Germán Gorraiz López
Sin embargo, al cabo de 4 décadas,la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la “mass media” de la época de la Transición, todavía pendiente de su finiquito legal. Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que “el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista” y ha lamentado que no haya "ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada", lo que atribuyen a "una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977”, (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).
La deriva totalitaria del Estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como presidente del gobierno de Felipe González (1982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).
Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que convirtió los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados.
La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima. En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá. Dicha deriva totalitaria habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”, anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo bonapartista y del paternalismo de las dictaduras blandas y que alcanzó el paroxismo con la implementación de un Golpe blando en Cataluña tras la suspensión de facto de la Autonomía catalana mediante la aplicación del 155 y la entrada en prisión de Oriol Junqueras, los Jordis y demás ex-consellers.
Asimismo, la libertad de expresión en España agoniza ante la nueva ofensiva represora de la Audiencia Nacional que constreñirá hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y cuyo penúltimo episodio sería la próxima entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por presuntos “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona”. Dicha cruzada involucionista tendría a la Audiencia nacional y al Tribunal Supremo como brazos ejecutores del tardofranquismo judicial, tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y cuyo objetivo confeso sería la implementación de la llamada Doctrina Aznar que defiende ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”.
Fuente → opinion.e-noticies.es
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