Proyecto Faq Bebés robados en España: 70 años de impunidad, dolor y estigmatización de las madres

jueves, 18 de marzo de 2021

Bebés robados en España: 70 años de impunidad, dolor y estigmatización de las madres


 La desaparición de recién nacidos, dados por muertos para las madres, para su compra-venta siguen sin resolverse en el Estado español. Hasta ahora, solo se ha juzgado como imputado a un doctor por una práctica que comenzó en la posguerra y duró hasta los años 90.

Bebés robados en España: 70 años de impunidad, dolor y estigmatización de las madres / Ruth de Frutos: 

«No vayas al hospital a parir, allí desaparecen los bebés«. Este era el secreto a voces que se susurraban nuestras abuelas a principios de los años 60 del siglo pasado. No era para menos, Amnistía Internacional ha documentado que la sustracción de menores en el Estado español comenzó en 1939 y se extendió hasta bien entrada la democracia.

Si bien no existe información oficial sobre las personas que podrían haber sido víctimas de esta práctica ilícita, conocida popularmente como “bebés robados”, los datos de la Fiscalía General del Estado y del Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia son claves para entender la complejidad del proceso de separación de los y las menores de sus familias biológicas. Entre 2011 y marzo de 2021, se han tramitado 2.138 diligencias de investigación, de las que 526 han sido judicializadas. Andalucía (550), País Vasco (338), Cataluña (308) Comunidad de Madrid (301), y Comunidad Valenciana (255) concentran más del 80 por ciento, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia tramitó 706 solicitudes de ayuda, que correspondieron a 834 personas. Creado en 2012, este órgano tiene como objetivo facilitar el acceso a la información a las víctimas, tanto en lo referente a la gestión documental como a los perfiles de ADN, sirviendo de enlace con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La propia Audiencia Nacional reconoce que en el Estado español se habría propiciado una desaparición “legalizada” de un número indeterminado de menores de edad, suponiendo su pérdida de su identidad, entre 1927 y 1950.

Desaparición forzada en tres actos

Una compleja maquinaria ideológica y legal se puso en marcha para legitimar la práctica ilícita en España. Según el informe de Amnistía Internacional (AI) recién publicado ‘Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de «bebés robados”’, la sustracción de menores fue mutando, atentando tanto contra la criatura como contra la madre, al condicionar su vida y maternidad. La organización denuncia tres fases de esta práctica ilícita, teniendo en cuenta el contexto histórico, político e ideológico en el que se desarrolló.

Durante la posguerra, el sistema de robo de menores orquestado por el Estado se centró en hijos e hijas de mujeres republicanas y en aquellos bebés que salieron de España apoyados por la República y que se repatriaron para entregárselos a determinadas familias pudientes y afines al régimen franquista. La sustracción de menores a madres republicanas desde finales de los años 30 hasta los 50 se convertía así en una forma de castigo para las opositoras a la dictadura.

Una orden de 30 de marzo de 1940, que modificaba un real decreto de 14 de noviembre de 1930, permitía a las mujeres ingresar en prisión con sus criaturas lactantes. Sin embargo, «transcurrido un plazo que puede fijarse en la edad de los tres años, no existe en estos momentos justificación alguna para que en las prisiones las reclusas tengan a sus hijos», lo que suponía una de las argucias legales que posibilitaba el robo de bebés. A esta práctica se sumaba la desaparición de menores que salieron de España apoyados por la República y que, a su regreso, no fueron entregados a sus familiares, dado que sus progenitores estaban muertos, presos o no garantizaban que se educarían bajo las consignas del régimen. En 1949, el Servicio Exterior de la Falange indicaba que 20.266 menores fueron expatriados tras la Guerra Civil. 42.000 hijos e hijas de personas encarceladas y exiliadas pasaron por los patronatos vinculados a las distintas Juntas Provinciales, según datos de los mismos patronatos en 1945. El traslado a hospicios e instituciones religiosas para su reeducación también podía finalizar con la llegada a familias “de moralidad intachable”.

Desde los años 50 hasta 1975, la sustracción ilegal se produce mayoritariamente en clínicas y maternidades. En plena dictadura franquista se generaliza la práctica de decir a las mujeres que su hijo o hija había muerto, por lo que no eran conscientes de la práctica ilícita. Las víctimas pasan, de saber que se está produciendo un robo de sus criaturas como parte del castigo a su oposición al régimen, a ser engañadas, ya que les comunicaban que su bebé había fallecido durante el parto. Una vez más, son las más vulnerables las que sufren la mayor parte de las sustracciones de menores, según Amnistía Internacional, especialmente madres empobrecidas y no alfabetizadas. Son las vencidas política, económica y socialmente. Entre ellas se encuentran viudas embarazadas, madres casadas jóvenes y con pocos recursos, madres de familias numerosas, mujeres embarazas fuera del matrimonio, madres solteras…

Con la llegada de la democracia, la práctica de la sustracción de criaturas continúa. Amnistía Internacional denuncia que no se observa una ruptura con la etapa dictatorial. El patriarcado y el marco legal colmado de vacíos y deficiencias continúan amparando la sustracción impunemente hasta, al menos, 1993, último caso documentado por la organización de derechos humanos.

El 9 de mayo de ese año, Ruth Puertas dio a luz a un niño en Bilbao. Tras el parto, un médico le cogió la mano y le dijo “se va a morir, estate tranquila”. Otro doctor informó a su familia del fallecimiento del recién nacido antes de que ella saliese del paritorio, aconsejándoles no ver el presunto cadáver ya que “parecía un monstruo”. Este aspecto no era compatible con el síndrome Potter, supuesta causa de la muerte. No existe historial clínico a nombre de Ruth en el hospital bilbaíno, ni tampoco se conserva documentación alguna de su parto.

18 años después, tras conseguir que un juzgado ordenara la exhumación donde supuestamente se encontraba su hijo, no se encontraron restos óseos en el ataúd. El juez cerró la investigación evidenciando que la criatura no fue enterrada en la forma que consta oficialmente y que podía “llegar a comprender mínimamente el dolor y la incertidumbre que les acompaña desde aquel día, acrecentado el 29 de septiembre de 2011, cuando se produjo la exhumación y no se encontraron restos óseos de su bebé en el cementerio de Derio”.

La concatenación de vulneraciones que sufrió Ruth Puertas, su bebé y su familia no son hechos aislados, sino que responden a patrones de violencia identificados también en democracia, como denuncian diversas organizaciones de personas afectadas. En una charla, la presidenta del Observatori de Desaparicions Forçades de Menors, Neus Roig, resume el despertar del negocio de la venta de menores después de 1978: “Es un momento en el que empiezan a bajar los embarazos no deseados porque empezó a utilizarse, entre otros métodos, la píldora anticonceptiva” y un aumento de la “demanda de bebés, por lo tanto, teníamos menos embarazos y más bebes”, concluye la antropóloga y doctora de Ciencias Sociales y Humanas. Esta trama de compra-venta de criaturas se produce hasta bien entrada la década de los años 90, caracterizada por la burbuja económica española que pronto estallaría y la proyección internacional de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla.

Sexo, clase y patria

El sueño de una “patria nueva y grande”, “porque solo los pueblos de familias fecundas pueden extender la raza por el mundo y crear y sostener imperios”, como defendía durante la dictadura franquista el psiquiatra y militar Antonio Vallejo Nájera, violentaba los cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España. Amnistía Internacional alerta de que la ideología poblacional del régimen, que anhelaba alcanzar los 40 millones de habitantes, según la tesis doctoral de la matrona y docente de la Universidad de Alicante Modesta Salazar Argulló, relegó a las mujeres en la esfera privada, reconociéndolas funciones meramente reproductivas, de cuidado y de educación familiar determinada por el régimen.

Aquellas mujeres que no formaban parte de esta ideología y maquinaria legal eran estigmatizadas y criminalizadas. Para tutorizar el comportamiento devoto y obediente de esta parte de la población, la Sección Femenina se convirtió en el engranaje de control de la maternidad y el cuidado, especialmente dirigido a las más empobrecidas. Su fundadora, Pilar Primo de Rivera, afirmó que “les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de dios y futuros soldados de España”.

Solas y silenciadas

Los cambios legales que se produjeron durante la dictadura franquista supusieron la subordinación de las mujeres a los hombres. En el caso de madres solteras la estigmatización era aún mayor, fomentándose un clima de clandestinidad para su supuesta protección frente al rechazo social del embarazo fuera del matrimonio, que favorecía la sustracción de menores en organizaciones religiosas o dependientes del Estado.

Así, se perpetuaba un dispositivo de oferta-demanda en el que existían dos actores necesarios para el tráfico de bebés. Por un lado, familias pudientes y afines al régimen que demandaban descendencia a cambio de grandes cuantías de dinero para cumplir con el modelo de familia heteropatriarcal y católica y, por otro, instituciones que satisfacían esta demanda por medio de una compleja maquinaria ideológica y legal que conllevaba, en última instancia, el robo de criaturas.

Durante el proceso de la sustracción, las mujeres son silenciadas por distintos mecanismos. Las familias quedan aisladas de los círculos de poder, reaccionando con dolorosa resignación y silencio ante la incredulidad de la desaparición forzada. El dolor, la incomprensión y la soledad se cierne sobre los parientes y especialmente sobre las madres que, para no volver a ser estigmatizadas, sufren un eterno duelo ligado a una supuesta muerte sobre la que recae la duda.

La comunicación de la defunción del o la menor y el riesgo para la salud mental de la mujer por este hecho traumático hacía que aumentase la desconfianza hacia las versiones de las recién paridas, que eran desacreditadas al afirmar que sus hijos e hijas estaban vivas, incluso por sus las personas más allegadas.

Lucha contra la impunidad

Desde que hace aproximadamente una década comenzaran a hacerse públicos cada vez más casos de criaturas sustraídas en el Estado español, la opinión pública comenzó a darse cuenta de que no eran casos aislados, que las madres que buscaban a sus bebés decían la verdad y que el silencio solo había beneficiado a los perpetradores, entre los que se encuentra personal sanitario que colaboró en el negocio de compra-venta de bebés.

En España solo se ha juzgado como imputado a un doctor relacionado con esta práctica ilícita. En 1969, Inés Madrigal fue separada de su madre biológica y entregada a una mujer estéril, quien declaró que el médico Eduardo Vela le había recomendado fingir el embarazo con cojines. En junio de 2020, el Tribunal Supremo confirmó que la falsificación de la documentación de Inés y la propuesta de fingir el embarazo son hechos constitutivos de delito y afirmó la ilegalidad del procedimiento de entrega de la criatura al margen de los cauces regulares para una adopción. En la sentencia, la Sala II no se pronunció sobre la prescripción de delitos que determinó la Audiencia de Madrid, y que había sido recurrida tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, porque el ginecólogo había fallecido en octubre de 2019, lo que hacía inviable una petición de condena.

Amnistía Internacional demanda “que se lleve a cabo una labor de reexamen de las causas penales cerradas y, en aquellos casos en que exista prueba indiciaria de la comisión de una desaparición forzada, se reactiven las investigaciones”, dado el archivo de la mayoría de las denuncias, en algunos casos sin haber llevado a cabo investigación judicial alguna, alegando la prescripción de los hechos y los escasos resultados de las diligencias emprendidas por la Fiscalía General del Estado.

El tiempo y la ausencia de respuestas solo agudiza el dolor que acompaña al proceso de búsqueda y el punto muerto en el que se encuentran la mayor parte de los procesos judiciales, tal y como describen las afectadas. Organismos internacionales como el Parlamento Europeo o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones Forzadas de Naciones Unidas reconocen el daño y sufrimiento de las familias derivados de esta situación como tortura y malos tratos, que se perpetúa por la inacción de los distintos poderes del Estado español, que no han proporcionado respuestas a las víctimas conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

En 2017, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó al Gobierno español tomar “medidas urgentes para resolver todos los casos de supuesto robo de bebés y adopción ilegal”, tras investigar un conjunto de peticiones sobre menores supuestamente sustraídos al nacer por parte de personal sanitario.

La Proposición de Ley de Bebés Robados fue tomada en consideración en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados y actualmente se encuentra en fase de enmiendas. El objetivo es lograr un texto final en el que el Estado asuma la responsabilidad de la búsqueda activa de los menores sustraídos y de su identidad, así como abrir la posibilidad de garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. En el Estado español son muchas las personas que desconocen la identidad de sus madres y padres biológicos, su propia identidad y las circunstancias que rodearon su nacimiento. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para poner el foco en el que denuncia esta práctica ilícita de sustracción de menores que setenta años después permanece impune.


Fuente → pikaramagazine.com 

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