelona en 2020, sigue abierta. 526 llegaron a ser judicializadas, pero muchas se cerraron por prescripción. Los casos se cerraron "sin una mínima actividad de investigación", señala el informe.