Memoria democrática: opinión y conocimiento
 
Memoria democrática: opinión y conocimiento
Juan Mainer Baqué

Es inaudito que una ciudad como Huesca, en la que fue represaliada más de un 10% de su población civil entre 1936 y 1945, haya tenido que esperar más de 40 años, tras la muerte del dictador, para inaugurar el monumento a los “mártires de la libertad”. Pero es aún más inaudito que Huesca mantenga en sus calles, uno a uno, los nombres de todos los regidores municipales que gobernaron la ciudad durante la dictadura franquista —desde Mateo Estaún hasta Emilio Miravé, pasando por Pedro Sopena, José María Lacasa, Vicente Campo, José Gil Cávez o Mariano Ponz—, contraviniendo la vigente Ley de Memoria Democrática aprobada en las Cortes de Aragón en 2018.

El primero de los enunciados del párrafo anterior conforma una opinión, quizá respetable pero discutible. La segunda declaración no es cuestión opinable; en ella no se dirime sobre sensibilidades, creencias o ideologías; hablamos, simple y llanamente, de cumplir (o no) con la legalidad vigente. En una sociedad democrática las decisiones se adoptan conforme a normas que se sustentan sobre conocimientos científicos disponibles —no sobre meras opiniones—, suministrados por académicos, expertos y peritos que asesoran y son consultados para los diferentes temas que atañen al interés general.

En asuntos de Memoria Democrática y de políticas públicas de memoria, la ciencia histórica tiene mucho que decir y de hecho (y por fortuna) ha dicho ya muchas cosas sobre lo ocurrido en nuestro país entre 1936 y 1982. Las razones que sustentan el contencioso administrativo que hemos presentado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Huesca desestimando el cambio del callejero franquista, está avalado, entre otras muchas personas, por la firma de una pléyade de científicos españoles y extranjeros de primerísima fila que han producido la historiografía más solvente sobre el siglo XX europeo.

La relación de avalistas incluye a hispanistas como Paul Preston o Ian Gibson, a Enzo Traverso, a filósofos de la memoria de la talla de Manuel-Reyes Mate, a una amplísima representación de los mejores investigadores sobre guerra y franquismo de todas las universidades españolas, encabezados por el zaragozano Julián Casanova, uno de los historiadores españoles con mayor proyección internacional en este momento; y, por supuesto, a los más importantes estudiosos de Huesca durante su traumático pasado reciente —desde Mercedes Yusta e Irene Abad a Carlos Domper, por no hablar de José María Azpiroz o Víctor Pardo quienes, como quien esto firma, integran el grupo de demandantes en el citado contencioso—.

Como cualquier conocimiento científico, el histórico es falible, incompleto, sometido a revisión, pero sus análisis y sus tesis no surgen de la “nada”, llevan tras de sí horas de investigación y crítica de fuentes, se sustentan en un método científico y se validan permanentemente en el marco de una comunidad científica. Una obra historiográfica no es lo mismo que una opinión.

Por todo ello, que la directora general, encargada en el Gobierno de Aragón de la aplicación de la Ley de Memoria, Marisancho Menjón, se haya pronunciado en el ejercicio de sus funciones públicas y en el diario digital Público con una opinión de esta guisa, "Hay que hilar fino. ¿Todos los alcaldes de los años 40 fueron franquistas recalcitrantes? No creo” (edición del sábado 3 de abril de 2021), constituye un hecho grave. Y lo es porque tal aserto es de todo punto insostenible científicamente y como tal encierra una abultada falsedad.

Los regidores municipales durante toda la dictadura fueron designados (nunca elegidos) precisamente por su condición de afectos y legitimadores del régimen franquista al que sirvieron, con independencia, eso sí, del mayor o menor grado de obstinación, terquedad o “recalcitrancia”, si se me permite el palabro, con que lo hicieran...

El historiador Enzo Traverso, uno de los más relevantes estudiosos actuales de los fascismos, dejó escrito hace ya quince años: “los fascismos siempre integraron en su sistema de poder a las antiguas elites económicas, administrativas y militares. Dicho de otra manera, el nacimiento de los regímenes fascistas siempre implica un cierto grado de ósmosis entre fascismo, autoritarismo y conservadurismo.

Ningún movimiento fascista llegó al poder sin el apoyo, aunque fuese tardío y resignado, de las elites tradicionales.” Lamentablemente, tendrá que ser un juez (o jueza) quien dictamine si manifestaciones como las de la Sra. Menjón además de una notoria falsedad científica, constituyen también un manifiesto contrafuero.
 

Fuente →  arainfo.org 

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