La publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, entre 1998 y 2015, como consecuencia de un desaguisado jurídico que ha permitido el registro a nombre de la iglesia católica del patrimonio histórico de raíz religioso ha ido acompañado de un vergonzoso informe gubernamental en el que sanciona el expolio cometido por la Iglesia católica y se lava las manos al consentir el expolio de bienes de patrimonio histórico tales como la Mezquita de Córdoba o La Giralda de Sevilla o la catedral de Burgos.

Europa Laica denuncia la desidia y complicidad de la mayoría de la comunidad política en todo este proceso fruto, sin duda, de la rémora confesional que todavía persiste en el ámbito público.

El gobierno, al sancionar la legalidad de todo el proceso de las inmatriculaciones y diferir el litigio sobre el patrimonio histórico de raíz religiosa a los ayuntamientos o las personas es cómplice de un expolio monumental porque el patrimonio histórico de dominio público no se negocia ni se litiga en los tribunales.

Europa Laica reclama de la comunidad política que busque fórmulas normativas para declarar nulas todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público como así ha sido hasta que se ha producido este desaguisado consentido por el Estado.

Europa Laica, en tanto en cuanto no se tomen medidas para declarar nulas las inmatriculaciones, insta al gobierno a que reclame todas las inmatriculaciones pertenecientes al patrimonio histórico de raíz religioso e insta al Ministro de Cultura, competente en la custodia del inventario de patrimonio histórico, a que reclame todos los bienes inmatriculados que figuran en dicho inventario.

Así mismo reclamamos de los grupos parlamentarios y al propio Gobierno a que se presente de forma urgente una reforma de la ley de patrimonio histórico para dar una solución definitiva a la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa, afectando el mismo al dominio público, tal y como ocurre en todos los países de Europa y haciéndose cargo de su gestión cultural, independientemente del uso litúrgico que puedan tener.

Finalmente, Europa Laica denuncia el papel jugado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo ya que, desde que asumió su cargo, parece más bien ser una ministra de la Iglesia Católica que de un gobierno secular.