Antón Beiras, economista, abogado, auditor, técnico de Hacienda en excedencia y delegado en Pontevedra de la Asociación Española de Asesores Fiscales, señalaba recientemente en el blog especializado Taxlandia que la nueva regularización fiscal de don Juan Carlos significaría que ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal frente al rey emérito.

Abunda en que para que esa regularización sirva de excusa absolutoria en el ámbito penal "tiene que ser espontánea y veraz", y para que sea espontánea, "no puede haber una inspección abierta por la Agencia tributaria, ni una investigación formal, comunicada al Rey por la Fiscalía".

Es decir, que "durante todos estos meses nadie, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía han notificado al Rey su condición de investigado o inspeccionado". "En otras palabras, le han otorgado el privilegio de que regularice las cantidades defraudadas para evitar cualquier sanción penal o administrativa, algo impensable para cualquier otro ciudadano, como sabemos todos los asesores fiscales", sostiene Beiras.

"Si además de la acción por omisión del deber jurídico, en estos meses se ha estado negociando y pactando una regularización tributaria para el rey, entonces habrá sido demoledor: el último en salir que apague la luz", concluía su reflexión Beiras.

El rey emérito presentó una declaración "sin requerimiento previo" por valor de 4.395.901,96 euros para saldar la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el dinero del que se benefició de la fundación Zagatka para el pago de vuelos privados.

Es la segunda declaración complementaria que presenta don Juan Carlos sin requerimiento previo de Hacienda, tras la que hizo en diciembre por 678.393 euros.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas tres investigaciones sobre el rey emérito