¿A quién votarán los pobres?

La pregunta no es baladí. Aunque quizá habría que preguntar en primer lugar por quién votarán las mujeres, significativamente afectadas por unas desigualdades sociales que la pandemia ha ahondado. Y cabe interrogarse también acerca de cuál será el grado de movilización electoral de los sectores de la población golpeados por su impacto económico. Las estadísticas empiezan a dibujar el paisaje que nos deja el paso del virus. Las asociaciones vecinales, las entidades del tercer sector, Cáritas, los servicios sociales municipales… venían constatando de modo empírico el crecimiento alarmante de las demandas de ayuda. El brusco parón de numerosas actividades informales ha dejado a miles de trabajadores a la intemperie. Las medidas de contención del gobierno de Pedro Sánchez, empezando por los ERTE, han evitado lo que podía haber sido un auténtico cataclismo. Pero el horizonte de la reactivación aún se antoja incierto. Algunos datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2020 son muy significativos. Si bien es cierto que la tasa de paro parece estabilizarse en un 16-17 % (lejos del 26% que llegó a alcanzarse durante la recesión posterior al crash bursátil de 2008), “se consolida una evolución del empleo caracterizada por la concentración de las pérdidas del mismo en el de carácter asalariado, contrato indefinido y jornada completa”. (Economistas ante la crisis) “La subida del paro en el mes de enero – indica por su parte LolaSantillana, secretaria de Empleo de CCOO – ha sido de 76.216 personas, afecta en mayor medida a las mujeres – 57 de cada 100 personas paradas son mujeres – e incide en la precariedad: en enero, sólo 9’5 de cada 100 contratos firmados han sido indefinidos, y un tercio de los mismos ha sido a jornada parcial”. Es decir, se acentúan los rasgos disfuncionales del mercado laboral. Cuando menos a corto plazo, el fenómeno de las trabajadoras pobres no va a remitir.

Es indiscutible que la mejoría de la situación pasa por una reactivación de la economía, que deberá plantearse en términos de sostenibilidad y resiliencia. Los fondos europeos, orientados adecuadamente, deberían jugar un papel decisivo. Pero todo eso tomará tiempo y urge detener la hemorragia. Por un elemental deber de justicia social. Pero también porque la recuperación económica que se persigue sería impensable en un país devastado por la pobreza: sus peores consecuencias se ceban sobre los menores; es decir, hipotecan literalmente el futuro. De ahí la extraordinaria importancia que, en tales circunstancias, cobran dispositivos como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía, adoptada por unanimidad del Parlament de Catalunya al final de la accidentada legislatura anterior. Sin embargo, en el curso de los últimos tres años, el despliegue de este dispositivo ha sido muy deficiente, por no decir negligente por parte del gobierno independentista. Según el informe, elaborado a partir de los datos de la propia Generalitat, por el profesor de derecho y miembro de la Comisión Promotora de la RGC, Sixte Garganté, “en septiembre de 2020, la cobertura de la Renta Garantizada y complementos alcanzaba únicamente al 32% (141.097 ciudadanos) de los 440.440 que viven en Catalunya en situación de privación material severa. Sobre el millón y medio de ciudadanos en riesgo de pobreza, esta prestación se queda en un modesto 9’3%”. (El País, 30/01/2021) Ni que decir tiene que, si la pobreza tiene rostro femenino, su afectación más grave recae sobre la infancia. Según datos de 2018, en Catalunya, a la cabeza del ranking español, un 24% de la población infantil vivía bajo el umbral de la pobreza. Todo lleva a pensar que la situación se está agravando. El handicap que ello supone para el desarrollo integral de esos niños y niñas constituye una inasumible hipoteca sobre el futuro del país.

¿Cómo es que esa realidad no ocupa un lugar destacado, si no central, en los debates electorales? Es comprensible que los partidos gobernantes rehuyan el tema: ERC ha sido responsable directa de su penosa gestión… y para JxC, de todos modos, los beneficiarios de esa prestación quedan fuera del perímetro de su electorado. Quienes acudimos alguna vez al Parlament como activistas sociales para reclamar que se atendiera la ILP de la Renta Garantizada, aún recordamos la hostilidad de los responsables convergentes, opuestos a “subsidiar la holgazanería”. Los pobres, ya se sabe, no se levantan lo bastante temprano. Al final de la XI legislatura, la ley se aprobó porque todo el mundo quería quedar bien de cara a la nueva contienda electoral. Pero la gestión de estos años ha probado la poca convicción y la persistencia de los prejuicios clasistas. La izquierda, sin embargo, debería estar haciendo bandera de la RGC y de su despliegue decidido ante la emergencia social que se avecina. Los sindicatos, cuyo esfuerzo fue decisivo en la campaña a favor de la ILP, deberían estar tutelando la aplicación de la ley. El futuro de la democracia, sacudida aquí y allá por los embates populistas, depende en gran medida del desarrollo de las organizaciones sindicales. Y eso pasa indiscutiblemente por el fortalecimiento de su capacidad de negociación colectiva y de amparo a una clase trabajadora dispersa. De ahí la importancia que los sindicatos de clase sean percibidos, más allá de las empresas, como los adalides de las redes de protección social.

Para los partidos de izquierdas, socialistas y comunes, dar una respuesta a la pobreza deviene una cuestión crucial de cara a las elecciones del 14-F. La pobreza expulsa a la gente más vulnerable de la democracia, minando sus cimientos. Quienes más necesitados están de un giro en las prioridades del gobierno son precisamente aquellos que pueden sentirse tentados de desentenderse de las elecciones ante la ineficiencia de las administraciones o la insensibilidad de los discursos oficiales. Peor aún: por los surcos de la desesperanza, transformándola en ira, fluye el discurso venenoso de la extrema derecha. Sobre el terreno, los activistas tienen ya que desmentir el bulo de que la Renta es otorgada prioritariamente a los inmigrantes. El desvanecimiento de la amenaza secesionista puede propiciar una mayor abstención en el área metropolitana – y, paradójicamente, prolongar así el marasmo político. El cansancio y el agobio ante las dificutades de la vida cotidiana podrían pesar en el mismo sentido. Pero la rabia y la frustración que provoca la pobreza pueden asímismo conectar con los discursos del odio. La izquierda se juega el futuro entre los desheredados. Son miles, cientos de miles. ¿Por quién votarán los pobres?

El Primer DNI Republicano