Terrorismo de Estado y los aportes de la extrema derecha

Un hilo conductor une a los gobiernos catalán y del Reino de España: el sacar a la calle a sus brazos armados en connivencia con la extrema derecha, para silenciar al pueblo en reclamo de sus derechos. El terrorismo de Estado va minando, día a día, cada rincón de los dos estados. Mutilados, represaliados, reprimidos y presos políticos, son una constante en ambos territorios. Mientras esto ocurre, digitado desde los ejecutivos, en Catalunya continúa -como si no pasara nada y con una cara que se la pisan- las pujas intestinas para formar Gobierno. Madrid no se queda atrás, y empieza a extenderse la psicosis de elecciones generales anticipadas para este mismo año.

Dos hechos puntuales marcan la real realidad que se vive por estas horas en Catalunya y el Reino de España. La brutal represión desatada en ambos Estados contra los manifestantes pacíficos a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, y que reclaman por los derechos a la libertad de expresión, autodeterminación y la libertad inmediata del artista catalán, y por otro lado, y que está intimamente relacionado con lo anterior, la irrupción del grupo neonazi Bastión Frontal en Madrid en el contexto de la manifestación en defensa de la Sanidad Pública convocada por la Coordinadora Estatal Antiprivatización de la Sanidad. Donde hubo un dirigente sindical detenido que ya ha sido puesto en libertad.

Todo tiene que ver con «todo»

Un hilo conductor une a los gobiernos de Catalunya y del Reino de España: el sacar a la calle a sus brazos armados en connivencia con la extrema derecha, para silenciar al pueblo en reclamo de sus derechos. El terrorismo de Estado va minando, día a día, cada rincón de los dos estados. Mutilados, represaliados, reprimidos y presos políticos, son una constante en ambos territorios. Y mientras esto ocurre -digitado desde los ejecutivos-, en Catalunya continúa -como si no pasara nada y con una cara que se la pisan- las pujas intestinas para formar Gobierno. Madrid no se queda atrás, y empieza a extenderse la psicosis de elecciones generales anticipadas para este mismo año.

«Abollando ideologías» y derechos consagrados

Todo ha comenzado con la detencion del compañero Pablo Hasel. Violencia institucional y censura a la libertad de expresión y a manifestarse. El martes 16 de febrero las fuerzas de seguridad irrumpen en la Universidad de Lleida y secuestran al rapero. Sobre él pesaban cargos impuestos por el poder real que pulula en la justicia cooptada por: «enaltecimiento del terrorismo» e «injurias a la corona». Convengamos que el ex representante de esa «corona injuriada» se encuentra fugado en los Emiratos Árabes por hechos de corrupcion, coimas, malversación y blanqueo de capitales.

Pero Hasel no es el único, es uno de los 15 artistas españoles y catalanes que en los últimos años fueron víctimas de censura en España, donde el anterior Gobierno conservador de Mariano Rajoy endureció las leyes y avaló una aplicación dura del Código Penal para intimidar a la disidencia política en un contexto de creciente malestar social.

Fuera de la la Universidad se encontraban mas de 5.000 personas apoyando a Hasel y exigiendo su libertad, ¡Ya! Como así tambien, reclamaban por los derechos ultrajados. «¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!», gritó el rapero, mientras la policía lo escoltaba fuera de la casa de altos estudios ubicada en Catalunya. «Muerte al Estado fascista», gritó, antes de que los Mossos d’Esquadra lo hicieran entrar al vehículo policial, entre abucheos de los manifestantes que protestaban en esta ciudad.

Desde aquél martes a la fecha se han producido marchas y manifestaciones por la libertad de Pablo y la libertad de expresión, cada día y en distintas ciudades del Reino de España y Catalunya. En algunos días, dichas manifestaciones llegaron a superar las 100.

Desde aquel martes, y frente a la masividad de las manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Lleida, Vic y decenas de ciudades, tanto el Gobierno «progresista» español como el de la Generalitat hicieron uso y abusi de la Policía Nacional y los Mossos para reprimir violentamente contra los manifestantes en las distintas ciudades donde expresasen la ¡Libertad a Pablo Hasel! y ¡Basta de nuestros derechos bastardeados!. A causa de la brutalidad ejercida, una mujer ha perdido un ojo por la represión en Barcelona y los Mossos han vuelto a cargar día tras día, noche tras noche.

Pero, al día siguente de las manifestaciones pacíficas, donde el pueblo ha sido reprimido por los brazos armados de los Gobiernos, leemos en las portadas de los medios hegemónicos y a grandes titulares: «disturbios» en las manifestaciones entre manifestantes y las «fuerzas del orden». O los manifestantes «queman contenedores». Y frente a esto surge una pregunta insoslayable: ¿Quién provoca violencia? ¿Quien provoca «disturbios»?

Los «disturbios» de los anti-disturbios

Ante todo, hay que dejar algo muy claro. Cuando las personas salen a la calle a manifestarse ejercen sus derechos fundamentales.

En este marco, los Gobiernos de Catalunya y del reino envían a sus brazos armados a cercenar esos derechos. En este sentido, los policías que acuden a ellas, y que siguen las ordenes de los Ejecutivos, no sólo no ejercen ningún derecho sino que tratan de impedir u obstaculizar que lo ejerzan los demás.

La presencia de la policía durante una manifestación no se justifica en nigún caso. La policía acude a las manifestaciones porque es su profesión: cobra un dinero todos los meses y se entrena para impedir las manifestaciones y el ejercicio de los demás derechos por la fuerza y la violencia.

La mayor parte de las veces la policía llega al lugar de la convocatoria antes que nadie, pide la documentación y registra las pertenencias personales, lo cual tiene un carácter disuasorio: tratan de impedir que las personas acudan y logran que quienes lo hacen tengan pánico, terror.

De esa manera, las manifestaciones se han convertido en una acción de riesgo personal que la mayoría de las personas no puede soportar, aunque quisiera.

Si en una jornada de votaciones la policía estuviera presente en los colegios electorales de la misma manera en que está presente en las manifestaciones, no votaría nadie.

Si la policía no tiene una presencia intimidante en los colegios electorales, a diferencia de las manifestaciones, es porque el Estado quiere una sociedad castrada, de tal manera que la única participación política de las personas sea de tipo electoral.

La presencia de la policía en las manifestaciones es, y con todas las letras: terrorismo de Estado, y esto no se puede admitir como un hecho normal y corriente, sobre todo cuando la misma se rodea de una parafernalia violenta que el equipamiento represivo denota: cascos, porras, escudos, balas de goma, FOAM,…

La policía es enviada a las manifestaciones con una única consigna: desata los episodios de violencia, típicos de algunas manifestaciones para crear una cortina de humo sobre las reivindicaciones y los motivos de las mismas. Al día siguiente la noticia en los medios corporativos no es la protesta ni la violencia institucionalizada sino los adoquines, las barricadas y los incendios.

Los medios de comunicación o los Conglomerados mediáticos, que son una prolongación de la policía y de los Gobiernos, nunca van a analizar las causas de las manifestaciones y de los «disturbios» sino sólo las consecuencias. El objetivo es arrojar a la población contra los manifestantes y sus legítimas reivindicaciones.

A esta prensa, sostenida por las pautas publicitarias de los Gobiernos nacionales, provinciales y de los ayuntamientos, las manifestaciones no le interesan en absoluto, prueba de lo cual es que la mayor parte de ellas no son noticia. Los reporteros sólo salen a la calle con las barricadas y los incendios, de manera que quienes quieren airear sus reivindicaciones están obligados a dar un paso al frente y pasar de las procesiones festivas a las medidas de fuerza. Y si algún medio alternativo intenta dar cuenta de la violencia de los maderos, también son reprimidos y/o amedrentados rompiéndoles o robándoles sus equipos.

Las personas convocan manifestaciones cuando han agotado las demás formas de protesta. Una manifestación no es más que una oleada de personas indignadas y vilipendiadas que la presencia intimidante de los antidisturbios no contribuye a apaciguar, sino todo lo contrario.

Por eso, si los Gobiernos no quieren violencia en las manifestaciones, será mejor que no envíen a sus policías armados para la guerra, y si no quieren manifestaciones en las calles será mejor que atiendan las reivindicaciones en los despachos oficiales. Perdón, una reflexión cuasi ingénua, pero necesaria.

Grupo neonazi y la Policía: una dupla de la nueva España

El segundo punto que mencionábamos al comienzo de esta nota, y que está intimamente relacionado con todo lo anterior, es la irrupción del grupo neonazi Bastión Frontal el sábado en Madrid en el contexto de la manifestación en defensa de la Sanidad Pública convocada por la Coordinadora Estatal Antiprivatización de la Sanidad. Donde hubo un dirigente sindical detenido que ya ha sido puesto en libertad.

Como siempre, todo transcurría con «normalidad» en la mañana madrileña. Hasta que la llegada sorpresiva de los extremistas de derecha rompió con la calma que reinaba hasta el momento. Como siempre, hubo insultos, empujones, la policía arremetió contra la resistencia pasiva de los manifestantes que se negaban a avanzar hasta que los nazis se fueran, y entre empellones se llevarin detenido al secretario general de la CGT Zona Sur. El escenario estaba montado. El Grupo neonazi ofició como partener de la Policía, una dupla de la nueva España en los tiempos que corren. Donde todos los gatos son pardos.

En principio la Policía, tras la llegada de una veintera del Bastión Frontal, se mandó el paripé como que los desal9jaba de la zona. Así la manifestación pudo proseguir. Pero, los neonazis no habían sido dispersados, sino que la policía les permitía formar parte de la manifestación a una distancia prudencial, aunque los gritos de unos y otros se confundían, enfrentaban y a veces hasta coincidían en el grito de Sanidad. Para los primeros Sanidad Pública y Universal, como difundió CAS Estatal, para los neonazis, Sanidad solo para algunos.

Recordemos que el grupo neonazi Bastión Frontal y socio de la Policía, está siendo investigado por la Fiscalía por difundir en sus redes acciones y montajes. “Tiene como base un extremismo violento identitario de derechas”, acusaba el Ministerio público. Pero además, ha sido considerado por la misma policía como el más agresivo de los existentes, entrenado en artes marciales y que practica la violencia criminal en las calles, acosando y agrediendo a menores inmigrantes

Conforme pasaban los minutos los aires comenzaron a caldearse aún más y se ha producido lo evitable, graves acontecimientos que, una vez más, ponen en entredicho el papel de la policía y la pasividad del Gobierno de coalición. De nuevo, se ha asistido a comportamientos por parte de las «fuerzas del orden» de protección hacia los fascistas y de agresión hacia manifestaciones pacíficas.

IIntegrantes del CAS denunciaron este accionar y además señalaron los momentos de gran tensión en los que fueron inmersos. Violentos empujones de los agentes que hicieron caer al suelo a varias personas que sufrieron magulladuras diversas. Otros muchos, personas mayores entre ellos, huyeron de una violencia totalmente inesperada. El terrorismo de Estado y las aportaciones de la extrema derecha, también se cultivan en Madrid bajo el amparo del Gobierno central.

Cuando se recriminó el CAS a la policía su actuación, la respuesta fue que «ellos también tenían derecho a manifestarse y que su deber era protegerles«. Estas afirmaciones son absolutamente inaceptables. Máxime si consideramos la detención arbitraria de quien pretendía garantizar la seguridad de la manifestación ante la inacción flagrante de la policía y las agresiones sufridas por diferentes integrantes del servicio de orden de la manifestación por parte del cuerpo armado, como la vulneración flagrante del derecho de manifestación que han sufrido por parte de la Delegación del Gobierno,

Desde el CAS exigirían la destitución del Delegado del Gobierno en Madrid si creyeran que existe algo parecido a la dignidad o al sentido de la justicia en los gobernantes. Están convencidos de que no es así. Pero igualmente gritan: ¡No nos callarán ni nos detendrán! La lucha continúa y es el único camino.

Mientras todo esto ocurre, y la instalacion del terrorismo de Estado se afianza aún más -digitado desde los ejecutivos-, en Catalunya continúan -como si no pasara nada y con una cara que se la pisan- las pujas intestinas para formar Gobierno. En este sentido, Madrid no se queda atrás, y empieza a extenderse la psicosis de elecciones generales anticipadas para este mismo año.

Cono señala Jordi Barbeta en su línea editorial, el vértigo que provoca en los grupos independentistas la repetición de las elecciones es el «principal incentivo al entendimiento de ERC y Juntos … pero la CUP sigue teniendo la última palabra». El ruido provocado en el exterior de sus búnlers, no le han mella, no los distrae. Cada uno a lo suyo, el pueblo no existe.

Mientras tanto en la capital del reino… las divergencias entre los socios de la coalición «progresista», PSOE y Unidas Podemos, están alimentando las conspiraciones de los sectores más críticos de una y otra parte. Ajenos a lo que acontece en las calles del reino, existe cierta irritación, pero no precisamente por la brutalidad de sus brazos armados. La vieja guardia socialista está irritada por las denuncias de Podemos sobre la involución democrática de España, Por las críticas a la monarquía y las divergencias en políticas sociales. Y también hay una cierta inquietud en sectores del partido de Pablo Iglesias, pero no por la represión y detenciones arbitrarias que pululan por todo el reino, sino porque no se nota mucho su presencia en el Ejecutivo en la concreción de políticas públicas coherentes con su ideario. Ni el salario mínimo han podido aumentar. Y una y otra cosa fuerzan a Pedro Sánchez a acentuar su discurso proestablishment y fuerzan Pablo Iglesias a hacer lo contrario para reconciliarse con su base electoral. Y existe una fuerte desconexión con ella porque Unidas Podemos se ha transformado en un partido político más. Su estructura politico partidaria es netamente verticalista, monolítica y elitista. Frente a la horizontabilidad que pretenden mantener los «círculos» del viejo Podemos.

En Catalunya, ERC y Juntos acabarán poniéndose de acuerdo. Ahora bien, cuando lo tengan todo atado, la CUP deberá dar su opinión. La CUP se sabe imprescindible. Y ahora, la represión enconendada a los Mossos ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Hasél, han llevado a la mismísima CUP a elevar su discurso antipolicial. El paripé de siempre. Algunos hablan de reivindicación. Una reivindicacion tan legítima como poco compatible con la gobernación, que, en determinadas circunstancias, podría dar argumentos al Estado a retirar a la Generalitat la competencia en orden público. Pero por otro, algunos señalan la genuflexión al poder de Moncloa, respecto de acatar la orden y llevar adelante la instalacion del terrorimos de estado como mecanismo de domesticacion, allanará el camino para que Madrid no le retire dicha competencia.

Mientras que la oscuridad política cubre el Reino de España y Catalunya en la disputa chiquita por el «poder», que tanto unos como otros continuarán respondiedo y representando a centenarios intereses, al interior de sus delineadas fronteras el cercenamiento de derechos, el intento de sumisión socual, la manipulación y la domesticación, adquieren proporciones alarmantes. Como así también, las asociaciones de los estados con grupos de extrema derecha o neo nazis, han quedado en evidencia en las últimas semanas. Es más, «en cuanto acaben los ERTEs y la gente salga a la calle, van a soltar a la extrema derecha», señalaba un destacado dirigente sindical.

La instrumentalizacion de la violencia la vemos a diario, en cada manifestación por la libertad de Pablo, desde el btazo armado de los Estados catalan y español. Las furgonetas de la policía siguen practicando la «técnica del carrusel«. Esta práctica se ha usado mucho durante las protestas contra la sentencia de los presos independentistas. El riesgo para la vida de los manifestantes es evidente. En este sentido, los brazos armados actúan con total impunidad. Están amparados por los propios Gobiernos, que son los que le bajan línea para que acrúen como vienen haciendo.

Hoy la vida de los manifestantes está devaluada, no vale nada. Vale más la vida de del represor instituciinalizado. La policía española continúa ejercitando la violencia con las valas de gomas, prohibidas en distintos países de la UE. En Catalunya los Mossos utilizan las FOAM y que dicen desde el Gobierno que son más «amigables» que las de foma. Pero el martes pasado a una mujer le han vaciado un ojo con las FOAM.

Por un lado la vida misma no vale nada frebte a la impunidad de las fuerzas de seguridad, por otro, y que está concatenado al anterior, esa misma vida devaluada también se le cercena el derecho de hacer uso de su libertad de expresión. De su derecho a manifestarse. A los artistas como Pablo le cortan las alas a sus creaciones pacíficas con la palabra, el vídeo, la pintura o la canción. Son perseguidos, criminalizados, estigmatizados, encerrados y sancionados por expresiones consideradas críticas con las autoridades o insultos a las instituciones y símbolos nacionales. Por enfrebtarse através de su arte al órden establecido.

Los artistas siguen sufriendo severas violaciones a su derecho a la libertad de expresión mediante la censura, ataques a su integridad física, amenazas, acoso, sanciones administrativas, multas, suspensión de su actividad profesional o la destrucción de sus obras. Las autoridades gubernamentales han utilizado la pandemia como arma arrojadiza contra la libertad de expresión artística, en un claro deterioro y total alejamiento de los principios democráticos.

Pero para los estados represores, español y catalán, no basta con amputar los derechos a la libertad de expresion, al de manifestación. No basta con la persecución, criminalizacion y encarcelamiento. No basta con dotar a sus brazos armados de las últimas tecnologías para el ejercicio de la represión. No basta con el Lawfare. Con la Operación Catalunya I y II. Ahora también van contra el derecho de la legítima defensa. La Asociación Víctimas de Terrorismo (AVT) ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional a Bozhidara Alejandra Matamoros, la abogada Pablo Hasel, por «enaltecimiento del terrorismo«. En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) interpuso una denuncia contra Matamoros por delitos de injurias y calumnias. Y el el Colegio de Abogados de Madrid decidió abrir un expediente deontológico contra la letrada por acusar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de torturar «día sí, día también».

Queda más que claro que hay una connivencia entre las fuerzas de seguridad del Estado y los propios estados, con los discursos y accionar fascistas y de extrema derecha. No se puede normalizar el discurso fascista, su accionar y la presencia de grupos de extrema derecha en movilizaciones convocadas por movimientos sociales. Resulta imperioso, desde los movimientos sociales, del pueblo todo, una necesaria y urgente reflexión de “cómo hacer frente a estas situaciones, cuáles deben ser los procedimientos y protocolos para protegernos, para garantizar que no va a haber problemas y para dejar claro que no podemos aceptar bajo ningún concepto el terrorismo de Estado, con todo lo que esto conlleva, y la cooptación de la extrema derecha y grupos neonazis.

El Primer DNI Republicano