¿Se puede gobernar el régimen del 78?

Tras la aprobación de los presupuestos de 2021 por la mayoría que apoyó su investidura, Pedro Sánchez garantizó que el Gobierno de Coalición Progresista (GCP) agotaría la legislatura. Un mes más tarde, la convalidación del decreto de regulación de la ejecución de los fondos europeos de recuperación, del que depende la materialización del propio presupuesto y la continuidad del gobierno, contó con una mayoría menguada por el voto en contra de ERC, pero suficiente gracias a la abstención de la extrema derecha de Vox.

Mientras tanto, entre una y otra votación, habían sucedido tantas cosas poniendo a prueba la estabilidad del GCP, que la mini-crisis provocada por la salida del ministro de sanidad Illa para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones autonómicas catalanas, en lo peor de la pandemia y con una campaña de vacunación bloqueada, ha tenido un efecto relativo, entre otras cosas por la disputa judicial sobre la fecha de las propias elecciones.

A pesar de ello, y quizás también alimentando esa inestabilidad, las encuestas oficiales y oficiosas han marcado una tendencia a la recuperación de 1 punto del PSOE y del PP, separados por nueve puntos, una caída de 2 puntos de Unidas Podemos y Vox, y la recuperación de casi dos puntos de Ciudadanos. Las oscilaciones de las restantes fuerzas, todas ellas fundamentales parecen mantener la precaria mayoría actual, siempre y cuando no se rompa la convergencia parlamentaria de centro-izquierda, izquierdas varias, autonomistas vascos y soberanistas vascos y catalanes.

Las crisis estructurales del Régimen del 78

Por lo tanto, como demostró la votación de convalidación del decreto sobre los fondos europeos, la evolución de la crisis constitucional en Cataluña, quizás de forma más exacta la gestión de su carácter crónico, afecta inevitablemente la capacidad de gobernar el Régimen del 78. El resultado de las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero, con la doble perspectiva de una coalición soberanista cada vez más disfuncional o un tripartito de izquierdas con tensiones internas mayores que las del GCP en Madrid, no parece que vaya a poder romper el circulo de tiza del mal menor. Un mal menor que ni permitirá avanzar en la solución real de reconstruir un espacio común para ejercer el derecho a decidir ni aportará estabilidad a la inestable situación política general.

Pero durante el mes de enero han sido los monárquicos, muy especialmente el Rey emérito Juan Carlos I y sus defensores en el ejército, los que han vuelto a erosionar la legitimidad de la Corona, ostentada por Felipe VI. El juicio contra el excomisario Villarejo por injurias contra el exdirector del CNI, General Sanz Roldán, una de las innumerables causas pendientes sobre las cloacas del estado, ha terminado en absolución tras la declaración a favor de Villarejo de la ex amante del emérito, Corinna Larsen, confirmando las amenazas recibidas. El inevitable debate sobre el problema enquistado de una jefatura del estado situada no solo fuera de los procedimientos democráticos sino de la misma legalidad, comenzó con la conveniencia o no de una Ley de la Corona propuesta por Unidas Podemos, su rechazo inmediato por el PSOE para reconducirla a una reforma auto-gestionada de la Casa Real, y una colección de manifiestos monárquicos de cientos de militares en la reserva o retirados, apoyados por algunos en activo, además de una colección de twitters sobre la conveniencia de fusilar a 26 millones de españoles considerados poco afectos a la Corona.

La sola posibilidad de que se pudiera discutir un borrador de Ley sobre la Corona, propuesta por una fuerza republicana en el gobierno, pero que hacía así muestra de su gradualismo, sirvió para desatar todos los demonios constitucionalistas en una avalancha de lealtades al Régimen del 78, al mismo tiempo que Pedro Sánchez intentaba delimitar lo que era melancólico golpismo franquista, desmarcaje estratégico de Unidas Podemos para establecer una coalición propia con Bildu y ERC que reforzase su peso en el GCP, desbordamiento de las cloacas del estado y ajuste de cuentas interno en la misma Casa Real. Como con la pandemia, Pedro Sánchez acabó desinfectándose las manos sobre la cuestión y descargando toda la responsabilidad en la propia Casa Real, con la advertencia de no proyectar sus problemas en el gobierno y mantener al Rey emérito lo más lejos posible.

La crisis provocada por la renovación del Consejo del Poder Judicial, bloqueada por el PP como último ejercicio de un derecho de veto bipartidista que se desmorona, pasó también por una dinámica similar. Amenaza de Ley de reforma del Poder Judicial para evitar nombramientos de cargos judiciales por una cúpula del poder judicial caducada en sus mandatos, contra-amenazas del PP en la Comisión Europea de dificultar los fondos de reconstrucción alegando violaciones del Estado de Derecho como Hungría y Polonia, cronificación del problema a costa de la legitimidad de la institución.

La crisis del Covid-19 y el reto de la reconstrucción

Sin embargo, en este escenario de crisis institucionales, que son la manifestación de la crisis estructural del Régimen del 78, sumido en la peor recesión económica de su historia, con una caída del PIB de más del 11%, todas estas tensiones se han proyectado en la propia capacidad de gestión del GCP. Porque en definitiva no solo su futuro, sino el del propio Régimen del 78 dependen de como se utilicen los Fondos de Reconstrucción europeos, los 70.000 millones de euros en transferencias y otros tantos en créditos, en los próximo tres años, antes de que el peso de la deuda y la eficacia marginal de la política de flexibilización cuantitativa y compra de bonos del Banco Central Europeo den paso a un nuevo ajuste neoliberal.

El presupuesto del estado y la gestión de los proyectos que deben financiar los Fondos de Reconstrucción se han convertido en el espacio concentrado de la lucha de clases, en la que los diferentes intereses en liza presionan sobre los distintos componentes del gobierno. Un GCP que suma no solo a los dos partidos que lo constituyen, sino a sus diferentes fracciones, a los ministros independientes de unos y de otros y a las fuerzas que forman la inestable mayoría parlamentaria que lo sostiene.

Como en el caso de la gestión sanitaria de la pandemia, Pedro Sánchez ha optado, tras el desgaste de la gestión central del Estado de Alarma inicial, responsabilizar y hacer asumir el desgaste al conjunto de las fuerzas políticas que gobiernan las autonomías y les ha atribuido hasta un 50% de la gestión de los Fondos de Reconstrucción siempre que esté respaldada previamente por proyectos viables aprobados por una oficina central en Presidencia del Gobierno. En un estado en el que los déficits de gestión administrativa, del retraso acumulado en la modernización de la administración, plantea problemas importantes de gestión presupuestaria y en el que la crisis fiscal del estado autonómico ha derivado en una estructura clientelar de intereses locales, cualquier precaución sobre el control de los proyectos de reconstrucción es poca. No en balde, la propuesta del PP para reconstruir del veto bipartidista desde la oposición, ha sido condicionar su apoyo a los Fondos de Reconstrucción a su gestión de un “organismo técnico independiente” bajo control parlamentario. Y su principal fracaso, que las organizaciones empresariales, empezando por la CEOE hayan optado por negociar directamente con el GCP, sin la mediación de las tres fuerzas de la derecha en la oposición.

La presión política de la derecha social, de la gran banca y de las organizaciones patronales, ha buscado una interlocución privilegiada con el PSOE que erosionase el peso político en el gobierno de Unidas Podemos y su coincidencia en la agenda social con algunos ministros del PSOE. La vicepresidenta tercera Calviño se ha convertido en su portavoz, en nombre de su interpretación de la ortodoxia neoliberal comunitaria, cuestionando el propio programa pactado de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, que sería inaplicable en las condiciones creadas por la pandemia y la dependencia casi absoluta del Fondo de Reconstrucción europeo.

El programa de gobierno como campo de disputa

Al hacer balance del primer año de su gobierno, Pedro Sánchez señaló que el GCP había iniciado el cumplimiento del 90% de sus compromisos y que había concluido con éxito el 23,4% de los mismos, lo que dada la experiencia individual de los ciudadanos en la peor crisis sanitaria, económica y social de su historia no puede sino tropezar con cierto escepticismo. Porque las propuestas de urgencia como el ingreso mínimo vital, las subvenciones de los ERTEs, las contrataciones de plantillas sanitarias y otras medidas han generado derechos pero también grandes frustraciones, cuando no indignación.

Tras el consiguiente “diálogo social”, los ERTEs se han vuelto a extender, manteniendo a un número importante de empresas “zombie”, pero no han impedido que se hayan destruido casi 630.000 puestos de trabajo y las cifras de desempleo oficiales estén por encima del 16%, mientras que la campaña de vacunación, que es la condición primera de una recuperación económica por parcial que sea, no será efectiva en el mejor de los casos hasta el mes de julio.

En esta situación de debilidad objetiva de los asalariados en el mercado de trabajo, precedida por la perdida acumulada de derechos de las reformas laborales neoliberales acumuladas desde los años 90, dos elementos parecen esenciales: la continua subida del Salario Mínimo Interprofesional cuando el 20% de la fuerza laboral tiene contratos precarios y otra parte sustancial está dentro o en la frontera del mercado negro de trabajo y la recuperación de la capacidad de negociación colectiva sectorial de los sindicatos. Apoyada en los sindicatos CCOO y UGT, que han convocado las primeras acciones de protesta el próximo 11 de febrero, Unidas Podemos parece haber hecho de las reivindicaciones sociales recogidas en el programa del gobierno el principal terreno de disputa frente a los sectores socio-liberales del PSOE. Y por el momento ha tenido algún éxito parcial significativo, como frenar temporalmente la reforma del sistema de las pensiones del ministro de seguridad social Escrivá, que pretendía aumentar a 35 años el periodo del computo para el calculo de las pensiones, con un recorte aproximado del 5 o 6% de su volumen total.

El GCP ha recuperado su ampliación de derechos en la reforma de la Ley de Educación, que sigue sin embargo haciendo concesiones sustanciales al sector educativo privado y concertado, y con la Ley de Muerte Digna. Sobre la mesa está el borrador de la Ley de Memoria Democrática y el proyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que será determinante para estructurar los proyectos de reconstrucción en el sector energético.

Los limites de gestión del Régimen del 78 y la vía de salida republicana

Durante semanas, mientras el PP quedaba marginado en una derecha extrema propagandística (y desbordado por el centro por Vox en la cuestión de los Fondos de Reconstrucción), las tensiones políticas generadas por la inestabilidad estructural y coyuntural del Régimen del 78 han girado entorno a la estabilidad de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Esta última ha conseguido ampliar el margen de disputa en el seno del gobierno, pero en una tendencia de erosión de su electorado. Pero por el momento el GCP no tiene alternativa, porque la gravedad de la crisis estructural del bipartidismo es irreversible desde 2015 y la polarización política, social y económica desde la Gran Recesión de 2008 continúa acentuándose y se agravará con la crisis del Covid-19. La ruptura del gobierno de coalición y la convocatoria de elecciones, lejos de un cambio sustancial en la correlación de fuerzas a favor de las clases dominantes, solo traería mas inestabilidad y bloquearía el proceso de reconstrucción financiado con fondos europeos.

La cuestión es hasta que punto será posible gobernar estas contradicciones del Régimen del 78 sin que condicionen e impongan limites insalvables al proceso de modernización que debe acompañar a la reconstrucción tras la crisis del Covid-19. Poco a poco se han hecho evidentes los costes que tuvieron las contradicciones de la Transición post-franquista, de las que nació el Régimen del 78: el desarrollo de un Estado del Bienestar, que acabo siendo más bien un estado de “medio-estar” con mas de seis puntos de diferencia de gasto social con la media de la zona euro, y que seguimos arrastrando.

Cambiar la correlación de fuerzas en esta encrucijada histórica supone defender al GCP y a la coalición que lo sustenta frente al proyecto reaccionario de las tres derechas. Pero al mismo tiempo presionar política y socialmente desde la autonomía de los movimientos sociales y sindicales para resolver a su favor las disputas que vienen impuestas por la crisis estructural del Régimen del 78. Es en esos conflictos donde se ira construyendo un horizonte democrático, republicano y socialista que dé una salida coherente a este estado crónico de mal menor.