Se llama Luis Fernando Lezaeta Hurtado en Chile y Luis Aguirre García en España. Nació el 30 de noviembre de 1958 en Salamanca, pero eso lo supo cuando ya tenía 15 años, el mismo momento en el que se dio cuenta de que los padres que le habían criado no eran sus padres biológicos pese a que así constaba en el registro del país Latinoamericano. Hasta 1998 una abogada no le aseguró que había sido un bebé robado durante la dictadura franquista. "Cuando le pregunté por lo ocurrido, mi madre me dijo que tenía que quemar todos los papeles porque le podía meter en un lío a ella", relata Fernando, tal y como él prefiere denominarse. Al principio, la familia Lezaeta quería una niña, pero ellas eran mucho más difíciles de conseguir, así que se tuvieron que conformar con un niño "rubio de ojos azules", tal y como lo encargaron a Félix Álvarez-Arenas, el militar cercano a Franco con el que vivió sus primeros seis meses de vida. La vida de Fernando costó algo más de 100.000 pesetas de la época.

Laura Perales dio a luz en el Hospital General de Alicante el 3 de julio de 1980, ya entrada la democracia en España y cuasi superada la Transición. A los dos días, Javier Hernández Perales murió. Sería enterrado el día 6 en una fosa común de Alicante, en domingo, pese a las reticencias de la familia. Tras varios pleitos con la justicia, la exhumación del cadáver y el análisis forense dejó constancia que realmente lo que habían enterrado era un brazo de un adulto. "Yo pedí al cementerio la lista de cadáveres que había en esa fosa común y vi que donde debería estar mi bebé también había más de 70 recién nacidos de mayo a agosto de 1975 procedentes del Hospital en el que di a luz".

Un bebé robado y una madre a la que robaron su bebé son los trágicos protagonistas de un hecho acontecido en España a lo largo de varias décadas y que afecta a miles de personas a nivel internacional. Amnistía Internacional (AI) ha publicado un extenso informe llamado "Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de 'bebés robados'" en el que analiza las raíces del problema, quiénes fueron los ladrones y quiénes los robados. Pese a que no existen datos oficiales al respecto, la sustracción ilegal de bebés se produjo entre 1939 y los noventa, pues el último caso documentado por AI es de 1993. Según la organización, "pudo existir la sustracción y apropiación de niños y niñas al nacer (...) así como la subsiguiente supresión y sustitución de su identidad llevada a cabo con la participación, tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado".

La propia Audiencia Nacional se ha pronunciado al respecto tildando la situación que se produjo entre 1937 y 1950 como "desaparición legalizada" de menores de edad con pérdida de su identidad. "El número es indeterminado, pero se barajan algunas cifras de hijos e hijas de presas tutelados por el Estados o repatriados tras finalizar la Guerra Civil que no siempre estuvo claro fueran devueltos a sus familias", agregan desde AI. Aquí los números: 30.960 niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado entre 1944-1954; y 20.266 menores repatriados tras la Guerra Civil en 1949, según datos del Servicio Exterior de la Falange.

Le robó un militar franquista

Fernando consiguió la doble nacionalidad en 2012: "Quería recuperar algo de mi pasado, por lo menos poder decir que nací en España porque a mí me sacaron del país para llevarme a otro contra mi voluntad. Mi madre biológica solo estuvo cinco días conmigo". Dice que en la jura para conseguir la nacionalidad española el juez le dijo que él no hacía falta que lo hiciera porque siempre había sido español. En su caso, el cónsul de España en Chile arregló los papeles para que figurara como hijo natural de la familia Lezaeta. El tiempo pasó y el padre y la madre que le criaron murieron. Entonces Fernando se puso a investigar: "Cuando yo removí la historia en uno de mis viajes a España, la hija del militar franquista que me robó me dijo que hasta cuándo iba a estar hablando mal de su padre, y le contesté que me denunciara si tanto le molestaba", explica a Público el afectado.

"Antiguamente era muy normal comprar niños en Chile, y la Iglesia estaba metida hasta el cuello porque eran quienes arreglaban los papeles con los bautismos y la documentación eclesiástica", expresa Fernando a sus 62 años. Él solo quiere cerrar un círculo que nunca debió estar abierto, y quizá lo consiga. "Sé que hay una mujer en España que puede ser mi hermana porque a su papá le robaron un hijo en 1958 también con la diferencia de un mes de mi nacimiento. Araceli puede ser mi hermana; su padre tenía las mismas facciones que yo. Ella ya se ha hecho una de las mejores pruebas de ADN que existen, la Myhevitage, y yo estoy esperando a que me llegue la mía para contrastar los resultado", se explaya Fernando.

Solo hijos de familias humildes

Preguntado por si considera que la sociedad española está a la altura de las circunstancias, este bebé robado en la dictadura es meridiano: "Voy a ser sincero contigo. Un gran porcentaje de los españoles siguen siendo franquistas porque están acostumbrados y educados bajo su doctrina y sus reductos. Todos los niños que robaron eran de familias de bajos recursos, gente del campo, humilde y que se oponían a la dictadura. Hay casos en los que les decían que se hijo había muerto con otitis, ¿pero cuándo ha muerto un bebé por eso?", se pregunta.

En la actualidad sus hijos y nietos le preguntan por lo sucedido y les contesta aunque no tenga ganas de hacerlo. "Nunca les he negado nada. Les digo: mira hijo, este soy yo, estuve en una inclusa hasta que una familia me compró, y no soy el único al que le ha ocurrido. Somos todos españoles, no conozco a mi mamá, ni a mi papá; ustedes son españoles pero nunca les darán la nacionalidad". Le vendieron como si fuera algo en lugar de alguien.

-¿Guardas algún tipo de rencor hacia tus padres biológicos?

-Nada de eso. No lo puedo hacer porque no sé qué pasó. A lo mejor mi madre era una mujer sencilla que quedó embarazada y que le quitaron al niño porque había un encargo de uno rubio con ojos azules.

Tres causas de muerte diferentes

A Javier Hernández Perales le separaron de su madre, Laura, dos días después del parto para que le hicieran la prueba del talón. Nunca jamás le volvió a ver. Nacida en 1954, jamás olvidará lo ocurrido en el Hospital General de Alicante aquel 5 de julio de 1980, cuando a su marido a y a ella le comunican que Javier ha muerto. "Nos dijeron que el bebé estaba en el depósito pero que no lo podíamos ver porque estaba muy negro al haber muerto de asfixia", relata la afectada.

AI ha accedido a la documentación en la que se explicita que al hijo de Laura le operaron de un pulmón y murió de un fallo respiratorio. La familia no tenía conocimiento de esta intervención. El propio hospital les facilitó otro documento donde consta que Javier murió por un paro cardiaco, pero hay otro más en el que se indica que la muerte se produjo porque la máquina que hacía la radiografía de los pulmones estaba estropeada. Nada encaja.

"Nos dijeron que solo nos daban al niño si lo enterrábamos al día siguiente, pese a ser domingo, y en Alicante, aunque queríamos darle sepultura en nuestro pueblo, Villena. Unos días más adelante nos llamó una mujer y nos dijo que nuestro hijo no estaba muerto. No sabíamos quién era pero nos llamó en repetidas ocasiones. Se lo contamos a la Guardia Civil y nos dijo que lo olvidáramos porque sería alguien que nos quería hacer daño", cuenta Laura a Público. Una vez fallecido su marido, desde el Hospital le dijeron que nunca había dado a luz allí, así que denunció lo ocurrido. "Justo el día que fui a los juzgados me encontré una movilización con más personas en mi misma situación, así que me uní. Yo siempre había pensado que estaba muerto, no que me lo habían robado".

35 años poniendo flores

El 11 de mayo se produjo la exhumación de lo que debería haber sido el cadáver del bebé, pero no: en el ataúd tan solo apareció un brazo de una persona adulta. "Ahí me di cuenta de que llevaba 35 años poniendo flores en una tumba en la que no estaba mi hijo", continúa. Después de que con ayuda de su cuñado, quien había enterrado el ataúd en 1980 en aquel mismo lugar, encontraran la caja correspondiente y vieran que dentro no había ningún bebé, la justicia declaró el secreto de sumario. "Siguieron excavando en la fosa común, por si acaso, y encontraron otros dos ataúdes de bebé: dos vacíos completamente y una niña".

A Laura le contaron lo que ella no duda en denominar como mentiras. "Me dijeron que quizá el brazo había absorbido los huesos del bebé, pero yo no me creía nada de eso. Cuando le hicieron el análisis de ADN certifiqué que ahí nunca había estado mi bebé. Como no había cadáver, no había caso, así que lo cerraron", profundiza esta madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos, a quien no le aceptaron el caso en el Tribunal Supremo porque no podía culpar a nadie. "El dolor de que me lo hayan robado no tiene ni punto de comparación con que esté muerto. La incertidumbre de cómo estará, qué será de su vida, es algo en lo que pienso todos los días", prosigue.

"Cuando todo esto pasó yo tuve una depresión de dos años, sin poder trabajar y apenas comer. Desde mi punto de vista, creo que algún niño que iban a dar de otra familia les falló o algo, así que cogieron al mío, porque no es normal que me lo quitaran a los dos días de nacer, cuando ya le había dado biberones, en lugar de arrebatármelo tras el parto", presupone Laura. "Ahora estoy completamente convencida de que mi hijo está vivo, pero nadie me ayuda a buscarlo. Me siento totalmente desamparada por la justicia", concluye esta madre. Similar es la opinión de Fernando: "Ningún Gobierno de España nos ha puesto facilidades".

Al reclama investigar lo sucedido

El informe de AI también recoge que pese a las 2.138 diligencias de investigación entre 2011 y marzo de 2021, tan solo 526 llegaron a ser judicializadas. Ninguna de ellas en 2019 y 2020. Pese a las cientos de denuncias presentadas, las exhumaciones se contabilizan hasta las 120, de las cuales el 41% de los casos (un total de 49) no se pudo resolver, bien por confirmarse que los restos no pertenecían al bebé que se buscaba (7 casos, 6%), bien porque no se encontraron restos (3 casos, 2,5%) , o bien porque los restos encontrados no aportaron muestras válidas de ADN para cotejo (39 casos, 32,5%), según la organización.

El documento publicado por dicha entidad finaliza con una serie de recomendaciones para paliar la situación tanto al poder legislativo como al Gobierno central , a las comunidades autónomas, al poder judicial, al Ministerio Fiscal español , a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal.