El privilegiado estatus de la Iglesia católica en España hunde sus raíces en la histórica promiscuidad entre el poder civil y religioso. Es fácil rastrear casi 300 años de intimidad institucional y regalismo, desde los concordatos de 1737 y 1753. El Estatuto de Bayona, de 1808, establece: “La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra”. El artículo 12 de la Constitución de Cádiz, la Pepa, de cariz liberal, señala: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.
El siglo XIX consolida una singularidad política española: la inexistencia de una corriente política liberal sólida emancipada de la sotana. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España los liberales sellan una alianza de intereses con la Iglesia en la que se acepta esa identidad única española, católica y castellana, que en el siglo XX acabaría sublimando el franquismo. El Concordato de 1851, firmado por el papa Pío IX y la reina Isabel II, supuso el certificado de defunción de los ensayos desamortizadores de las corrientes menos confesionales. Desde entonces, y aparte del sobresalto del sexenio democrático, la Iglesia sólo ha sufrido un gran trauma: la experiencia republicana, contra la que la jerarquía católica se empleó a fondo.
Inmortal es el telegrama de Pío XII a Franco una vez acabada la guerra: “Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España”. Ni el Vaticano ni la Iglesia en España han pedido perdón. La institución católica se convirtió en un pilar fundamental de la dictadura, participando de forma activa y destacada en la represión y contribuyendo al blanqueamiento del dictador. En 1953 el régimen se apuntó dos tantos: uno) los Pactos de Madrid con Estados Unidos, en virtud de los cuales se instalaron las bases militares yanquis en suelo español; dos) el Concordato con el Vaticano, que supuso la ruptura del aislamiento franquista. Su artículo 1 decía: “La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”. El texto supone la consagración absoluta de la confusión entre las esferas política y religiosa. El Estado español entrega al Vaticano, al fin y al cabo a un país extranjero, la llave de las aulas y un inacabable catálogo de privilegios económicos.
Dicho concordato jamás ha sido derogado. Fue reformado por los acuerdos de 1976 y 1979, negociados desde finales de los años 60 por el Vaticano y las autoridades franquistas, en razón de una lógica bilateral que escapaba a las dinámicas propias de la Transición. Los acuerdos del 79 son cronológicamente unos acuerdos postconstitucionales, pero su gestación es anterior. Y de hecho su fondo es dudosamente compatible con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. Su artículo II dice: “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico […]”.
El acuerdo del 79 consolida un sistema de funcionamiento de las relaciones económicas entre España y el Vaticano que obliga a todos los españoles, incluidos los no católicos, a financiar a la Iglesia. El convenio económico establece un mecanismo que hace que la Iglesia combine dos vías de ingresos públicos: por la imposición sobre la renta y vía presupuestaria. No obstante, la asignación tributaria tarda en aplicarse. El primer ejercicio fiscal en que se pone en práctica es 1988, con una aportación del 0,5239% por cada equis. Queda establecido también que la dotación a la Iglesia se complemente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En 2006, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), criticado por la jerarquía por su supuesto laicismo, la institución católica se apuntó un gran logro. El Gobierno y la Iglesia acordaron un nuevo modelo de financiación que ponía fin a la dotación directa del Estado e incrementaba la asignación del IRPF del 0,5239% al 0,7%. Este modelo ha supuesto un incremento de los fondos que el Estado ingresa directamente a la Iglesia. Ahora son unos 250 millones al año. A cambio la Iglesia empezó a pagar el IVA, lo que fue presentado como una contraprestación a pesar de que era una insistente exigencia de la Comisión Europea, recelosa del trato privilegiado que el Estado dispensa a la institución católica.
Fuente → oiradilos.wordpress.com
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