CeAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar la modificación de varias leyes españolas con el objetivo de hacer justicia para las víctimas del franquismo, que siguen sin justicia después de más de cuatro décadas de régimen del 78. Paralelamente, CeAQUA, cuya iniciativa cuenta con el apoyo de 150 asociaciones y colectivos de la sociedad civil, se ha reunido con el intergrupo por la memoria y la justicia del Congreso de los Diputados, y es que prevé entregar las firmas a los grupos parlamentarios el próximo mes de junio.

Las víctimas del franquismo han interpuesto más de 80 querellas ante la justicia española en los últimos años –por cárcel, asesinatos masivos y sin juicio, torturas, malos tratos, robos de bebés, trabajo esclavo…– y ninguna de ellas ha llevado a la investigación ni al enjuiciamiento de los responsables de esos delitos, que siguen impunes. Y es que la Ley de Amnistía de 1977 y otras leyes españolas impiden que esos responsables sean juzgados, protegiendo así a unos pocos mientras dejan sin justicia a cientos de miles de personas.

Por eso CeAQUA pretende que los grupos parlamentarios impulsen y aprueben las iniciativas legislativas necesarias para garantizar definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo, empezando por “modificar, derogar o anular la Ley Amnistía”, incorporar al derecho interno “el principio de legalidad internacional” –contenido entre otros en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 7.2) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 15.2)–, ratificar la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, etc.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina tuvo que cruzar el Atlántico para, en aplicación de la justicia universal, obtener lo que España sigue negándole. Y si el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática que el Congreso debatirá próximamente no incluye esas iniciativas legislativas, “el pilar más importante de la memoria democrática”, es decir la justicia, “volverá a tener los ojos vendados”, denuncia. Y es que “para avanzar en una auténtica política de reconciliación donde la sociedad recupere la confianza en el Estado y sus instituciones, es necesario implementar medidas efectivas que reconozcan, de una vez por todas, el derecho a la Justicia que conlleva la investigación penal de los crímenes, el enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades y la reparación integral que merecen sus víctimas”.