“Pensamos que las sanciones disciplinarias impuestas al cabo Santos son injustas y no se ajustan a derecho, porque se está sancionando la libertad de expresión de un militar fuera de su ejercicio profesional –ni ha hecho las declaraciones dentro del cuartel ni ha firmado el manifiesto como militar– pero sobre todo porque esa libertad de expresión se está conculcando además cuando lo que el cabo está expresando es su rechazo a otro manifiesto que venía a glorificar la dictadura del general Franco y todas las implicaciones sobre los derechos humanos esta tuvo”. Así se ha pronunciado este viernes, consultado por LUH, Juan Moreno, abogado defensor del cabo sanitario del Ejército de Tierra Marco Antonio Santos, con dos décadas de servicio activo en las Fuerzas Armadas Españolas y miembro del Colectivo Anemoi, de militares demócratas y republicanos.

Santos, que tiene una hija menor de edad, ha sido expulsado del Ejército por dos presuntas faltas disciplinarias graves. La primera, haber firmado un manifiesto democrático contra un manifiesto franquista; la segunda, haberle añadido el siguiente párrafo: “Los militares profesionales de tropa, los que estamos bregando día a día, con sudor, lágrimas, frío, lo hacemos por nuestro país. No cabe duda de que los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las FAS [Fuerzas Armadas de España] su jardín particular desde el 36. No estoy dispuesto a que ese manifiesto quede impune pues ataca directamente a esa Constitución con la que tanto se llenan la boca. Las FAS, para servir esa Constitución, deben ser totalmente democráticas y como miembro activo repudio cualquier homenaje al asesino. Salud y República.”.

Tras la publicación del manifiesto franquista, el entonces –y ahora– JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra), general de Ejército Francisco Javier Varela, decretó el despido del Ejército de Santos. El cabo recurrió su despido, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), desestimó su recurso. Santos volvió a recurrir su despido, pero el Tribunal Militar Central también desestimó, el pasado mes de diciembre, su recurso.

El abogado defensor del cabo ha explicado que ha interpuesto ante la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo un recurso de casación que actualmente está “pendiente de admisión” –por lo que toca “esperar” a lo que resuelva el alto tribunal–, pero a preguntas de este diario ha asegurado que la defensa estaría “dispuesta” a llegar hasta el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) –más conocido como Tribunal de Estrasburgo– si fuera necesario, pues considera que “un militar fuera de su ejercicio –es decir fuera de los cuarteles, sin uniforme y firmando como persona– puede expresar su repulsa ante un manifiesto que venía a poner en cuestión el orden constitucional, los valores democráticos y la existencia pacífica de España como Estado democrático de derecho”. “Entendemos que se ha vulnerado claramente su derecho a la libertad de expresión”, ha insistido Moreno.

Declaración de “respeto y desagravio” a Franco

Cuando, en 2018, el Gobierno decretó la exhumación del cadáver de Francisco Franco y su desalojo de la Basílica del Valle de los Caídos, la AME (Asociación de Militares Españoles) publicó un manifiesto, titulado ‘Declaración de respeto y desagravio al general D. Francisco Franco Bahamonde, soldado de España’, cargando contra el Ejecutivo y reivindicando la figura del general golpista. El texto lo firmaron numerosos oficiales, la mayoría de ellos retirados y una minoría en la reserva.

En respuesta, el FMD (Foro Milicia y Democracia) publicó otro manifiesto, titulado ‘Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas’, oponiéndose al anterior por su enaltecimiento de Franco y del golpe de Estado franquista de 1936. El escrito lo firmó un pequeño grupo de militares –entre ellos, exmiembros de la desaparecida UMD (Unión Militar Democrática) como los tenientes coroneles Fernando Reinlein y José Ignacio Domínguez, presidente y vicepresidente, respectivamente, del FMD–, todos retirados o en la reserva, menos uno: el cabo Santos.

El capitán de Navío retirado Arturo Maira –promotor, redactor y portavoz del manifiesto democrático y presidente de la AMMD (Asociación por la Memoria Militar Democrática)– manifestaba, en una columna titulada ‘El cabo Santos, un hombre de a pie’ y publicada el pasado mes de julio en ‘nuevatribuna’, que Santos “se valora a sí mismo, está socialmente muy formado, no acepta el mando fuera de las leyes, es un ciudadano de izquierdas con un fuerte compromiso social, tiene conciencia de sus derechos y lucha por ellos” y aseguraba que ha sido expulsado del Ejército no por sus acciones u omisiones sino porque “no es un militar al gusto de sus jefes, esto es: sumiso, poco ilustrado, obediente sin objeciones, muy conservador o políticamente plano y sin conciencia personal y colectiva de sus derechos”. “El cabo Santos no cometió ninguna falta en relación con las obligaciones que señalan las leyes, pero el cabo Santos, un hombre de a pie, cometió un error mayúsculo: se atrevió a señalar públicamente que 549 generales, almirantes, jefes y oficiales, suboficiales y tropa –estas dos últimas escalas, en un número insignificante– de los dos Ejércitos [Tierra y Aire] y de la Armada, retirados o en la reserva, faltaban a su compromiso con la Constitución y con su país, al ensalzar públicamente a Francisco Franco Bahamonde”, añadía Maira.

El también capitán de Navío retirado Manuel Ruiz Robles –miembro del FMD, vocal de la ACMYR (Asociación Civil Milicia Y República) y exmiembro de la UMD– había ido incluso más allá en una carta abierta titulada ‘La ofensiva monárquico-fascista’ y publicada el pasado mes de mayo. “Mientras se despliega una ofensiva sin precedentes contra el Gobierno de coalición progresista, representante de la soberanía popular, éste no parece reaccionar con suficiente firmeza ante la creciente ola de agitación fascista que está minando la frágil base republicana en la que se sustenta su mandato. Se trata de una ofensiva de la monarquía, ejecutada por sus mamporreros, desde diversos frentes”, advertía Ruiz Robles. “Como es bien sabido, la Casa de Borbón, actualmente reinante, sustenta su poder e influencia en base a leyes decretadas por la dictadura, revalidadas por la llamada Transición. El resultado final es que, mientras el rey emérito Juan Carlos de Borbón atesora un fortuna incalculable en paraísos fiscales, obtenida presuntamente mediante comisiones ilegales, un honrado cabo sanitario del Ejército ha sido condenado al paro y la penuria, junto a su hija menor de edad”, añadía. “El origen de tanto atropello no es otro que la forma en que se llevó a cabo la llamada Transición de la dictadura a la democracia, controlada por el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, actualmente por su hijo Felipe de Borbón y Grecia. Es decir, controlado por la Casa de Borbón reinante, cuya principal arma de dominio fue y sigue siendo la corrupción, la mentira y la amenaza militar”, resumía el capitán de Navío retirado.

Por su parte, el Colectivo Anemoi, la agrupación de militares demócratas y republicanos de la que Santos forma parte, destaca que “en todo caso” la ministra de Defensa, Margarita Robles, debería haber “felicitado” al cabo “por su actitud democrática al oponerse a un manifiesto militar amenazante contra una decisión legítima del Gobierno”, en referencia a la ‘Declaración de respeto y desagravio al general D. Francisco Franco Bahamonde, soldado de España’publicado por la AME, asociación sobre la que el Colectivo Anemoi no tiene “noticia” de que Robles haya tomado “ninguna medida”.