Justicia o barbarie (crisis, pandemia y ultraderecha)

No hace mucho un amigo me explicaba el mal cuerpo que le había dejado escuchar, involuntariamente, la conversación angustiada de una persona que lo estaba perdiendo todo. En la oficina contigua, alguien estaba explicando que se había quedado en paro y, ante el cierre de oficinas del SEPE (¿quién decidió que no era un servicio esencial?), le había sido imposible cobrar la prestación a la que tenía derecho. Había ido consumiendo sus ahorros en los últimos meses pero ya no le quedaba con qué resistir, y ahora ya no le aceptaban más demoras en el pago del alquiler.

Creo que no acabamos de ser conscientes de la dimensión de la crisis que tenemos por delante, cómo se va a extender en el tiempo, y la cantidad de gente a la que acabará afectando. Si bien el Gobierno ha manifestado repetidamente que está gestionando esta crisis con criterios opuestos a los del Partido Popular en la anterior crisis de 2008, y que los ERTE están siendo el sostén de cientos de miles de personas, los efectos de la situación económica derivada del coronavirus ya son muy palpables, y eso que aún no hemos salido de la epidemia (de hecho, aún no habíamos salido de la anterior crisis). El último informe de Intermon Oxfam sobre desigualdad, que ya recoge los efectos del COVID19, indica que en España el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza (menos de 24€/día) ha crecido en un millón, alcanzando los 10,9 millones de personas, y hay 790.000 personas que han caído en la pobreza severa (menos de 16 €/día). En el área de Barcelona los primeros estudios al respecto, del IERMB, ya dan unas estimaciones de entre un 7 y un 8% de descenso en las rentas familiares. Sin la cobertura de los ERTE el estudio alerta de que la desigualdad habría retrocedido cuatro décadas, a niveles de los 80, pero que aun así lo ha hecho en 15 años, y que hoy hay 129.000 personas más en riesgo de pobreza que antes de la pandemia.

Está claro que ante los datos hacerlo mejor que el PP no va a ser suficiente, y sin embargo estos esfuerzos ya son demasiado para muchos. Al tiempo que las tensiones en el Gobierno se explican desde los medios principalmente como bronca y ruido, UP presiona al PSOE con cuestiones como la subida del salario mínimo o la regulación de los alquileres, con éxito limitado. Recordemos, ante el esperpento de la moción de censura de la ultraderecha, cómo se celebraba en los medios la abstención del PP. Editoriales y tertulias, una tras otra, alababan la posición “moderada” del partido de Casado. Tras el argumento de que en estos momentos tan duros el país no necesita de más enfrentamiento, sino distensión y calma, lo que en realidad había era el deseo de que el PP se prestara a la dinámica de arrastrar al PSOE fuera de esas presiones hacia la izquierda, a una grosse koalition sin UP, entre el PSOE y PP/Cs. Incluso con esta crisis desconocida en la que nos estamos adentrando, y con la ultraderecha haciendo acopio de fuerzas. Qué ceguera.

Paralelamente los socialistas están mostrando una enorme resistencia a hacer cesiones ante sus socios de Gobierno, incluso en los términos pactados en el propio acuerdo de Gobierno. Una reforma fiscal justa es hoy más necesaria que nunca para poder financiar los gastos que está ocasionando la crisis y la pandemia, está recogida en el pacto, y sin embargo ni siquiera oímos hablar de ello. Las reticencias del PSOE aún son mayores ante los partidos que votaron su investidura, que también ejercen una presión permanente para que el gobierno adopte más medidas contra la crisis, como si los socialistas se negaran a asumir que sin los votos de BNG, Bildu o ERC Pedro Sánchez no sería presidente.

Los difíciles equilibrios parlamentarios, además de una innegable mayoría de izquierdas, ofrecen en realidad una salida posible a la crisis de gobernabilidad que las tensiones nacionales han evidenciado en los últimos años, pero parece que el PSOE se niega a explorar ese camino. Le incomodan las salidas a la izquierda que implica (ministros como Calviño o Escrivà están imprimiendo un rumbo muy poco socialdemócrata a la política fiscal o de pensiones), tanto como su propia concepción nacional del Estado, que ha ido variando en las últimas décadas y que tomó un rumbo definitivo desde que Zapatero (junto con Artur Mas, no lo olvidemos) recortó en 2006 el Estatut del tripartit catalán, con un PSC a la cabeza que quedó a los pies de los caballos.

El revuelo de los medios y de la derecha ante las posiciones más que razonables de Bildu, un partido que está sabiendo leer como nadie el momento político actual, revela de nuevo la visceralidad de este debate. Yo, nacida en el 80 y que he vivido toda mi vida cerca del Hipercor de Barcelona, pertenezco a esa generación que se creyó que sin terrorismo se podía hablar de todo y sin embargo con Bildu hay quien no quiere hablar incluso cuando coincide en posiciones tácticas.

Gestionar esta crisis en clave plurinacional, asumiendo la realidad española reflejada en las mayorías parlamentarias, no es fácil, no en vano es un conflicto que se arrastra desde el s.XIX. y que sigue sin resolverse, pero es el único camino para transitar el difícil periodo que se abre.

UP, con diferentes matices y sensibilidades en su interior, intenta explorar esa plurinacionalidad a la que el PSOE le da la espalda. Me parece muy pertinente recordar que IU siempre defendió el derecho de autodeterminación, incluso durante los años de plomo en Euskadi. Era una posición que podía resultar incómoda, igual que su republicanismo desacomplejado, pero se defendió, y no de soslayo, sino como parte central de su concepción democrática del país, ahí está la hemeroteca y los discursos de Anguita, que ya son historia, para dar fe de ello. Era un reflejo, además, de la propia estructura de IU y el PCE, que históricamente tenían organizaciones propias en Catalunya, en una lógica confederal (PCE con el PSUC y más tarde IU con EUiA). Hoy esa lógica confederal de soberanías compartidas libremente entre iguales, está en entredicho en la izquierda española e incluso los Comuns han dejado de defender abiertamente un referéndum de autodeterminación.

Si algo ha demostrado el trumpismo es que si la izquierda prometía justicia redistributiva y no era capaz de ejercerla en el Gobierno, si no daba soluciones reales, tangibles, a los problemas diarios de la gente, depauperada por la crisis, la ultraderecha, acompañada de su aparato de noticias falsas, podía ser perfectamente capaz de ilusionar. Parece que no hayamos aprendido nada desde entonces. La victoria de Biden no va más allá de ser un alivio, pero no nos aleja suficientemente del fantasma de la ultraderecha, y en todo caso no nos protege de la ultraderecha patria, que goza de plena salud. La crisis de la pandemia viene a ahondar en esta dinámica como nunca en la historia reciente (con la crisis climática en un horizonte cada vez más cercano) y las medidas en clave de respuestas de urgencia a los más necesitados, si bien son imprescindibles, no van a ser capaces de proteger a la sociedad en su conjunto, ni de la pobreza, ni de la ultraderecha. Se impone una ambición en la redistribución de la riqueza que va a necesitar de la suma de fuerzas de toda la izquierda y muy posiblemente de la creación de espacios políticos nuevos que estén a la altura del reto.

El Primer DNI Republicano