Proyecto Faq La Educación durante la II República Española (II)

martes, 27 de abril de 2021

La Educación durante la II República Española (II)

 

La Educación durante la II República Española (II)

El pasado sábado 24 de abril tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por la plataforma Jaén por la República sobre el tema de la Educación durante la II República Española (1931 – 1939). En ella tuve el honor de participar junto a dos magníficos ponentes como fueron el historiador y memorialista Antonio J.Cunquero y la historiadora Carmen Rueda (de los que aprendí bastante y que anoté algunos datos valiosos que dieron en su parte de la charla). Presentó y moderó el encuentro Verónica Redecillas, representante de la plataforma Jaén por la República. Después del enlace de la conferencia, incluyo mi parte. Un saludo y espero que disfrutéis

La conferencia:

 


A. Introducción

Comienzo diciendo que en 1931 España era un país con un número insuficiente de escuelas, muchas de las cuales eran muy pequeñas, simples habitaciones incluso. El número de maestros era muy bajo y su formación, muy pobre. Los diferentes gobiernos republicanos establecieron un plan en Educación que estaba centrado en la construcción de más escuelas, la mejora de la formación de los docentes, su mejora salarial, y la introducción de aspectos como el laicismo, que hubiera niños y niñas en la misma clase, enseñanza gratuita, etc. Este programa de reformas se aplicó con gran esfuerzo por parte de la República, ya que la Crisis económica internacional de 1929 influyó mucho en España y en el resto de Europa. Dicho programa se encontró con la oposición de la cúpula de la Iglesia Católica y parte de los políticos conservadores estaban en contra de esta reforma educativa porque la veían como una amenaza a sus privilegios y a lo que ellos entendían como la tradicional moral cristiana. Después del golpe de Estado político – militar de 1936 y la guerra, el plan educativo fue suspendido en el territorio rebelde (con quema de libros incluida en muchas ciudades de nuestro país) y cancelado definitivamente tras 1939.

A pesar que la primera ley educativa fue la de Claudio Moyano en septiembre de 1857, el aspecto educativo no fue una prioridad para los distintos gobiernos españoles y el país estaba en una situación de relativo atraso educativo (el ministerio de educación español no se creó hasta 1901, cuando Francia lo creó en 1828, Reino Unido en 1839 y Japón en 1870). Para el año 1930, y sobre una población de unos 23,5 millones de habitantes, el panorama no podía ser más desolador. Existía un 32% de analfabetismo (más en mujeres que en hombres), y de los que sabían leer y escribir, muchos lo hacían de una forma rudimentaria, ya que habían asistido muy pocos años a un colegio (la cifra puede variar por esto, además, hay autores como Álvaro Ribagorda y Leoncio López-Ocón que cifran en 1 millón los niños que no estaban escolarizados y un analfabetismo del 40%).

En cuanto a las escuelas, las 32.000 que existían eran insuficientes para atender al conjunto de la población, además, y en muchos casos, los colegios solo constaban de una pequeña aula masificada (hasta 50 alumnos) a cargo de un maestro o maestra. En las zonas rurales más apartadas, había pueblos sin escuelas. En cuanto a la situación de los docentes, éstos tenían un salario muy bajo, una formación limitada y poca estabilidad laboral. Una situación con la que se podía hacer muy poco para que el país estuviera entre las naciones más avanzadas de Europa occidental.

B. Gobierno provisional

Tras la proclamación de la República en abril de 1931, se quiso hacer de la Educación uno de los proyectos estrella de la democracia republicana. Para ello, y acorde con el proyecto reformista general, se reformó la educación en todos sus niveles. Se apoyó la promoción de metodologías de enseñanza activas, la creación de escuelas públicas, la reforma de los planes de estudio existentes o la implantación de la coeducación (niños y niñas juntos en la misma aula) y la laicidad de la educación. Un Decreto de 15 de abril de 1931 del Gobierno provisional resumía la importancia que iba a tener la educación desde el primer momento:

“El gobierno Provisional de la República sitúa en el primer plano de sus preocupaciones, los problemas que hacen referencia a la educación del pueblo. España no sería una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos por falta de escuelas se vean condenados a la perpetua ignorancia”.

En nuestros días, historiadoras como Consuelo Domínguez se han manifestado en ese sentido:

“Efectivamente, [la Educación] fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador”.

Las influencias para aplicar este plan fueron varias: El regeneracionismo de Costa, la Institución Libre de Enseñanza (ILE, fundada en 1876 por Julián Sanz del Río), los grupos de pedagogos que habían viajado sobre todo por Francia, Reino Unido y la Alemania de Weimar, que aprendieron las teorías educativas y de los teóricos de la enseñanza de ese momento. Una de estas figuras fue el pedagogo manchego Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), que decía que la educación debía ser laica, gratuita, mixta y administrada por el Estado.

Así, entre abril y diciembre de 1931, las reformas en Educación (entonces Ministerio de Instrucción Pública, MIP) echaron a andar. Destacaron Marcelino Domingo (1884-1939) como ministro, y otros como Domingo Barnés (1879-1940) y Rodolfo Llopis (1895-1983), que tuvieron diversos cargos en el organigrama educativo. El MIP calculó que se necesitaban unas 27.000 escuelas y las primeras medidas se centraron en la construcción de nuevos colegios. La construcción de estas escuelas comenzó casi inmediatamente, y, en poco más de dos años se terminaron unas diez mil, que se pusieron en funcionamiento en relativamente poco tiempo.

Financiación, el dinero para levantar estos edificios vino de la emisión de obligaciones por valor de 400 millones de pesetas de la época. Otros 200 millones de pesetas fueron invertidos por los ayuntamientos, que, aportaban además el solar en el que se iba a construir dicho colegio. Además, se aumentó el presupuesto educativo nacional.

Otro frente de actuación fueron los docentes, que eran insuficientes y tenían un sueldo muy bajo. Para paliar esta situación, se amplió la plantilla en 7.000 plazas y se les subió el sueldo un 15%, subida que afectó a más de tres cuartas partes del profesorado (llegaron a ganar de media unas 3.000 pesetas de la época). Se insistió también en su formación, por lo que se realizaron además de oposiciones, proyectos y cursos para que estuvieran mejor preparados. Por primera vez, se dignificó la figura del docente, muchos de ellos, realizaron de forma entusiasta su trabajo, en palabras del periodista Daniel Fernández Abella: “Los maestros vieron en la República la oportunidad de ejercer su labor como docentes, una labor vilipendiada hasta entonces. Miles de maestros apoyaron las labores educativas republicanas viendo como su profesión era dignificada socialmente: Gracias a una labor ardua y entusiasta fue posible la alfabetización del pueblo”.

La carrera de Magisterio pasó a tener carácter universitario (3 años de estudios), y, se trabajaron nuevas metodologías que ponían su objetivo en el alumnado. En esta primera etapa, también se crearon las Universidades Populares y las Misiones Pedagógicas, en las que estudiantes y voluntarios llevaban en furgonetas películas, música, arte y libros a los pueblos más apartados. Esta institución fue aprobada por el Decreto del 29 de mayo de 1931, y estuvo presidida por el pedagogo riojano Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935). Fue muy activa entre 1931 y 1934 (las misiones pedagógicas solían durar entre 1 y 15 días, fuente: Antonio J. Cunquero), momento en el que se notaron los recortes de los gobiernos del Bienio Conservador.

C. El bienio progresista

En los dos años de Manuel Azaña como presidente del Gobierno durante el Bienio Progresista (diciembre 1931 – noviembre 1933) se continuó con este impulso a la Educación. El socialista granadino Fernando de los Ríos (1879-1949) fue el encargado de desarrollar este impulso hasta junio de 1933, cuando fue sustituido por Francisco Barnés (Izquierda Republicana).

Era tal la importancia que se le quería dar al proyecto educativo, que ésta venía recogida en tres artículos de la Constitución de 1931, el 48, 49 y 50. Pese a las dificultades por la Crisis Económica internacional de 1929, aumentó el presupuesto educativo. Así, en 1932 creció un 28% respecto al año anterior, y de nuevo aumentó un 18% con respecto al año previo, lo que se tradujo en que se terminaron nuevos colegios, (por lo que más alumnado se incorporó al sistema educativo). También se amplió el número de inspectores pasando de 212 en 1932 a 312 en 1933 (algunas como la castellonense Josefa Blanco y residente en Linares fueron también inspectoras), y se incorporó nuevo profesorado, tanto en primaria como en secundaria (unos 13.500 entre 1931 y 1933) que se entregaron mucho a su trabajo, inventado toda clase de actividades para atraer al alumnado a los colegios. Un par de ejemplos fueron el tarraconense Antonio Benaiges, que en la localidad de Bañuelos de Bureba (Burgos), que montó una escuela en lo que antes era una cuadra para el ganado, o el caso de muchas maestras, que daban clase en sus propios domicilios con ayuda económica de ayuntamientos, y que, también se vieron apoyadas con el tema de la vigilancia al que hasta entonces eran sometidas (sobre todo por parte de sacerdotes) tanto en su trabajo como en su vida cotidiana (se vigilaba con quienes salían, si se maquillaban o no, la longitud de la falda, etc…). La historiadora Carmen Rueda comenta también que hubo también maestras que llegaron a ser directoras de Centros, lo que chocó con la moral muy tradicional de parte de la sociedad de la época.

Decir también que se fomentó el estudio de los idiomas modernos (inglés y francés especialmente). En cuanto a lenguas autonómicas, pronto puedo enseñarse el catalán en las escuelas de dicha región (con la idea de expandir esta enseñanza a Euskadi y Galicia en el futuro). Esto puedo realizarse gracias al artículo 50 de la CE1931 y al estatuto de autonomía de 1932.

El fin de la separación de niños y niñas en las aulas fue para la pedagoga María Sánchez Arbós la labor más destacada de la reforma educativa del gobierno republicano español. El nuevo sistema democrático nació con el objetivo de promover la igualdad entre hombres y mujeres y eso fue un aspecto que se tenía que inculcar desde los centros educativos. Además, para garantizar la educación, la enseñanza obligatoria se hizo extensiva hasta los 12 años (Rodolfo Llopis destacó por su trabajo como Director General de Enseñanza Primaria) y se consolidó la educación de la Formación Profesional (había sido reglamentada entre 1924 y 1928).

Otros aspectos tratados fueron el laicismo en las escuelas, la disolución de los jesuitas (se suprimió la Orden, sus miembros no fueron expulsados del país), la sustitución de los religiosos en la labor docente, ya que se dudaba de su formación y de su lealtad al país (artículo 26 de la Constitución y Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas del 17 de mayo de 1933), previamente, se había promulgado un decreto el 6 de mayo, que aprobaba el carácter voluntario de la enseñanza religiosa. De igual modo, se suprimió la presencia de la Iglesia en los Consejos de Instrucción Pública (Isabelo Herreros). Otras medidas fueron la construcción de comedores escolares y de roperos en los colegios, un Plan Nacional de Cultura y un proyecto de ley educativa para 1932 y 1933, que sustituyera a la Ley Moyano. No obstante, al final no se llevó a cabo por el cambio de gobierno en las elecciones que hubo en noviembre de 1933. Hay que decir que a las dificultades financieras que hubo para sacar adelante estas medidas educativas, hubo que sumar la oposición que los obispos de la época presentaron contra el programa educativo laico del gobierno republicano español, a la que llegaron a implicar al conservador Papa Pio XI (Papa que luego sería tristemente famoso por varias polémicas debido a su ambigüedad con los fascismos en los años de la 2GM).

A nivel universitario durante estos dos primeros años se tomaron medidas para dinamizar la anquilosada universidad española, dotándola de más medios e infraestructuras. Para ello se dio un impulso para finalizar las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid, con la edificación de edificios modernos para impartir la docencia, nuevas metodologías y la aparición de un modelo de colegios universitarios que seguía el modelo británico. Otros aspectos que podemos destacar sería la creación en 1932 de la sección de Pedagogía en la Universidad Central de Madrid, con el fin de mejorar el modo de impartir la enseñanza (Decreto del 27 de enero de 1932) y apoyar la presencia de mujeres, no solo en las aulas como alumnas (había solo 439 universitarias en 1931, fuente: Carmen Rueda), sino también como miembro del profesorado universitario. Fernando de los Ríos quiso realizar una ley educativa para reformar la universidad, aunque el proyecto no pudo salir adelante por los cambios políticos.

D. El bienio conservador

Tras las elecciones generales de noviembre de 1933 una coalición de partidos de derecha con la CEDA a la cabeza se hizo con el gobierno. Este período se caracterizó por una serie de cambios que consistieron en frenar las distintas reformas del bienio anterior, aunque políticos ultraconservadores, como José María Gil Robles, querían una “rectificación total” de dichas medidas. En educación lo más destacado fue que se frenó la construcción de escuelas (A la altura de 1935 el número de Centros privados era mayor todavía que el de Centros públicos y además se les permitió tener su propio ideario educativo). La incorporación de docentes también se frenó (solo hubo 2.500 incorporaciones entre 1934 y 1935), así como su libertad de cátedra. Igualmente se paralizó la reforma en secundaria, la aplicación de la medida de sentar a niños y niñas en el mismo aula y se redujo la operatividad de los inspectores.

La prohibición de frenar la docencia a las órdenes religiosas también se paró, “camuflándose” el que las Órdenes Religiosas pudieran seguir dando clase y se redujo la enseñanza del bilingüismo, especialmente en Catalunya, donde se disolvió el Patronato de la Universidad de Barcelona y varios Consejos Regionales de Enseñanza. Estas medidas contaron con la oposición de profesores como Pompeu Fabra, Josep Xirau o Bosch Gimpera, que, fueron procesados bajo la acusación falsa de participar en la Huelga General Revolucionaria de octubre de 1934, si bien serían absueltos poco después.

La única medida de cierta importancia que se hizo durante este período, fue una reforma del Bachillerato llevada a cabo por el ministro Filiberto Villalobos (del Partido Liberal Democrático y luego del Partido Centrista) en ese mismo 1934. Sin embargo no pudo desarrollarse plenamente por la inestabilidad política de los gobiernos conservadores de estos años, ya que hubo 12 gobiernos durante este Bienio Conservador (media de unos 4 meses) y la propia oposición de algunos de los elementos más conservadores de estos gobiernos, sobre todo de miembros de la CEDA.

Para detallar, fueron 4 los Primeros Ministros del Bienio Conservador: Lerroux (en dos ocasiones), Samper, Chapaprieta y Portela Valladares. En ese período hubo 8 ministros al frente del MIP: José Pareja Yébenes, Salvador de Madariaga, Filiberto Villalobos (dos ocasiones), Joaquín Dualde (también dos veces), Ramón Prieto, Juan José Rocha, Luis Bardají y Manuel Becerra (solo duró 16 días), lo que limitó especialmente la aplicación de las medidas educativas.

E. El Frente Popular

Las elecciones de febrero de 1936 supusieron el retorno de la izquierda al poder bajo la alianza del Frente Popular, de nuevo con Manuel Azaña como Primer Ministro y Marcelino Domingo al frente del MIP. Durante los meses que hubo hasta el golpe de Estado y la guerra, la política gubernamental fue la de retomar la agenda del primer bienio en Educación y se tomaron nuevas medidas.

Así, por un decreto gubernamental del 22 de febrero de 1936 se establecieron 5.300 nuevas plazas de docentes, se continuó con la construcción de escuelas (se terminaron 16.000 durante los años de paz), y se avanzó en los postulados de la escuela unificada, que facilitaba el paso del estudiante de una etapa educativa a otra, especialmente de Primaria a Secundaria. Como novedad más destacada, se creó el Certificado de Estudios Primarios, que se daba a los estudiantes a los 14 años de edad.

F. El golpe, la guerra y la represión

Poco más se pudo avanzar, si bien el golpe fracasó parcialmente, el curso académico, una vez superado el shock inicial pudo continuar en parte del territorio leal (si bien es cierto que a trompicones). La principal novedad es que las Misiones continuaron con otro nombre (Antonio J. Cunquero) y que aumentó el número de profesoras ya que sus compañeros masculinos fueron movilizados y llevados al frente (Carmen Rueda). En el territorio donde triunfó el golpe se produjo la cancelación del curso y del programa de reformas educativas del ministerio. Las metodologías y contenidos fueron sustituidos por otros de corte ultranacionalista y muy religioso vinculado a los postulados del Movimiento Nacional (el partido único del régimen) y del catolicismo más extremista de la época. Entre los primeros responsables que tuvieron los golpistas en educación estuvieron Pedro Saínz Rodríguez (el que firmó los contratos con los fascistas italianos) y José Ibañez Marín, que en 1943 justificó la represión a los docentes de la siguiente forma:

“Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero necesaria de aniquilamiento y depuración. Como en un organismo vivo tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales de su masa vital. Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un interés religioso y, un soberano interés nacional lo exigían así”.

A nivel general, el programa reformista de la Educación nunca fue bien visto por los sectores más tradicionalistas de nuestro país. Estas personas recelaban de las reformas republicanas para las escuelas, ya que pensaban que ponían en peligro sus privilegios en el campo educativo, cultural y social (el clero mantenía una situación de casi monopolio en la educación primaria y secundaria). Estos sectores de la sociedad de la época nunca vieron correcto que a los niños y niñas se les educase en valores democráticos y de igualdad. Por eso, no es de extrañar que apoyasen entusiasmados el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Desde muy pronto además, junto a los civiles y militares sublevados, estas personas alentaron la quema de libros como se ha visto muchas veces que se hizo en la Alemania nazi (y que prácticamente se dio en muchos pueblos y ciudades donde triunfó el golpe o la quema que hubo en la feria de libros de Madrid a finales de abril en 1939).

Sobre la represión ejercida a los docentes los investigadores Andrés Olaizola y Francisco Morente Valero creen que de los 60.000 docentes que había en 1936, más de 20.000 fueron represaliados por los partidarios del golpe político-militar (unos 2.500 andaluces según Carmen Sanchidrían, Isabel Grana y Francisco Martín Zúñiga, de la Universidad de Málaga). Esta represión abarcó desde el exilio (Benita Gil), la multa económica, raparles el pelo (como fue el caso de una maestra de Linares llamada Mercedes), la expropiación de bienes (caso de Federico Landrove), expulsión de la carrera docente, violaciones (hasta la década de 1960 todavía había tribunales que revisaban las condenas del profesorado), e incluso la pena de muerte (entre 500 y 1.000 docentes fueron ejecutados, aunque las cifras pueden variar). Antonio Benaiges fue uno de los que pagó con su vida, fue fusilado por falangistas, justo cuando se preparaba para organizar una excursión para que sus alumnos pudieran ver el Mar Cantábrico, o como los padres de Hilda Farfante, ambos profesores, y que fueron fusilados cuando ella era una niña. La represión fue tan brutal que el principio de curso en el territorio ocupado por los sublevados estuvo a punto de suspenderse debido a la falta de profesorado. Esas plazas vacías de profesores expulsados otorgadas a veteranos del ejército sublevado como premio a su lealtad, que en su mayoría no tenían conocimientos de docencia o de metodologías didácticas de ningún tipo.

Llegados a este punto, me gustaría terminar con una frase de Julio Anguita y creo que resume bastante bien la inquina que le tenían a la educación de la II República: “Alguien dijo que la Guerra Civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Acertaron plenamente con el aforismo.”

Salud, trabajo, educación pública y República española.


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