Primero fue la prensa extranjera. Tras esto, en el Estado español corren ríos de tinta sobre las últimas andanzas de Juan Carlos I. El padre del rey pegaba la espantada en agosto a Emiratos Árabes Unidos, pero aparece en las portadas de vez en cuando para desesperación (se supone) de Felipe VI. La última, la nueva regularización de más de 4 millones de euros supuestamente evadidos al fisco.

Que el anterior jefe del Estado mantenga este comportamiento es una anormalidad que profundiza en la crisis institucional española que se alarga durante años. El cerrojazo de buena parte de medios de comunicación y partidos monárquicos (PSOE, PP, Vox y Ciudadanos) ante esto (que se hable lo menos posible de la institución monárquica) no basta para que desde distintos sectores de la sociedad civil se intente hacer justicia. Hay un clamor social frente a los comportamientos del Borbón, a pesar de que la alternativa republicana no acaba de cuajar ni en las calles (pandemia mediante) ni en las instituciones.

La Asemblea Republicana de Vigo presentará una querella en los próximos días contra la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, personificada en la fiscal general, Dolores Delgado, y en el director general de la agencia, Juan Gascón. Les acusan de prevaricación y omisión del deber de perseguir el delito. “Durante 14 meses llevan permitiéndole un privilegio al rey emérito, la regularización voluntaria. Al no haberle notificado la inspección por esos impuestos y ejercicios por parte de la Agencia Tributaria, ni la notificación de investigado por parte de la Fiscalía, la regularización es voluntaria”, explica el abogado querellante Antón Beiras a cuartopoder.

Beiras, que también es economista, auditor, técnico de Hacienda en excedencia y delegado en Pontevedra de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), comenta este supuesto privilegio de Juan Carlos I: “Es un brutal ataque al principio de igualdad que consagra en artículo 14 de la Constitución. El rey emérito ya no es inimputable desde que abdicó, está aforado al Tribunal Supremo, pero ha de cumplir con sus obligaciones tributarias”.

“La Agencia Tributaria es una agencia con una cultura corporativa muy agresiva, lo primero que hace es anunciar al ciudadano el inicio de actuaciones inspectoras. A partir de ese momento, cualquier pago no tendrá efectos exculpatorios, si lo hay, habrá sanción, delito y todo”, explica, al respecto. Y valora: “Esto es una desigualdad ante la ley inmensa, han convertido un derecho, el de la regularización tributaria fuera de plazo si así lo estima conveniente, en un privilegio. Están investigando al rey emérito sin haberle notificado esta condición”.

“Los indicios, además, son que estaría habiendo un presunto blanqueo de capitales mediante sus fundaciones, una tenencia y disfrute de unos fondos de origen delictivo”, añade Beiras, preocupado porque “podría ser que tampoco se pudiera buscar el delito de blanqueo al regularizar la cuota”. El abogado se muestra optimista con que la querella pueda prosperar, aunque es consciente del bloqueo que se produce en algunas instituciones cuando se cuestiona a otras elementales del Estado. “Soy optimista, los hechos están ahí, el derecho también, el silogismo jurídico es que se ha cometido un delito, presuntamente, aunque soy consciente de que la admisión a trámite de este tipo de iniciativas no es siempre pacífica”.

Una querella que pretende ser ejemplarizante, según Beiras: “Hay un elemento que no se nos puede escapar, y es que en España, a diferencia de Europa, tenemos entre un 20 y 25% del PIB en economía sumergida, el doble de la media europea. Esta conducta por parte de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía General del Estado es devastadora en términos de cultura contributiva”. “Es una de las conductas más insólitas de la democracia, pues son las dos instituciones democráticas con mayor capacidad de injerencia en los ciudadanos: la Agencia Tributaria puede arruinar a un ciudadano y la Fiscalía, conseguir quitarle lo más preciado en un país que tiene abolida la pena de muerte, la libertad deambulatoria y decretar prisión”, añade.

Cataclismo de la monarquía

Celso López, presidente de la Asemblea Republicana de Vigo, entidad que presentará estos días la querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la fiscal Delgado está aforada), relata los ánimos que les llevan a promover esta iniciativa: “Intuimos un trato de favor y un privilegio insostenible en una democracia, deberíamos ser todos los ciudadanos iguales ante la ley y los tributos”. “Esto es producto de la negligencia y connivencia de las administraciones públicas, en concreto de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Tributaria”, prosigue.

Para López, los casos que rodean a la monarquía significan “un cataclismo para la institución, que no es más que el cataclismo del Régimen del 78”. “Lo que se viene produciendo en los últimos años es el fin de una época, una muerte anunciada que tardará más o menos, pero que no tiene mucho más recorrido por toda la situación política del resto del Estado”, analiza. “La Corona es un síntoma más, y es el eje vertebrador para proseguir el franquismo sin Franco”, añade López.

Para el presidente de la Asemblea Republicana de Vigo la continuidad de la monarquía depende del PSOE: “El PSOE tiene una deuda histórica con la ciudadanía, puede sumarse al carro de la historia o agarrarse al pasado”. Afea al partido de Pedro Sánchez que “siempre vota con PP, Ciudadanos o Vox para invalidar cualquier proceso de investigación al rey emérito en el Parlamento, ya van siete intentos”. “¿Hasta cuándo aguantará el PSOE?”, se pregunta. “Hasta que sus propias bases le exijan que ya no mantengan la monarquía, entonces será un problema para el PSOE”, responde.